El gobierno de Trump convierte la amenaza de separar familias en una política real en la frontera
La separación de familias en la frontera ya no es retórica política. Centenares de casos llegan a manos de abogados en múltiples puntos de la frontera. Sin un patrón claro, los afectados son tanto indocumentados que cruzaron de forma ilegal como inmigrantes que pidieron asilo en los puertos oficiales de entrada.
Hay madres contra quienes no se presentaron cargos criminales, como Mirian; otras que fueron separadas de sus hijos por haber cruzado el Río Grande, como Norma; y también hay algunas cuyos hijos ya fueron entregados a familias de acogida aunque ellas no han sido sentenciadas, como Sindy.
Encausar a estas personas y separarlas de sus hijos forma parte de la estrategia del gobierno de disuadir la llegada de más indocumentados a la frontera con México. Las cifras escalan mes a mes y en abril las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza fueron tres veces mayores a las del mismo periodo del año anterior.
El gobierno no presenta cifras para mostrar cuántas separaciones han ocurrido, pero grupos activistas aseguran que es ya una suerte de rutina.
“La separación de familias por agentes federales en la frontera se ha convertido en la norma bajo la fiscalía general de Jefferson Sessions”, dijo este jueves Texas Civil Rights Project junto a tres organizaciones más de la zona.
El nuevo protocolo ha activado a centenares de funcionarios de un complejo entramado de instituciones públicas y pone a prueba la capacidad de procesar a centenares de inmigrantes cada día en la frontera.
Arrestados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los adultos son transferidos al Departamento de Justicia para enfrentarse a sus acusaciones criminales. Abogados presencian ‘audiencias masivas’ en las que decenas de indocumentados vestidos de naranja comparecen al mismo tiempo ante el juez federal. Mientras, los menores alejados de sus padres son derivados al Departamento de Salud y Servicios Humanos que cuenta con una red de albergues y familias de acogida.
“El sistema de inmigración ya está saturado y las nuevas políticas de tolerancia cero y de separación de familias solo generan un caos adicional y trabas en el sistema”, dijo Denise Gilman, directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Texas, en Austin, a Univision Noticias.
Para la abogada, la decisión duplica los casos de inmigración –en un sistema que ya está colapsado– porque el del niño será visto por un juez independientemente del de la madre. “Los niños se verán forzados a presentar su petición de asilo por su cuenta y sin la ayuda o información que podría proveer el padre”, señala Gilman.
El gobierno no explica claramente por qué separa familias que entraron al país pidiendo asilo y se remite al protocolo de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En el documento, se lee que las autoridades mantendrán unidas a las familias siempre que sea posible, a no ser que incumplan “un requerimiento legal” o haya “una preocupación de seguridad”. La agencia, sin embargo, no aclaró a Univision Noticias a qué situaciones concretas se refiere.
Como respuesta a esta política, distintas organizaciones y activistas de 30 ciudades de Estados Unidos protestarán este fin de semana para exigirle a Trump que ponga fin a la separación de las familias.
A continuación, tres casos que ejemplifican cómo se está aplicando la nueva política:
17 de mayo
Norma, una guatemalteca de 28 años, cruza el Río Grande con su hijo de 6. Son detendidos por la Patrulla Fronteriza en el condado texano de Cameron.
18 de mayo
Los agentes migratorios separan a Norma de su hijo. Ella está acusada de haber entrado ilegalmente al país, un cargo criminal. La encierran en la cárcel del condado de Cameron. El niño es enviado a un albergue para menores en Nueva York.
21 de mayo
Un juez en la corte de Brownsville, en Texas, condena a Norma a cuatro días de cárcel por entrar ilegalmente en el país. Como ya había cumplido la condena mientras esperaba el juicio, es trasladada a un centro de detención en Laredo (Texas). Su hijo sigue en Nueva York, a la espera de que su padre, que vive en ese estado, pueda recuperarlo.
1,913 mi 3,078 km Nueva York Laredo
21 de mayo
Sindy, hondureña de 29 años, se presenta con sus dos hijos de 8 y 9 años en la garita fronteriza de Eagle , en Texas, para solicitar asilo. Les deniegan la entrada.
Desesperada, Sindy decide cruzar el Río Grande. Los tres son detenidos por la Patrulla Fronteriza.
Sindy es acusada de mentir sobre su reentrada en EEUU. Después de presentarse en corte, la trasladan al centro Val Verde, en Del Rio, Texas. Sus hijos son enviados a Maryland, donde aún continúan.
1,750 mi 2,826 km Maryland Del Rio
20 de febrero
Mirian, hondureña de 29 años, solicita el asilo en el puesto fronterizo de Brownsville, en Texas. Llega con su hijo, que tiene un año y medio. Le acompañan su hermana, su cuñado y sus sobrinos, a los que pierde de vista después de cruzar la frontera.
Los agentes fronterizos entrevistan a Mirian. Ella entrega pruebas de maternidad y de identidad. Sin explicación aparente, los oficiales la separan de su hijo, al que envían a San Antonio. A ella la trasladan al centro de detención de Port Isabel en Los Fresnos, Texas.
Días más tarde la envían a Laredo y a comienzos de marzo al centro de detención de ICE T. Don Hutto, en Taylor, Texas.
109 mi 175 km San Antonio Taylor
3 de abril
Un juez inmigración determina que existe miedo creíble y que puede presentar su caso de asilo en corte. Semanas más tarde es liberada e inicia el trámite para recuperar a su hijo.
2 de mayo
Después de más de dos meses separados, Norma se reúne con su hijo.
