Ser demasiado viejo, enfermo o poco autosuficiente puede afectar a los inmigrantes en el futuro
El gobierno de ‘carga pública’, decisión que causará un fuerte impacto tanto en los inmigrantes que piden visas para entrar y permanecer legalmente al país, así como en aquellos ya establecidos y que incluso tienen hijos ciudadanos estadounidenses.
El proyecto fue filtrado la tercera semana de abril a algunos medios de comunicación. Desde entonces, la Casa Blanca permanece hermética sobre el tema.
Pero la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) respondió el viernes un correo de Univision Noticias indicando que “la regla propuesta de inisibilidad en materia de ‘Carga Pública’ (que elaboró la Casa Blanca) ha sido entregada a la Oficina de istración y Presupuesto ( Office of Management and Budget)”.
Esta dependencia tiene previsto publicar el reglamento en julio (ver en Office of Information and Regulatory Affairs de la Office of Management and Bugget).
Los cambios de Trump
De implementarse, la medida facilitará al gobierno negar visas si determina que los inmigrantes que las piden no demuestran que son autosuficientes, si están demasiado viejos o enfermos, si no tienen los estudios apropiados y los funcionarios a cargo de autorizarlas consideran que pueden convertirse en ‘Carga Pública’”.
También permite a los funcionarios declarar inisibles a inmigrantes que, por esta causa, les sea negada una visa y también a aquellos que están dentro del país, tienen hijos nacidos en Estados Unidos y solicitan ayudas públicas no monetarias (y legales).
A este grupo podría negárseles cualquier tipo de beneficio migratorio en el futuro, incluido la residencia legal permanente (LPR por su sigla en inglés) o la ciudadanía por naturalización, e incluso ser deportados.
Sólo pasa “saludables”
La publicación de la propuesta “ alterará radicalmente la forma en que los funcionarios de USCIS seleccionan a los solicitantes de residencia legal permanente por inisibilidad debido a la nueva definición de ‘Carga Pública’”, advierte un estudio elaborado por Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), una de las organizaciones pro inmigrantes más importantes del país.
“En lugar de centrarse en los ingresos del patrocinador de un solicitante (cuando la residencia es pedida por un familiar o un empleador), como indica la declaración jurada de apoyo ( Declaración Jurada de Patrocinio Económico), los agentes examinarán los ingresos actuales y estimados del inmigrante, el historial laboral, las habilidades laborales, el estado de salud, los bienes y cualquier historial familiar para verificar si ha recibo de beneficios públicos”, advierte.
El estudio previene además que el gobierno también pretende cambiar una regla que solo permite declarar ‘Carga Pública’ a aquellos individuos que se han convertido en dependiente principal del gobierno para su subsistencia, reciben asistencia pública en efectivo para el mantenimiento del ingreso o reciben atención de largo plazo a expensas del gobierno.
“La regla que propone anularía esa interpretación y la reemplazaría otra que amplíe sustancialmente el término”, explica CLINIC. “Un solicitante sería inisible con base en ‘Carga Pública’ si es probable que en algún momento use o reciba uno o más beneficios del gobierno", agrega. “También hace responsable al inmigrante que solicite y reciba beneficios para niños u otras personas dependientes que legalmente puedan hacerlo, e incluso animado a recibirlos”.
Beneficios peligrosos
A partir de la entrada en vigor del nuevo reglamento planeado por la Casa Blanca, CLINIC muestra una lista de beneficios no monetarios que, si son recibidos durante los últimos tres años, se convertirían en un factor negativo:
- Seguro de salud subsidiado bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio;
- Medicaid (servicios que no son de emergencia);
- Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, anteriormente cupones de alimentos);
- Programa Estatal de Seguro de Salud Infantil (CHIP o SCHIP);
- Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños (WIC);
- Asistencia para vivienda;
- Beneficios energéticos (tal como ayuda para pagar la energía eléctrica); y,
- Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (cuando excede la obligación tributaria).
Otros factores en la mira
Otras ayudas públicas que pueden ser consideradas como factor negativo son:
- Tiene edad para trabajar, está autorizado para trabajar, pero actualmente está desempleado;
- No tiene historial de empleo o perspectivas razonables de empleo futuro;
- Actualmente recibe beneficios públicos;
- Ha recibido beneficios públicos durante más de seis meses durante los últimos tres años;
- Tiene una condición médica costosa y no tiene seguro de salud no subsidiado u otros medios aparentes de pagar los costos del tratamiento; o
- Tiene un cónyuge o padre que es el principal beneficiario y que ha sido declarado inisible en base a ‘Carga Pública’.
Por el contrario, el Catholic Legal Immigration Network, Inc. apunta que, cualquiera de los siguientes factores será considerados positivos y favorables:
- Si el solicitante de un beneficio migratorio o una visa es una persona sana, en edad de empleo, con activos financieros, recursos y apoyo que supere en al menos 250% de las pautas federales de pobreza; o
- Está autorizado para trabajar, tiene un empleo remunerado y tiene un ingreso anual de al menos el 250% por encima del nivel de pobreza.
Medio millón de ciudadanos
Un segundo informe, elaborado por el Centro de Estudios de Población de la Universidad de Columbia, advierte que los cambios al concepto de ‘Carga Pública’ elaborado por el gobierno de Trump “ puede colocar unos 500,000 estadounidenses en riesgo de caer en pobreza” debido a que dejarán de solicitar asistencias para las que legalmente califican por miedo a que familiares extranjeros, con o sin papeles de estadía legal, les puedan negar ciertos beneficios migratorios (como la green card o la ciudadanía) o ser declarados inisibles y enfrentar la deportación.
Los investigadores Jennifer Laird, Neeraj Kaushal, Jane Waldfogel y Christopher Wimer explican en el informe que ‘Carga Pública’ es un término que los funcionarios de inmigración han utilizado “durante más de 100 años” y se refiere a “una persona que probablemente podría convertirse en dependiente del gobierno para su subsistencia, como lo demuestra la recepción de asistencia pública en efectivo para pagar el alquiler, o para vivir a expensas del gobierno por un largo período de tiempo”.
Respecto a las personas nacidas en el extranjero, el reglamento vigente indica que se le puede negar la entrada al país a un individuo “si a este se le considera que tiene un alto riesgo de convertirse en ‘Carga Pública’”, pero a aquellas personas que “reciben ayuda no monetarias incluidos programas públicos de nutrición, no pueden usarse para determinar que el extranjero sea o pueda convertirse en una ‘Carga Pública’” y negársele un beneficio migratorio como la ciudadanía, de ser el caso.
Política migratoria de Trump
El estudio indica además que la propuesta del gobierno “coincide con un reciente aumento en las tasas de arrestos de padres de inmigrantes indocumentados, la mayoría de los cuales tienen hijos ciudadanos y temen cada vez más que cualquier interacción con el gobierno conducirá al arresto y deportación”.
Al mismo tiempo, señalan que “inmigrantes que trabajan para obtener la residencia legal permanente temen que, si reciben beneficios públicos no monetarios, podría convertirse en una responsabilidad potencial durante el proceso de investigación”, por ejemplo, para obtener el visto bueno en un trámite de ciudadanía.
“A medida que el público se ha vuelto más consciente, tanto de la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como del aumento de tasas de arrestos de inmigrantes, agencias de servicios sociales en comunidades con grandes poblaciones de inmigrantes han registrado un aumento de citas canceladas y solicitudes urgentes de desafiliación en programas sociales”.
Agrega que “a nivel nacional, hubo una d isminución de la inscripción del 4% en el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, anteriormente conocido como cupones de alimentos) y el Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC) entre 2016 y 2017”.
“En áreas con grandes poblaciones de inmigrantes, las disminuciones en la inscripción de SNAP y WIC fueron cercanas al 10%”, precisa el estudio.
Otros datos preocupantes
El informe del Centro de Estudios de Población de la Universidad de Columbia también concluye que:
- La mayoría del más de medio millón de niños estadounidenses en riesgo viven en un hogar con al menos un padre no ciudadano.
- Casi 6 millones de niños ciudadanos estadounidenses menores de 18 años viven con un padre o un miembro de la familia que no está documentado.
- 5.5 millones de niños ciudadanos viven con un padre o miembro de la familia que no es ciudadano que resida legalmente en el país.
Los investigadores también concluyeron que, si los padres no ciudadanos de niños ciudadanos pobres renuncian a la asistencia alimentaria no monetaria, beneficios a los que tienen derecho sus hijos estadounidenses, aumentará el riesgo de que estas familias caigan bajo el nivel de pobreza.
“En el caso de los niños ciudadanos de hogares de familias mixtas y no ciudadanos, la tasa de pobreza podría aumentar en más de un cuarto, y l a tasa de pobreza extrema podría crecer más de un 50% debido al retiro de los programas SNAP y WIC”, explica.
En cuanto a la taza de pobreza para esta población, el informe dice que “ podría aumentar del 22.1% a 28.0%” y la tasa de pobreza extrema podría aumentar de 3.8% a 6.4%”.
El número de niños ciudadanos que caería en nivel de pobreza fue estimado en unos 560,000, mientras que el número de menores expuestos a la pobreza extrema podría alcanzar los 250,000, indican los investigadores.
Clima de preocupación
Los demócratas del Congreso ven con preocupación la inminente publicación del nuevo reglamento en manos de la USCIS. “La propuesta del gobierno de Trump de modificar y ampliar el reglamento que define el término Carga Pública es un intento temerario de hacerlo por la puerta trasera e imprudente , al eludir el Congreso y restringir unilateralmente la inmigración basada en la familia”, dijo a Univision Noticias Carlos Paz, vocero del Caucus Congresional Hispano (CHC) con presencia en ambas cámaras del legislativo.
“Se puede acceder legalmente a los beneficios de salud pública y educación, programas que están destinados a mantener a las familias y comunidades sanas y fuertes, independientemente de su estatus migratorio”, agregó Paz. “Estos beneficios críticos se están convirtiendo en armas para negar los beneficios a las familias inmigrantes para mantenerlas separadas”, agregó.
Si se promulgan los cambios de Trump a la regla de "carga pública, “los padres se verán obligados a elegir entre la ciudadanía y la salud de sus hijos, poner comida en la mesa o llegar a fin de mes. Esta política está enraizada en el nativismo y no debería implementarse”, puntualizó el vocero.
Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes también están preocupados por el nuevo reglamento enviado a la USCIS por la Casa Blanca y que será publicado en las próximas semanas.
“Es una propuesta ridícula. Haremos todo lo posible por impedir que se implemente”, dijo Jorge-Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA). “Los programas de ayuda tal como alimentos y cuidado de salud salvan vidas de niños, mujeres, ancianos y de familias trabajadoras. Sería un crimen penalizar a las familias por utilizar estos apoyos”, añadió.
La USCIS dijo que una vez publicado en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) el nuevo reglamento, “alentamos los comentarios públicos” e indicó que “no se tomará una decisión final hasta que se complete el proceso de reglamentación”.
Cabrera dijo que “cuando se anuncie el período de comentarios, vamos a urgir a la comunidad a no quedarse callada, que denuncie la medida y no permita que se dañe la vida de millones de inmigrantes”.
