La sección 212 (f): la vieja regla con la que Trump busca hacer permanentes sus cambios al sistema migratorio
La política migratoria de 'tolerancia cero' de Donald Trump cambió el escenario construido desde el gobierno de Ronald Reagan, quien en 1986 promulgó la Immigration Reform and Control Act, una amnistía que permitió la regularización de al menos 3 millones de indocumentados que vivían en el país.
El plan, que contó con amplio respaldo bipartidista en ambas cámaras del Congreso, era poner fin a la inmigración indocumentada, pero en los siguientes 25 años el número de extranjeros no autorizados pasó de 1.9 millones que quedaron después de la amnistía a 12 millones al término del gobierno de Barack Obama, que deportó a más de 2.5 millones de personas sin papeles en sus dos mandatos (2009-2017).
Menos de una semana después de llegar a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, Trump se estrenó en el cargo con la promulgación de dos órdenes ejecutivas migratorias, una sobre las denominadas jurisdicciones o construcción del muro en la frontera con México.
Contrario a lo que muchos pensaron en un comienzo, los decretos no solo respondieron a sus promesas de campaña, sino al despertar y uso de la Sección 212 (f), una oscura y dormida parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para cambiar normas y modificar radicalmente la interpretación de reglamentos redactados por el Congreso con un propósito, que según algunos expertos en leyes, es distinto al que ahora existe.
Justo en la noche de este miércoles, los secretarios de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS) anunciaron una limitar programas de visas H-1B y L-1 para trabajadores profesionales extranjeros.
Pieza clave
Los cambios hechos por Trump a la INA en lo que va de su gobierno se apoyan en tal sección, que faculta al presidente a suspender la entrada de extranjeros.
Otorga al mandatario poderes dependiendo de la situación que viva el país. “Siempre que el presidente considere que la entrada de cualquier extranjero o de cualquier clase de extranjeros a Estados Unidos sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos, puede hacerlo mediante proclamación y durante el período que considere necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros o cualquier clase de extranjeros como inmigrantes o no inmigrantes, o imponer a la entrada de extranjeros cualquier restricción que considere apropiada”, señala el texto.
Y lo mismo para el fiscal general. Cada vez que este funcionario “descubra que una aerolínea comercial no ha cumplido con las regulaciones en relación con los requisitos de las aerolíneas para la detección de documentos fraudulentos utilizados por los pasajeros que viajan a Estados Unidos (incluida la capacitación del personal en dicha detección), puede suspender la entrada de algunos o todos los extranjeros transportados a Estados Unidos por dicha aerolínea”, añade. Y le concede amplios poderes para hacer excepciones, por ejemplo, con los cónyuges o hijos solteros o adoptados legalmente de un ciudadano o de un extranjero itido legalmente para residencia permanente, o de un extranjero que ha recibido una visa de inmigrante”.
Llenando un vacío con decretos
La cantidad de órdenes ejecutivas y proclamas no se han detenido desde los primeros días de la presidencia de Trump. A los decretos sobre el muro y las ciudades santuario se suma una larga lista de medidas, entre ellas la prohibición de entrada a ciudadanos de países musulmanes, suspensión de asilo en la frontera, reapertura de miles de casos de deportación cerrados istrativamente, negación de fianzas, fin de la política del catch and release, aceleración de juicios y deportaciones, Programa de protección del Migrante (MPP) y suspensión temporal de inmigrantes legales por la pandemia del coronavirus.
Todas ellas han modificado una o más partes de reglamentos aprobados por el Congreso y no han contado con el apoyo del legislativo.
Trump ha asegurado que la inmigración ha convertido a Estados Unidos en un caos y reclama acciones inmediatas para restablecer el orden. Debemos “adoptar un sistema de inmigración que sirva al interés nacional”, se lee en uno de los decretos publicados en la página web del gobierno. “Para restablecer el estado de derecho y asegurar nuestra frontera, el presidente se compromete a construir un muro fronterizo y garantizar la pronta eliminación de los entrantes (inmigrantes que ingresan al país) ilegales (indocumentados)”, añade.
Las justificaciones indican que “para proteger a los trabajadores estadounidenses, apoya la finalización de la migración en cadena (reunificación familiar), la eliminación de la lotería de visas y el cambio a un sistema de inmigración para los inmigrantes que llegan basado en el mérito… Estas reformas impulsarán la seguridad y la prosperidad de todos los estadounidenses mientras ayudan a los nuevos ciudadanos a asimilarse y prosperar”.
En ninguna parte de los documentos el presidente menciona al Congreso para cambiar la Ley vigente promulgada por Lyndon B. Johnson en 1965 y que entró en vigor en 1968. Existe una tendencia de seguir haciéndolo a golpe de acciones ejecutivas, proclamas y memos desde el escritorio de la Oficina Oval utilizando para el efecto la Sección 212 (f) de la INA.
Análisis del Congreso
A principios de mayo el Servicio de Investigación del Congreso publicó un análisis sobre el uso por parte del presidente de la Sección 212 (f) para excluir la entrada de extranjeros. Revela que en los meses recientes Trump ha emitido varias proclamas que prevén “la prohibición de exclusión de amplias categorías de extranjeros de Estados Unidos” y que un grupo de ellas “imponen restricciones de entrada en respuesta a la pandemia de covid-19”.
Entre enero y marzo, antes de la declaratoria de emergencia de salud pública, el gobierno suspendió la entrada de extranjeros que, dentro de los 14 días anteriores, estuvieron en China continental, Irán, Irlanda o el Reino Unido, medidas que no se aplicaron a los residentes legales permanentes (LPR), la mayoría de los parientes inmediatos de ciudadanos y residentes y algunos grupos como asilados y refugiados.
El 23 de abril, añade, el gobierno ordenó la suspensión de la entrada de muchos extranjeros con visas de inmigrante durante 60 días con el objetivo de proteger a los trabajadores estadounidenses de la competencia laboral durante la recuperación económica, además de reducir la tensión en el sistema de salud nacional debido a la pandemia.
El informe precisa que todas las medidas migratorias implementadas por el gobierno “se basan principalmente en la Sección 212 (f) de la INA, una disposición, anota, que “autoriza al presidente a suspender el ingreso de todos los extranjeros o cualquier clase de extranjeros cuya entrada, determina… sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos".
Sin embargo, el reporte advierte que, en anteriores gobiernos, los presidentes utilizaron esta Sección para imponer restricciones de entrada solo durante un conflicto bélico tal como la Primera o la Segunda Guerra Mundial o una emergencia nacional, como ha señalado la Corte Suprema.
“Desde 1952, su lenguaje sobre la autoridad de exclusión presidencial se ha mantenido sin cambios”, anota el informe. Y dice que bajo Trump la invocación de la Sección 212 (f) se volvió frecuente.
Pero indica que en el fallo del caso Trump v. Hawaii, sobre la restricción de viaje a países musulmanes, la Corte Suprema rechazó las demandas legales por una votación 5-4, el máximo tribunal de justicia falló que el mandatario “no se excedió de la autoridad bajo la Sección 212 (f)”, otorgándole una importante victoria para seguir adelante con la implementación de su política.
“Le otorga un poder extremadamente amplio para imponer restricciones de entrada” a extranjeros, puntualiza.
¿Temporales o permanentes?
La vigencia de los cambios ordenados por Trump depende de su estrategia de reelección y compromisos de campaña, dice Receba Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y que durante más de 15 años ejerció como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia.
“Estamos llegando al final de sus primeros cuatro años de mandato y, a la fuerza mediante órdenes ejecutivas, ha progresado en muchas de las promesas que hizo a quienes lo apoyan”, indica.
Sánchez-Roig cita, entre los cambios llevados a cabo por el gobierno desde 2017, la construcción de nuevos centros de detención de inmigrantes, separaciones forzadas de familias en la frontera para limitar el asilo, detuvo la entrega de visas de no inmigrante y de inmigrante “y quiere deportar a los dreamers” si la Corte Suprema determina cancelar la Acción Diferida de 2012 (DACA).
“Si fuera reelecto, probablemente nominaría a un tercer juez en la Corte Suprema obteniendo una mayoría conservadora de 6-3, que se sumaría a los casi 200 jueces federales que ha colocado hasta ahora (una cuarta parte del sistema), un hecho que por sí solo generaría un cambio en la ley que podría durar unos 40 años”, advierte.
A la pregunta respecto a si las órdenes ejecutivas hasta ahora publicadas serán levantadas en algún momento, Sánchez-Roig dijo que lo más probable es que si el presidente es reelecto, “todos aquellos cambios que él ha especificado como temporales se harán permanentes”. Y con una Corte Suprema “más decididamente conservadora, esperaría más limitaciones constitucionales”.
“Hemos perdido tanto”
Para la abogada de inmigración Bárbara Hines, profesora retirada de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas, la Sección 212 (f) de la INA se ha convertido en “una excusa para no cumplir con la Ley de Inmigración declarando que las órdenes ejecutivas y proclamas se tratan de medidas de urgencia y temporales”, cuando en el fondo fueron firmadas para que se conviertan en permanentes.
“El futuro de la inmigración estará en peligro si gana Trump”, dice Hines. “Los cambios temporales son un eufemismo. Ningún cambio o decreto de Trump ha sido temporal. Por ejemplo, el Travel Ban que supuestamente iba a ser por 90 días, o el cierre de la frontera con México, Todo han sido excusas”, agrega.
Tras una pausa, Hines comenta “hemos perdido tanto… Para mi ha sido la destrucción de nuestro sistema de inmigración y la protección humanitaria. Es muy difícil citar a una sola política, todas son terribles, la prohibición de entrada de ciudadanos de países de mayoría musulmana, el MPP, los cambios del concepto de carga pública, el número de detenidos en las cárceles de ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas)”.
Las preocupaciones en torno a los cambios a la ley decretaros por Trump y el nombramiento de jueces no solo inquietan a la comunidad inmigrante hispana. La revista Forbes dijo esta semana que, desde que Trump se convirtió en presidente, ha utilizado la Sección 212 (f) más que cualquier otro mandatario “y de una manera que los críticos consideran peligrosa”.
Detrás del telón
Según observadores, la pandemia del covid-19 fue la excusa perfecta para que el principal asesor político de la Casa Blanca, Stephen Miller, pusiera en marcha un plan que venía elaborando desde que Trump llegó a la Casa Blanca: cerrar las fronteras.
No había sido posible poner ese proyecto en práctica debido a múltiples inconvenientes, uno de los principales era que no había como sustentarlo, reportó Univision Noticias a principios de mayo. Miller, considerado como uno de los arquitectos de la política de 'tolerancia cero', buscó en varias ocasiones en los últimos tres años utilizar la Sección 212 (f) para proteger a la nación de enfermedades en el extranjero como una forma de controlar las fronteras.
Las ideas sobre la invocación de la salud pública y otros poderes de emergencia habían estado en una "lista de deseos" de unas 50 ideas para reducir la inmigración que Miller creó en los primeros seis meses del gobierno, dijo en mayo el diario The New York Times. Miller estructuró sus propuestas no solo analizando las leyes de inmigración existentes, sino todo el código federal para buscar disposiciones que le permitieran al presidente detener el flujo de migrantes hacia Estados Unidos basado en la salud pública.
A finales de abril, un informe del Southern Poverty Law Center (SPLC) titulado "La orden de inmigración de Trump fue redactada por funcionarios con vínculos con grupos de odio", señala que la pandemia del coronavirus se convirtió en el pretexto para que el gobierno avanzara en la imposición de una dura política migratoria basada en el principio de la ‘tolerancia cero’.
Dijo que su elaboración ha estado a cargo por funcionarios con vínculos con grupos de odio’, entre ellos Miller, y que ha habido un largo trabajo en las sombras dirigido a detener la inmigración indocumentada y estrechar los caminos legales de la inmigración documentada al país.
El informe, basado en un estudio publicado en noviembre del año pasado sobre la base de más de 900 correos electrónicos enviados por Miller a entidades que el SPLC identifica como 'grupos de odio', revela que en el decreto migratorio que el presidente firmó en abril para limitar la migración a Estados Unidos, también participó Robert Law, actual director de la Oficina de Política y Estrategia para la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
“Ambos desempeñaron un papel importante en la redacción de la orden (...) Y tanto Miller como Law tienen vínculos de larga data con grupos de odio antiinmigrantes” detallados en el informe de noviembre, indicó.
