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El reciente nombramiento de 17 jueces de inmigración que habían sido seleccionados por el gobierno de Trump, genera alarma entre defensores de los derechos de los inmigrantes quienes advierten que, si no cambian el liderazgo de la EOIR, la política de Biden no será efectiva.

Stephen Miller fue el artífice durante el gobierno de Donald Trump de medidas muy restrictivas contra la inmigración, legal e ilegal, y que fueron objeto de numerosas apelaciones ante los tribunales interpuestas por organizaciones liberales.

El considerado arquitecto de las políticas antiinmigrantes de la istración Trump aseguró por medio de su cuenta de Twitter que las iniciativas del presidente Biden promueven “una amnistía gigantesca” al paralizar “la instalación de barreras en la frontera”. Dichos mensajes publicados despertaron el malestar de activistas que lo catalogaron de racista y hasta señalaron de tener responsabilidad en los disturbios en el Capitolio, entre otras cosas. Más información aquí.

Empleados y agentes de las dependencias encargadas de ejecutar la ley de inmigración confían en que un cambio de gobierno permitirá restaurar el sistema migratorio y les permitirá "hacer lo correcto" de acuerdo a lo asignado por el Congreso.

El asesor principal de Donald Trump en temas de inmigración, Stephen Miller, dijo que entre los planes del mandatario se encuentran limitar aún más el asilo, las ciudades o jurisdicciones santuario, expandir las prohibiciones de viaje (BAN) y reducir los programas de visas de trabajo. El funcionario ha impulsado políticas como la de 'tolerancia cero', la cual llevó a la separación de miles de familias inmigrantes. Más información aquí.

Entre las medidas se incluye mantener la suspensión de nuevas tarjeras de residencia, castigar y prohibir las ciudades santuario, ampliar la prohibición de viaje a ciertos extranjeros y crear un sistema de méritos. Excluye a los 11 millones de indocumentados que viven en el país.

Miles Taylor, exjefe de personal del DHS, dijo en una entrevista con The Lincoln Project –grupo de estrategas republicanos que hace campaña en contra del presidente Donald Trump– que uno de los arquitectos de la política migratoria del gobierno ha guardado para un segundo término órdenes ejecutivas que resultarían "impactantes", algunas de ellas posiblemente en el terreno de inmigración.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes dicen que el gobierno incumple con la decisión del máximo tribunal de justicia respecto a DACA, que el anuncio del cambio al programa es la antesala de su cancelación y pone al borde de la deportación a más de 650,000 soñadores.

Diversos sectores critican la nueva medida migratoria anunciada por la Casa Blanca. Organizaciones y expertos dicen que la orden de suspender la entrada de trabajadores profesionales y no profesionales afectará a la economía de Estados Unidos.

"Era cuestión de tiempo, de sentido común y de justicia, pues la lucha de los dreamers ha sido una de las más arduas y significativamente históricas de que se tenga memoria en los tiempos que corren. Parecía imposible al principio, pero vale la pena ver hasta dónde han llegado".

Desde que el presidente llegó a la Casa Blanca activó una vieja Sección de la Ley de Inmigración que le otorga poderes para cambiar partes de la ley de inmigración sin la aprobación del Congreso. Si gana en noviembre, expertos temen que los cambios temporales hechos hasta ahora se conviertan en permanentes.

"La sola idea de que Miller esté pergeñando un texto sobre el tema que ha mantenido a las minorías raciales con una rodilla en el cuello desde prácticamente el nacimiento de este país debería alertar y alterar...".

Los secretarios de Seguridad Nacional y de Trabajo entregaron a la Casa Blanca una serie de recomendaciones solicitadas por el presidente que decidirán el futuro de los programas de visas de trabajo en EEUU.

"La istración Trump, funcionarios y asesores de la Casa Blanca han hecho lo indecible por convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios de su fracasada respuesta al virus...".

Para los asesores del presidente, la pandemia del covid-19 se ha convertido en la excusa perfecta para seguir desarrollando la política migratoria de 'tolerancia cero' sin la participación del Congreso.

El Southern Poverty Law Center (SPLC) advierte que el gobierno está utilizando la crisis de salud pública para cerrarle la puerta a la inmigración indocumentada y legal a Estados Unidos.