La política fronteriza de Trump amenaza con llenar cárceles y colapsar las cortes de inmigración
La situación en la frontera se agravó en los últimos meses. Mientras el presidente Donald Trump trata frenar la llegada de inmigrantes que huyen de la violencia en sus países de origen y cumplir una de sus principales promesas de campaña, como lo es detener la inmigración de extranjeros indocumentados, miles de hombres, mujeres y niños siguen viniendo, pero cada vez les es más difícil que los escuchen y les otorguen el asilo que pondrá a salvo sus vidas.
La política de ‘tolerancia cero’ oficializada por el fiscal general Jeff Sessions en un memorando fechado el 6 de abril, no solo apunta a la detención y formulación de cargos criminales a quienes sean detenidos por ingresar ilegalmente al país, sino también complica la entrada por las garitas fronterizas y aumenta el escrutinio a los que se entregan porque vinieron sin visa.
Tampoco marca diferencia entre un recién nacido en brazos de su madre o un adolescente menor de 18 años. Y no aclara si aquellos que entran por cualquier parte de la frontera tienen derecho a solicitar asilo al igual que aquellos que se presentan en un puerto fronterizo y se entregan a los agentes de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP).
De cualquier manera, todos serán detenidos, no todos enfrentarán cargos criminales, pero no se sabe a ciencia cierta si todos serán separados de sus hijos por no tener autorización para entrar al país.
Un informe publicado por el Centro de Información y a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse de Nueva York, revela que en el mes de abril los tribunales de justicia procesaron 4,521 casos por entrada ilegal a Estados Unidos por lugares inapropiados con cargos criminales bajo la Sección 8 U.S.C. § 1325 (a) de la Ley de Inmigración. De ellos, todos (100%) fueron declarados culpables.
Añade que en lo que va del Año Fiscal 2018, de los 39,317 casos procesados el 96.7% de ellos recibieron condenas (38,057 casos).
“Ahora imponen cargos criminales a los padres que ingresan por fuera de un puerto fronterizo. Los niños no pueden estar encarcelados con los padres mientras ellos enfrentan este proceso criminal y por eso los separan”, explica Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, Washington.
Un año de planeación
El anuncio de la política de ‘tolerancia cero’ fue la última parte de un plan que se venía estructurando desde hace un año, cuando Donald Trump llevaba menos de tres meses en la Casa Blanca.
El 11 de abril de 2017, Sessions firmó un memorando interno que define la nueva política del gobierno en la frontera dirigida a dos objetivos: “establecer la legalidad” del sistema migratorio y “disuadir” la llegada de indocumentados, indica.
El blanco de la nueva política son los indocumentados que tratan de ingresar, los indocumentados que cruzan, quienes los ayudan a llegar hasta la frontera, quienes los transporten y hasta quienes les den albergue. A todos ellos, explica, “se les considerará para ser enjuiciados”. Y la prioridad la tendrán aquellos que “están transportando o albergando a tres o más personas”, categoría que bien puede ser aplicada, por ejemplo, a matrimonios con un menor de edad.
Sessions, además, ordenó que todas las agencias bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ayuden en el enjuiciamiento “de tales violaciones” y que “estas pautas deberían tener como objetivo “disuadir” a aquellos que por primera vez tratan de llegar a la frontera.
En cada caso, se lee en el memorando, los fiscales deben buscar la manera de obtener una orden de deportación, lo que implica que el inmigrante, además, recibirá una condena por el cargo que lo llevó ante el tribunal.
Daño irreparable
“El tener un cargo criminal y una convicción por trafico de personas, que es el delito aplicado por el gobierno a los padres que cruzan ilegalmente al país, les va a afectar para toda la vida a la persona si en el futuro pide una visa u otro beneficio migratorio, lo descalifica”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.
También la entrada sin autorización por cualquier punto de la frontera que no sea una garita del CBP. Y en algunos casos, sino en todos, lo convierte automáticamente en inisible para permanecer o regresar a Estados Unidos legalmente en el futuro, dicen otros abogados consultados por Univision Noticias.
“Esta política de ‘tolerancia cero’ tiene la intención de perjudicar, descalificar al inmigrante para que no pueda permanecer y no vuelva a venir a nuestro país”, confirma Velásquez.
Cuando la CBP detiene a un inmigrante cruzando ilegalmente la frontera, no por un puerto de entrada (garita), queda detenido, o en un centro del CBP o en una cárcel de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Es ahí cuando le formulan los cargos criminales bajo la Sección 8 U.S.C. § 1325 (a) de la Ley de Inmigración.
Esta sección se refiere a la entrada ilegal al país por un “lugar inapropiado, evitar el examen o la inspección (que autoriza el ingreso legal) y la tergiversación u ocultación de hechos”. Indica que todo extranjero que (1) ingrese o intente ingresar a los Estados Unidos en cualquier momento o lugar que no sea designado por los funcionarios de inmigración, o (2) elude el examen o la inspección de los funcionarios de inmigración, o (3) intente ingresar u obtener ingreso a Estados Unidos de manera intencionalmente falsa o engañosa o por la ocultación intencional de un hecho material, será multado por la primera comisión de tal delito bajo el Título 18 o encarcelado no más de 6 meses, o ambos, y, por una comisión subsecuente de tal ofensa (reincidencia), sea multado bajo título 18, o encarcelado no más que 2 años, o ambos.
“Acusarlos de estos delitos es un abuso de autoridad, un abuso de poder por parte del gobierno de intentar crear cualquier opción legal para disuadir a las personas que llegan a la frontera en busca de asilo”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.
El memo de Homan
Cuatro meses después del memo de Sessions firmado en abril de 2017, Thomas Homan, director interino de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), firmó una documento con las directivas que norman la detención y deportación de padres extranjeros.
El documento fija los “ estándares de detención y las políticas que rigen la isión, detención y deportación de los padres o tutores legales extranjeros”, así como los procedimientos a seguir cuando se produce un arresto y el camino judicial que sigue un padre y el menor separados durante un proceso.
La regla señala la designación de personal que velará por el cuidado y derechos de los menores separados de sus padres, seguimiento de los casos y supervisión durante los procesos migratorios.
Las directivas incluyen el procedimiento a seguir en caso de “visitas apropiadas dentro de las instalaciones de ICE” y, en lo posible, “permitir que un padre extranjero detenido o tutor legal lleve a cabo arreglos para sus hijos menores”, incluso acceder a abogados, funcionarios consulares, tribunales de familia y autoridades de bienestar infantil, y/o familiares o amigos “para organizar la tutela, o para obtener documentos de viaje o hacer de otro modo necesario arreglos de viaje para su(s) hijo(s) menor(es), en caso sean deportados de Estados Unidos.
Derecho a pedir asilo
A pesar de la dura política migratoria de Trump y la advertencia de formular cargos criminales a cualquier extranjero que ingrese indocumentado al país por un lugar no autorizado o inapropiado, “el derecho a pedir asilo está vigente, no ha sido eliminado”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Cuando este gobierno habla de prioridades de detención no tiene que hablar de asilo. No hay que confundir las dos cosas. El gobierno se ha enfocado más en la ‘tolerancia cero’ en la frontera que en el derecho de las personas a pedir asilo cuando se presentan en un puesto fronterizo”, señala.
“Ahora bien. Si a una persona indocumentada la detienen en la frontera, sí tiene el derecho, en ese momento, de pedir asilo. Eso no ha cambiado. Pero ojo, si cruza por cualquier otro lado, tenga en cuenta que lo van a procesar criminalmente y luego se lo entregan a ICE para ser puesto en proceso de deportación”.
En cuanto a los menores de edad, Guerrero dijo que “a ellos no les pueden formular cargos criminales por intentar o cruzar ilegalmente al país. La ley no lo especifica porque considera que los menores de edad no tienen el intento de cometer un crimen”.
“Los menores o los niños no tienen la mentalidad para ejecutar un crimen, por lo tanto, no se les puede poner un cargo criminal. Pero si esto llegara a pasar, sobre todo en menores de 14 años o más, las cortes se van a ver repletas de menores a quienes el gobierno les puso un cargo criminal por intentar cruzar ilegalmente al país o porque cruzaron. Y los jueces tendrían que considerar entonces el elemento de que los niños no tienen intento criminal de cometer un crimen. Sería terrible y aumentaría el atasco en los tribunales de inmigración”, precisa Guerrero.
El impedimento para formular cargos y deportar aceleradamente a menores indocumentados se encuentra en leyes y acuerdos judiciales que protegen a los niños, principalmente del tráfico humano. Trump, sin embargo, las considera trabas y batalla para que el Congreso las elimine y le de carta blanca para consolidar su política migratoria.
Los impedimentos para Trump son:
- Acuerdo Flores versos Meese. Prohíbe la detención de menores de edad en instalaciones restrictivas.
- Ley TVPRA de 2008. Prohíbe al gobierno deportar a menores de edad que no sean de países fronterizos (México o Canadá) detenidos en la frontera y exige que sea un juez de inmigración quien resuelta su futuro en Estados Unidos.
- Acuerdo Zadvydas de 1997. ICE no tiene derecho a mantener a un no ciudadano bajo custodia al que no ha podido deportar por más de seis meses a menos de que presenten claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional.
Otro factor que frena a Trump es el atasco en las cortes de inmigración. Un reporte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) señala que, al 31 de marzo, tenían 697,777 casos acumulados. Y el promedio de espera para la primera audiencia de menores no acompañados era de 484 días.
Esperando respuestas
A pesar de las explicaciones del gobierno y la divulgación de memorandos que explican la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera, los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes exigen respuestas, pero deberán seguir esperando.
El viernes enviaron una carta a la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, para decirle que “estamos decepcionados” porque canceló una audiencia prevista para el 7 de junio, protestar por la “criminalización de los solicitantes de asilo y un aumento drástico en la separación de las familias” en la frontera.
Y para pedirle que, “por favor envíenos lo siguiente antes del 7 de junio de 2018”:
- Una explicación de la nueva política del gobierno para enjuiciar a todas las personas detenidas entre los puertos de entrada, incluidas las que voluntariamente se entregan para solicitar asilo.
- La opinión del gobierno sobre enjuiciar a los solicitantes de asilo y separar a los niños de sus padres, situación que viola las normas internacionales de derechos humanos.
- Los planes del gobierno para garantizar que las personas que buscan asilo en los puertos de entrada no sean rechazadas, y que dichas familias no estén separadas.
- Los planes del gobierno para garantizar que los niños separados se reúnan con sus familias.
- Los esfuerzos del gobierno para asegurar que los niños separados no sean ubicados con traficantes de personas.
- El número de familias que han solicitado asilo desde 2013, desglosadas mes por mes.
- El número de personas que han sido remitidas a los tribunales desde 2013, desglosadas por mes por mes.
- El número de niños que han sido separados de sus familias desde 2013, desglosados mes por mes.
- La cantidad de niños que, desde el 1 de enero de 2017, han sido separados de sus familias y luego fueron devueltos a ellas.
- El número de niños que, desde el 1 de enero de 2017, han sido separados de sus familias y permanecen separados hasta el día de hoy.
“Negar la protección a aquellos que huyen de la persecución es cruel e improductivo”, indicaron los demócratas del Comité Judicial de la Cámara Baja. “Quitar a los niños de sus padres es desmesurado y simplemente no es estadounidense”, concluyeron.
