Miller revela detalles de la agresiva agenda migratoria de Trump para un segundo mandato
Un día después de que un exjefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revelara que Stephen Miller tenía “un cajón lleno de órdenes” migratorias para activarlas en un segundo mandato de Donald Trump, el principal asesor político del presidente confirmó la existencia de tales documentos.
Durante una entrevista telefónica con la cadena NBC, Miller explicó que entre los planes del mandatario se encuentran limitar aún más el asilo, las ciudades o jurisdicciones santuario, expandir las prohibiciones de viaje (BAN) y reducir los programas de visas de trabajo.
El miércoles, Miles Taylor, exjefe de personal del DHS, dijo en una entrevista con The Lincoln Project (un grupo de estrategas republicanos que hace campaña en contra del mandatario) que uno de los arquitectos de la política migratoria ha guardado para un segundo término órdenes ejecutivas que resultarían "impactantes", algunas de ellas posiblemente en el terreno de la inmigración.
Pero para ponerlas en vigor, Trump deberá primero ganarle la contienda a su adversario, el demócrata y exvicepresidente, Joe Biden, quien se encuentra arriba en las encuestas a solo cuatro días de los comicios.
Sistema de méritos
Durante la entrevista, Miller reiteró el compromiso de construir un sistema migratorio basado en méritos, un plan que el propio Trump viene defendiendo desde marzo del 2017, cuando los senadores republicanos David Perdue (Georgia) y Tom Cotton (Arkansas) presentaron al Congreso la iniciativa S.534, un plan de reforma migratoria basado justamente en méritos y con un fuerte componente de seguridad fronteriza.
El objetivo, dijo el cuestionado asesor, es "elevar y mejorar el estándar de entrada" de los extranjeros que vienen a Estados Unidos.
De acuerdo con el funcionario, algunos de los planes de Trump requerirían legislación, una avenida que en los últimos cuatro años no ha sido utilizada por el gobierno. Al hacer uso de su capacidad ejecutiva, el mandatario, a golpe de memorandos y decretos, ha modificado reglamentos amparados bajo las leyes de inmigración y ha construido la base de una severa reforma migratoria que excluye a la totalidad de los 11 millones de inmigrantes indocumentados.
Esta segunda vía también fue mencionada por el asesor.
De qué se trata
Miller mencionó que en un segundo mandato el gobierno seguirá “solucionando” y “restaurando” el sistema migratorio heredado en 2017, y que “el Congreso ha delegado mucha autoridad” para hacerlo.
Dentro de las prioridades, a partir del 2021, Miller planteó:
- Prolongar la suspensión de nuevas tarjeras de residencia (green card), decretado por Trump en junio por la pandemia del covid-19.
- La única prioridad es proteger la seguridad y los salarios de los estadounidenses.
- Expandir las restricciones al asilo.
- Ampliar los acuerdos de tercer país seguro.
- Castigar y prohibir las ciudades santuario (Miller aseguró que habrá dos nuevas iniciativas, una de ellas pedirle al Congreso que apruebe una ley que prohíba las jurisdicciones santuario).
- Ampliar la prohibición de viaje a ciertos ciudadanos extranjeros (incluye endurecer los requisitos para el otorgamiento de visas).
- Crear un sistema de méritos: “Va a requerir todo un esfuerzo del gobierno”, dijo Miller. “Va a requerir la construcción de un mecanismo de selección muy elaborado y complejo".
- Reducir los programas de visas de trabajo.
Dentro de los planes de Miller no aparecen beneficios para ninguno de los 11 millones de indocumentados que viven en el país.
Qué dice la campaña de Biden
La campaña de Biden reiteró que, de ganar la elección, en los primeros 100 días de gobierno entregará al Congreso una iniciativa de reforma migratoria que incluye una vía a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados.
Simultáneamente, protegerá de la deportación a los dreamers amparados por la Acción Ejecutiva de 2012 (DACA), que fue cancelada por Trump en septiembre de 2017.
Biden también se comprometió el jueves a que en su primer día como presidente creará un grupo de trabajo para ubicar a los padres de los más de 540 niños inmigrantes que fueron separados por la fuerza en la frontera entre Estados Unidos y México y cuya ubicación es desconocida para las autoridades.
Las familias forman parte de un grupo de miles que se vieron afectadas por un plan que el gobierno de Trump desarrolló en secreto durante meses en la frontera a partir de 2017, levantando cargos criminales a solicitantes asilo para poder separarlos de sus hijos.
Un informe publicado el jueves por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, reveló que los departamentos y agencias que participaron en el proceso de separaciones no tenían un protocolo para las reunificaciones posteriores, dando como resultado la pérdida de un número indeterminado de menores y de padres deportados solos a sus países de origen.
