Trump busca prohibir indefinidamente la inmigración bajo el pretexto de la salud pública por el coronavirus
Tres semanas después de emitida Donald Trump presionan para extender las restricciones por meses o incluso años.
El diario The New York Times reportó la semana pasada, citando un informe del Southern Poverty Law Center (SPLC), que la pandemia del coronavirus se había convertido en la excusa perfecta para que el principal asesor político de la Casa Blanca, Stephen Miller, pusiera en marcha un plan que venía elaborando desde que Trump llegó a la Casa Blanca: cerrar las fronteras.
Indicó que el proyecto no había sido posible llevarlo a la práctica debido a múltiples inconvenientes. Uno de los principales era que no había como sustentarlo, precisó.
Miller, considerado como uno de los arquitectos de la política de 'tolerancia cero' del mandatario, pretendió en varias ocasiones en los últimos tres años utilizar una oscura parte de la ley de inmigración para proteger a la nación de enfermedades en el extranjero como una forma de estrechar las fronteras.
La pandemia de covid-19 fue la oportunidad que esperaba y no ha perdido el tiempo en desempolvar proyectos para ponerlos en práctica.
La orden de abril
La tercera semana Trump firmó una orden ejecutiva que cierras temporalmente por 60 días la inmigración a Estados Unidos, con varias excepciones. El decreto suspende la entrega de nuevas tarjetas de residencia y cierra la ventanilla de visas de trabajo, pero mantiene vigente aquellas utilizadas para laborar en el sector salud.
Pero los asesores del presidente barajan planes no solo para mantener vigente la orden, sino para ampliarla y afectar casi la totalidad de visas de no inmigrante y de inmigrante.
El jueves, un grupo de cuatro senadores republicanos encabezado por Tom Cotton (Arkansas), envió una carta a Trump pidiéndole que extienda y amplíe la orden ejecutiva de abril a todas las visas de trabajo hasta que la totalidad de trabajadores afectados por la pandemia recupere sus empleos cuando reabra el país.
El diario dijo que la pandemia le ha dado la oportunidad al gobierno “para revisar el sistema de inmigración en nombre de la salud pública y la protección laboral para los estadounidenses”.
En marzo de 2017, dos meses después que Trump llegara a la Casa Blanca, el senador Cotton copatrocinó un proyecto de ley de reforma migratoria que establecía un programa de legalización basado en méritos y dejaba fuera a los 11 millones de indocumentados que viven en el país.
Nuevo decreto
Entre las recomendaciones que planean los asesores del presidente se incluye un nuevo decreto que prohibiría la emisión de nuevas visas temporales basadas en trabajo, algo similar a lo sugerido por el grupo de senadores republicanos.
Las visas afectadas serían las H-1 para profesionales extranjeros (incluye a graduados de maestría en universidades estadounidenses) y H-2B, para trabajadores extranjeros estacionales (trabajadores de la industria hotelera y de servicios).
También se verían afectadas las visas de estudiante y la autorización de empleo que las acompaña.
En 2019 Miller utilizó su poder para que se invocaran los amplios poderes de salud pública del presidente luego de un brote de paperas se extendió por los centros de detención de inmigrantes en seis estados.
Un año antes, Miller buscó evidencia de enfermedades contagiosas entre los integrantes de las caravanas que huían de los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y México en busca de asilo en Estados Unidos.
Las discusiones siguen
Según The Wall Street Journal, hasta el momento no se ha decidido ni el lenguaje ni el alcance de la nueva orden ejecutiva.
Citando a un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el diario dijo que el ejecutivo estaba “tomando medidas sobre inmigración que ayuden a mejorar la salud pública, ayuden a mejorar la economía y ayuden a mejorar los empleos”.
Expertos han advertido que los cambios hechos por el gobierno, antes y durante la pandemia, equivalen a una reescritura significativa de las leyes de inmigración sin la participación del Congreso.
Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, su gobierno ha cambiado decenas de reglamentos migratorios a golpe de memorandos y órdenes ejecutivas que incluyen, entre otros, prohibiciones al asilo, limitaciones a la obtención de la residencia, aumento de requisitos para la obtención de visas, nueva regla de carga pública, separaciones forzadas de familias en la frontera, aumento de detenciones de indocumentados, ataques al Acuerdo Judicial Flores de 1997, restricciones al debido proceso, aceleración de deportaciones, limitaciones a la ley de protección de tráfico humano de 2008 (TVPRA) y recientemente la suspensión de la inmigración por 60 días.
Miles de afectados
Un informe del Instituto de Política de Migración (MPI) estima que la orden de Trump del mes de abril evitará que unos 26,000 inmigrantes se muden a los Estados Unidos al mes si permanece en su lugar, lo que representa un recorte general del 30% a la inmigración.
Los senadores republicanos que le enviaron la carta al presidente señalan que “muchas empresas no han tenido más remedio que despedir a sus empleados o cerrar sus puertas por completo y no está claro cuándo las empresas que sobrevivan a la pandemia podrán volver a contratar a sus empleados despedidos”.
Ante esta falta de oportunidades, los legisladores subrayan que cuando la economía comience a reabrir, los empleos disponibles deben “ser garantizados para los “trabajadores estadounidenses”.
Trump dijo en abril, respondiendo a una pregunta de Univision Noticias, que, al término de los 60 días, o antes, tomará la decisión de suspender la orden ejecutiva o prorrogarla. También mencionó en la víspera que una segunda orden ejecutiva de menor impacto ampliaría algunas restricciones contenidas en el decreto principal.
