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La imagen de Juan Guaidó escoltado por un grupo de militares la madrugada de este martes 30 de abril llamando a la Fuerza Armada a sublevarse contra Nicolás Maduro ya era bastante elocuente. Sin embargo, fue la presencia de un actor inesperado lo que terminó de confirmar que algo serio estaba ocurriendo en Venezuela.

Las instituciones controladas por Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Constituyente, dieron luz verde al allanamiento a la inmunidad del líder del Parlamento y su posterior enjuiciamiento. Pero la Asamblea Nacional, único poder escogido por el voto popular, desconoce su autoridad.

Con motivo de la presencia en el país de una comisión de la ONU, el régimen de Nicolás Maduro lanzó en los últimos días una operación de “maquillaje” de hospitales y cárceles. Dirigentes sociales y políticos denuncian que el oficialismo recrea un mundo de fantasía para burlar a la delegación internacional impidiendo que tenga o directo con la realidad.

La oferta de los acueductos apenas cubre 60% de la demanda y las máquinas del sistema consumen 10% de la energía que genera el país, hoy sumido en la oscuridad del colapso eléctrico. En medio de la desesperación las personas buscan agua en manantiales, tubos rotos y hasta alcantarillas, una situación que agrava el aumento de enfermedades por consumir el líquido no potable.

En medio de los cortes eléctricos, comprar cualquier cosa es casi imposible en Venezuela. Los pocos comercios abiertos no tienen conexión con los bancos y solo aceptan pagos en efectivo, algunos en dólares.

Venezuela vive desde el jueves el peor apagón de su historia. Los fallos en el servicio eléctrico son parte de la cotidianidad del país desde 2010, por falta de mantenimiento e inversión en la generación y distribución de energía. Y después se agravaron con la corrupción: Chávez decretó la "emergencia eléctrica", repartió contratos millonarios sin licitación que enriquecieron a altos funcionarios de su gobierno y las obras nunca se construyeron.

Incomunicados y torturados, cifras extraoficiales señalan que más de 180 de la Fuerza Armada fueron aprehendidos y enfrentan cargos por traición a la patria, falta al decoro militar, motín e instigación a la rebelión, entre otros delitos.

Mientras Nicolás Maduro sigue contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas, el jefe del Parlamento juramentado presidente interino de Venezuela apela a la razón y el corazón para ganarse el apoyo de los militares y sus familias: “Esta es una acción civil no violenta sin precedentes (...) Estamos estrechando manos”.

Tras una jornada de manifestaciones opositoras masivas, Juan Guaidó se juramentó como nuevo presidente interino y recibió el apoyo de gran parte de la comunidad internacional. ¿Y ahora qué?

Con la oposición más cohesionada y revitalizada en torno a la figura del presidente del parlamento, Juan Guaidó, los detractores del gobierno prevén salir a las calles este miércoles 23 de enero, con motivo de los 61 años del alzamiento que acabó con la dictadura de Pérez Jiménez y que marcó el regreso de la democracia al país.

La breve retención del presidente de la Asamblea Nacional volvió a poner los focos sobre el servicio de inteligencia chavista. Es el último episodio de una serie de actuaciones que dejan en evidencia fallas y desviaciones en el seno del Sebin, un órgano temido por la disidencia y símbolo de la persecución política en Venezuela.

La juramentación de Nicolás Maduro, calificado como ilegítimo por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), ha abierto una etapa de mayor conflictividad en el país. Este viernes 11 de enero, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, lo catalogó como “usurpador” y dijo tener la legitimidad para “ejercer la encargaduría (sic) de la Presidencia de la República”, tal como lo establece la Constitución venezolana en caso de falta absoluta del Jefe de Estado.

La fecha se ha convertido en una especie de raya amarilla que para decenas de países marca el fin de la legitimidad de Nicolás Maduro. Pese a la presión externa e interna, el mandatario asumirá su segundo periodo de gobierno, aunque no será juramentado ante la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución.

Diarios y programas de radio que cierran por la crisis o por órdenes judiciales, periodistas a los que se le niega salir del país y presiones contra denuncias independientes sobre tortura y asesinato de presos políticos marcan el asedio a la prensa.

El gobierno de Nicolás Maduro insiste en que se trató de un suicidio mientras estaba recluido en una cárcel de un organismo de inteligencia. El partido al que pertenecía Fernando Albán asegura que fue torturado y finalmente asesinado.

La ONU calcula que hasta junio pasado unos 2.3 millones de venezolanos abandonaron el país huyendo de la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, el colapso de los servicios públicos y la violencia criminal. Además de las repercusiones políticas y diplomáticas en la región, el desplazamiento forzado está sacudiendo el alma de una sociedad fracturada.