El gobierno de Maduro se contradice sobre la muerte del concejal preso y hay indicios de tortura y asesinato

CARACAS, Venezuela.- Las contradicciones de las autoridades venezolanas y la ausencia de una investigación independiente ponen en entredicho la versión oficial sobre la muerte del concejal opositor Fernando Albán, quien falleció el lunes 8 de octubre en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, donde permaneció recluido por 72 horas tras ser acusado de participar en el presunto magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto.

El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Luis Reverol, informó el lunes que Albán supuestamente se quitó la vida. “En el momento que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones (desde un décimo piso) cayendo al vacío, ocasionándole la muerte”, describió Reverol a través de su cuenta en Twitter.

Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Constituyente chavista, también habló el lunes en la estatal Venezolana de Televisión e insistió en que se suicidó. Pero su relato no coincidió totalmente con el difundido por el ministro. “La versión preliminar que nuestros funcionarios han recogido en el lugar de los hechos, apenas conocimos la noticia, es que el ciudadano solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío de un piso 10”, aseguró Saab.

Entonces, ¿dónde ocurrió el hecho? ¿En la sala de espera o en el baño del Sebin? Saab trató de aclararlo este miércoles en rueda de prensa: “Al momento del almuerzo, Albán se levantó abruptamente de la mesa diciendo que quería ir al baño, eso nosotros lo explicamos, él aprovecha esa circunstancia diciendo que quería ir al baño, y corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso 10 de la sede del Sebin en Plaza Venezuela, y se lanza al vacío. Aquí nunca se ha dicho que se lanzó desde el baño”.

Mientras el gobierno procuraba despejar las aparentes contradicciones e imponer su versión del deceso, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunciaba la existencia de “amenazas contra periodistas que han informado sobre la verdad detrás de la muerte del concejal Fernando Albán. Nos han informado sobre las intenciones de detener a quienes han publicado datos del suceso”. De acuerdo con esas versiones de periodistas, Albán habría sido torturado y asesinado por la policía política de Maduro.

Oscuridad total

La opacidad ha cubierto el caso de Albán desde su captura. El dirigente de Primero Justicia (PJ) fue detenido la tarde del viernes 5 de octubre en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando retornaba al país desde Nueva York, donde acompañó al expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en una visita a Naciones Unidas. Maduro afirma que Borges, quien está en el exilio desde febrero pasado, planificó el supuesto magnicidio frustrado en su contra.

Al enterarse de su detención, PJ publicó un comunicado mediante el cual rechazó “la desaparición forzada” del concejal y alertó “al país y a la comunidad internacional sobre los posibles tratos crueles e inhumanos, así como la presión psicológica a las que pueda ser sometido Fernando Albán con la intención de forjar pruebas falsas en contra de nuestra organización”. Hasta ese momento, solo había trascendido que el edil caraqueño estaba siendo relacionado con la investigación sobre el presunto magnicidio, por la cual está preso el diputado Juan Requesens y otras 30 personas.

Contraviniendo la legislación venezolana, Albán no fue presentado ante los tribunales dentro del plazo de 48 horas luego de su arresto. Jamás se precisó cuál habría sido su participación en el presunto complot. Después de anunciar su muerte, Reverol confirmó que el difunto “se encontraba detenido en el Sebin desde el 5 octubre por la investigación del magnicidio frustrado”, y aseveró que estuvo “involucrado en actos desestabilizadores dirigidos desde el exterior de los cuales existen suficientes pruebas”. No obstante, la opinión pública desconoce esas evidencias.

Ex presos políticos han negado la veracidad de la declaración oficial. “Yo pasé por las celdas de la Policía Nacional Bolivariana, Sebin y Dirección General de Contrainteligencia Militar antes de ser enviado a la cárcel de Ramo Verde y jamás me dejaron ir al baño sin la custodia de por lo menos dos funcionarios armados, y jamás a un baño con ventanas. Lo mataron de una brutal tortura y lo tiraron para borrar el homicidio”, espetó a través de Twitter el profesor Sergio Contreras, activista del partido Voluntad Popular.

“Es imposible que el concejal Fernando Albán se quite la vida en la torre del Sebin. Fue asesinado y torturado. Desde que fui liberado lo advertí. La tortura es política de Estado para Nicolás Maduro”, agregó el diputado exiliado Rosmit Mantilla, quien ratificó que para los detenidos “es imposible ir al baño sin medidas extremas y humillantes de seguridad”.

Mantilla recordó el caso de Rodolfo González, militante opositor de 63 años conocido como “El Aviador” quien en marzo de 2015 se suicidó en los calabozos del Sebin, donde estaba recluido por su presunta participación en las protestas antigubernamentales de 2014. “Fue torturado durante días hasta que se colgó. La tortura es la compañera de celda de los presos políticos en el Sebin”, enfatizó el legislador.

La ausencia de respuestas multiplica las interrogantes sobre el hecho. ¿Cómo pudo Albán burlar a sus custodios para arrojarse desde un décimo piso? ¿No existen videos que registren el “suicidio” en un edificio que debe estar lleno de cámaras se seguridad? Si las celdas están en los sótanos, ¿qué hacía Albán en la planta 10? ¿Por qué no extremaron las medidas de control sobre este supuesto magnicida? Al momento de redactar esta nota, Maduro aún no había fijado posición al respecto.

Ayuda internacional

Borges señaló que su “amigo personal” fue asesinado por los agentes del Sebin. El Poder Legislativo de mayoría opositora descartó la versión del suicidio y responsabilizó al gobierno de Maduro por el “homicidio” de Albán, al tiempo que le exigió que permita el ingreso al país de expertos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que lleven a cabo una investigación independiente.

La fiscal general destituida, Luisa Ortega Díaz, dijo que el concejal “se les murió ahogado porque lo estaban torturando con una bolsa”. La funcionaria removida por la Constituyente resaltó que “la muerte de Albán, mientras se encontraba ilegalmente detenido en el Sebin, es una muestra más del talante criminal del régimen madurista”.

Unas 65 organizaciones de la sociedad civil venezolana subrayaron en un comunicado que “la sede del Sebin ubicada en Plaza Venezuela, Caracas, ha sido denunciada como centro de torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes contra las personas privadas de libertad por razones políticas”. Igualmente, acotaron que “según estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, el Estado es responsable de la vida e integridad de las personas que se mantengan bajo su custodia”.

La versión del suicidio no exculpa al gobierno chavista. Al contrario, el artículo 43 de la Constitución venezolana establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”. Amnistía Internacional advirtió que “las autoridades venezolanas declararon que Albán se había suicidado sin haber llevado a cabo investigación alguna sobre las circunstancias de su muerte. Su fallecimiento corre peligro de no aclararse si no se lleva a cabo de inmediato una investigación pronta, exhaustiva e independiente”.