El gobierno de Trump prepara una segunda orden ejecutiva que limitará aún más las visas de trabajo a extranjeros
El presidente Donald Trump revisa las recomendaciones entregadas la semana pasada por de su gabinete respecto al futuro inmediato de la orden ejecutiva fechada el 22 de abril, decreto que frenó por 60 días la entrada de la inmigración legal por la pandemia de coronavirus.
Los secretarios de Seguridad Nacional, Chad Wolf, y de Trabajo, Eugene Scalia, “proporcionaron sus recomendaciones la semana pasada”, confirmó a Univision Noticias una fuente de la Casa Blanca que dijo además que ambos funcionarios elaboraron los documentos “durante los últimos 30 días”.
El 18 de marzo el presidente decretó un estado de emergencia nacional por la pandemia del covid-19, medida que, en las últimas nueve semanas -debido al confinamiento social para evitar la propagación y contagio del covid-19- ha dejado a más de 35 millones de estadounidenses sin empleo.
La orden de Trump
Al firmar la orden ejecutiva el 22 de abril Trump aseguró que su prioridad era priorizar y proteger los trabajos para los estadounidenses afectados por la crisis.
El decreto afectó de inmediato a quienes están solicitando una visa de inmigrante por familia o empleo para recibir la residencia legal permanente, y otorgó un plazo de 30 días a los secretarios de Trabajo y Seguridad Nacional quienes, en consulta con el Secretario de Estado, deberán entregar recomendaciones “apropiadas para estimular la economía y garantizar la priorización, contratación y empleo de trabajadores estadounidenses”.
Un día antes de emitir la orden, Trump advirtió durante una rueda de prensa que habría una segunda orden ejecutiva de menor impacto que ampliaría el decreto principal.
La Casa Blanca este miércoles no dijo cuándo será emitida la nueva orden ni qué programas de visas se verán afectados.
En la mira
El pasado 12 de mayo el diario The New York Times reportó que era poco probable que el gobierno permita a los portadores de visas tipo H-1B (para profesionales extranjeros) y H-2B (para trabajadores no profesionales no agrícolas) que han perdido sus empleos por la pandemia, extender sus visados y se verán obligados a salir del país.
El diario dijo que los trabajadores que utilizan estas visas y que han perdido sus empleos desde que el país entró en cuarentena, por ley tienen 60 días de plazo para transferirlas a otro empleador.
“Pero no hay garantía de que los vayan a contratar en ese tiempo”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona. “Si el trabajador se queda sin empleo, la visa ya no vale. Y si no se coloca en otra empresa que pida el traspaso de la visa, se tiene que ir del país”, agregó.
La mano de Miller
A principios de mayo Univision Noticias reportó que la pandemia fue la excusa perfecta para que el principal asesor político de la Casa Blanca, Stephen Miller, pusiera en marcha un plan que venía elaborando desde que Trump llegó a la Casa Blanca: cerrar las fronteras.
No había sido posible poner ese proyecto en práctica debido a múltiples inconvenientes, uno de los principales era que no había como sustentarlo. Miller, considerado como uno de los arquitectos de la política de 'tolerancia cero' del mandatario, pretendió en varias ocasiones en los últimos tres años utilizar una oscura parte de la ley de inmigración para proteger a la nación de enfermedades en el extranjero como una forma de estrechar las fronteras.
La lista de enfermedades que convierten en inisible a un extranjero en Estados Unidos incluye la gonorrea, lepra, sífilis y tuberculosis. Pero ninguna de las cuatro ha sido considerada en la actualidad como un problema de salud pública al nivel del coronavirus, por lo que el plan de Miller permanecía engavetado.
Fue la pandemia la que ha permitido a asesor desempolvar una serie de borradores y reutilizarlos en órdenes ejecutivas y discusiones de políticas que han tenido lugar repetidamente desde que Trump asumió el cargo y que han ganado nueva legitimidad, dijo el diario.
Correos comprometedores
Un reciente informe publicado por el Southern Poverty Law Center (SPLC) titulado ‘La orden de inmigración de Trump fue redactada por funcionarios con vínculos con grupos de odio’, detalla un largo trabajo en las sombras dirigido a detener la inmigración indocumentada y estrechar los caminos de la inmigración legal al país.
El reporte, basado en un estudio publicado en noviembre del año pasado sobre la base de más de 900 correos electrónicos enviados por Miller a entidades que el SPLC identifica como ‘grupos de odio’, revela que en el decreto migratorio que el presidente firmó para limitar temporalmente la inmigración a Estados Unidos, también participó Robert Law, actual director de la Oficina de Política y Estrategia para la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
“Ambos desempeñaron un papel importante en la redacción de la orden (...) Y tanto Miller como Law tienen vínculos de larga data con grupos de odio antiinmigrantes” detallados en el informe de noviembre, agrega el reporte.
Entre 2013 y 2017 Law ocupó el puesto de director de cabildeo y director de relaciones gubernamentales de la Federation for American Immigration Reform (FAIR), un grupo que la SPLC tilda de odio y antiinmigrante.
El sitio POLITICO dijo este miércoles que Trump firmaría la segunda orden anunciada en abril esta semana. Pero que antes de hacerlo debe tomar en cuenta no solo las exigencias de su base electoral, que clama por el cierre de fronteras, sino también las necesidades del sector empresarial (sobre todo agrícola) que depende de la mano de obra extranjera para garantizar las líneas de abastecimiento.
