Arrestar diputados uno a uno: la estrategia del chavismo para desmontar el Parlamento (y a Juan Guaidó)

CARACAS, Venezuela.- Nicolás Maduro ha emprendido esta semana el asalto definitivo contra el único bastión de poder de Juan Guaidó: la Asamblea Nacional. El régimen chavista encarceló al primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, y levantó la inmunidad a otros nueve diputados en el marco de una escalada represiva contra el Poder Legislativo y su líder, Juan Guaidó, juramentado presidente interino de la República el pasado 23 de enero.

Utilizando los cañones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ambos controlados por el oficialismo, Maduro ataca a los legisladores por haber apoyado el frustrado alzamiento cívico-militar encabezado por Guaidó el martes 30 de abril. “Fueron vistos en flagrancia tratando de romper el hilo constitucional, a nosotros lo que nos queda es levantar la mano y quitarles la inmunidad parlamentaria a estos traidores a la patria”, sentenció el jefe de la Constituyente, Diosdado Cabello, este martes 7 de mayo

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Al margen del intento fallido de sublevación, la oposición denuncia que se ejecuta un “golpe continuado” para disolver la Cámara. El régimen chavista le arrebató todas las competencias y atribuciones constitucionales al Parlamento, que se instaló el 5 de enero de 2016 y fue declarado en desacato por el TSJ apenas seis meses después. Sin embargo, el Legislativo sigue funcionando y es reconocido como la única institución legítima y democrática del país por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y la mayoría de los gobiernos de América Latina.

La fuerza política interna y el respaldo internacional que sustentan la proclamación como mandatario interino de Guaidó emanan precisamente de la Cámara, que acusa a Maduro de “usurpar” la Presidencia de la República tras atribuirse el triunfo en las cuestionadas elecciones del 20 de mayo de 2018, consideradas “fraudulentas” por Washington, las principales potencias occidentales y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El oficialismo pasó de intentar derribar de un solo golpe al Parlamento a tratar de desmontarlo ladrillo a ladrillo. De los 112 diputados opositores (2/3 de la plenaria), al menos 30 enfrentan persecuciones judiciales por distintas causas. Al propio Guaidó la Constituyente le levantó la inmunidad parlamentaria a principios de abril, dejando abierta la posibilidad encarcelarlo en cualquier momento. “Van a tener que pagar todos los males que le han hecho a nuestro pueblo”, advirtió Cabello.

En la lista de legisladores señalados por los hechos del 30 de abril destaca Sergio Vergara, jefe de fracción de Voluntad Popular y mano derecha de Guaidó. Vergara venía ocupando el espacio de Roberto Marrero, exsecretario del Parlamento y jefe de Despacho del Presidente interino, apresado la madrugada del 21 de marzo por “terrorismo”, según la versión del ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol. El arresto de Marrero y el hostigamiento contra Vergara dejan a Guaidó sin sus más estrechos colaboradores.

La Constitución venezolana establece en su artículo 200 que solo el Parlamento puede allanar la inmunidad de los diputados de la República. Pasando por encima de la Carta Magna, la Constituyente –ente conformado por 545 militantes chavistas catalogado “ilegítimo” y “fraudulento” por EEUU, la UE y la OEA- se arrogó esta atribución y se ha lanzado a una cacería contra sus adversarios políticos.

Tres legisladores ya están tras las rejas: Zambrano, Juan Requesens, vinculado por el régimen con el supuesto atentado sufrido por Maduro en agosto de 2018, y Gilber Caro, detenido el 26 de abril. Las autoridades chavistas no han informado ni el motivo de la captura ni el lugar donde se encuentra recluido Caro, quien ya estuvo preso entre enero de 2017 y junio de 2018 imputado por traición a la patria.

A Henry Ramos Allup, quien presidió el Parlamento en 2016, también le acaban de remover su inmunidad por los sucesos del 30 de abril, mientras que su sucesor, Julio Borges, se marchó al exilio a principios de 2018 y hoy reside en Bogotá, luego de que Maduro lo amenazara públicamente con privarlo de su libertad. “Vende patria Julio Borges, aquí te espera una cárcel”, exclamó el líder chavista.

Al igual que Borges, otros nueve diputados salieron del país y tres se refugian en sedes diplomáticas en Caracas, incluido el ex primer
vicepresidente de la Cámara, Freddy Guevara, en la residencia del embajador de Chile desde noviembre de 2017. Maduro identificó a Guevara como uno de los promotores de las protestas de ese año, aplastadas a sangre y fuego por los cuerpos represivos y que arrojaron un saldo de más de 120 muertos.

Con la excusa del frustrado levantamiento del 30 de abril, la Constituyente también desaforó al diputado Américo De Grazia, quien ha asumido la denuncia de las masacres de indígenas, la presencia de grupos irregulares como la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la corrupción en el negocio de la extracción de oro en el llamado Arco Minero, ubicado al sur de Venezuela.