Debilitar el debido proceso y criminalizar a los indocumentados: analizamos la política migratoria de DeSantis
El proyecto migratorio que presentó en Eagle , Texas, se parece a la política de 'tolerancia cero' de Trump. Su plan no contempla por ahora regularizar la situación de los 12 millones de indocumentados que viven en el país, algunos con más dos décadas y con familias establecidas, o de darle estatus y permisos de trabajo a los cientos de miles que trabajaron en la primera línea para combatir la pandemia del covid-19.
En la presentación de su plan, el gobernador floridano ―quien durante su paso por la Cámara de Representantes federal presidió el Freedom Caucus, un grupo republicano de extrema derecha― habló con un lenguaje en el que abundaron frases y palabras como inmigración ilegal, invasión de extranjeros, crimen, tráfico de drogas, acto de guerra, muro, militarización y deportaciones.
DeSantis centró su discurso en detener la llegada de extranjeros debilitando el debido proceso migratorio tal como lo hizo Trump durante su gobierno, en demonizar la permanencia indocumentada ―una falta de carácter civil― y amenazar con el uso de “fuerza letal” contra inmigrantes que intenten cruzar sin autorización atravesando las estructuras fronterizas impuestas por el gobierno federal.
Prometió, asimismo, terminar la construcción del muro en la frontera sur y acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento. Analizamos a continuación los retos que afrontarían algunas de sus propuestas y las dudas que plantean varias de ellas.
Las ‘lagunas’ en la propuesta de DeSantis en la frontera sur
El proyecto migratorio del gobernador de Florida repite que la frontera sur con México está en “ruinas” debido al cruce de millones de personas indocumentadas en los últimos dos años. Pero la afirmación no hace diferencias entre el cruce donde se permite al extranjero esperar en Estados Unidos la resolución de su caso de asilo en los tribunales de inmigración y el cruce indocumentado exitoso.
El primero se fundamenta en el debido proceso migratorio autorizado por el Congreso donde son los jueces de inmigración y, en algunos casos, los agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS en inglés) quienes tienen la discrecionalidad y/o autoridad para otorgar el beneficio del asilo. El segundo corresponde a la entrada ilegal burlando todos los sistemas de control existentes y es, quizá, el dato clave para entender la principal problemática de la frontera.
En 2016, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) comenzó a utilizar un nuevo sistema más preciso de metodología de medición para calcular los ingresos ilegales exitosos, una cifra crucial que permite conocer cuán efectiva es la política migratoria de un gobierno. DHS comenzó entonces a publicar datos sobre métricas de seguridad fronteriza.
En 2018, un reporte publicado en el Informe del Año Fiscal de ese año señaló que el número de cruces no detectados había caído casi tan rápidamente como el número de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur.
Tres años más tarde, en el Informe del Año Fiscal 2020, el último de la presidencia de Trump, DHS estimó que, de acuerdo con datos disponibles sobre entradas ilegales exitosas entre los años fiscales 2017 y 2018, se experimentó un incremento. También que se estaba revirtiendo la efectividad por encima del 95% en la capacidad de detención registrada entre los años fiscales 2006 a 2016 (de más de 1 millón a menos de 56,000 por año al final del gobierno de Obama).
De acuerdo con el reporte, la metodología utilizada para estimar el ingreso indocumentado exitoso mostró un aumento entre 2017 y 2018 ―los dos primeros años del gobierno de Trump― de al menos 11 puntos porcentuales con respecto a 2016. No hay datos en cuanto a las estimaciones de cruces ilegales exitosos durante el año fiscal 2020. Tampoco de los datos del año fiscal 2021 ni del 2022.
“Desafortunadamente no hay cifras”, dijo a Univision Noticias Roger Maier, especialista en Asuntos Públicos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP). Sin este dato clave, la afirmación de DeSantis es inexacta.
¿Han entrado millones de extranjeros de forma ilegal?
Otra afirmación recurrente del gobernador DeSantis se centra en la entrada a Estados Unidos de millones de extranjeros indocumentados desde el 20 de enero de 2021, cuando Joe Biden tomó posesión de la Casa Blanca.
Según la narrativa de DeSantis, son "ilegales" los inmigrantes que han pasado una primera fase de la entrevista de 'miedo creíble' en la frontera y evidenciado una causa de asilo, por lo que han sido autorizados a entrar al país por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP en inglés), entregados a la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) y luego liberados bajo el Programa Alternativo de Detención (ATD) en espera de la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de inmigración.
No son "ilegales" como asegura DeSantis. Se trata de “aplicantes de asilo” que se encuentran dentro del país autorizados “con toda la autoridad del gobierno federal de Estados Unidos”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración. “No se trata bajo ningún motivo de personas ilegales”, agrega.
La semana pasada, en una decisión 8-1, la Corte Suprema de Justicia, tras revisar una demanda entablada por Texas y Louisiana, sobre las prioridades de deportación del gobierno de Biden, dictaminó que los estados no tienen “potestad” o lo que en inglés se llama 'standing' para impugnar las decisiones del gobierno federal en asuntos de competencia federal, como lo es la ejecución de la ley federal de inmigración.
Ante esto, la afirmación de DeSantis de que el gobierno de Biden ha liberado a “millones” de extranjeros ilegales carece de fundamento y no toma en cuenta el debido proceso migratorio en la frontera.
Las puertas de la frontera a EEUU no están abiertas
Según DeSantis, la crisis fronteriza obedece a que el gobierno de Biden tiene “abiertas” las puertas de la frontera para el cruce indocumentado. Pero no menciona, por ejemplo, que desde octubre del año pasado se puso en marcha una dura política migratoria de asilo que regula la entrada de ciudadanos de cuatro países: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Tampoco dice que las detenciones en la frontera bajaron un 95% en el primer mes de esa medida ni que en abril se puso en marcha otro programa similar que también está ayudando a disminuir la presión en la frontera con México.
Tampoco menciona las nuevas regulaciones para la inmigración legal: la apertura de centros regionales para controlar la inmigración hacia el norte y la deportación acelerada de extranjeros tras el término del Título 42 el pasado 11 de mayo y la vigencia del Título 8 de la Ley de Inmigración (INA), que permite la deportación acelerada por razones de inisibilidad.
El gobernador de Florida tampoco refiere que las demoras en la Corte de Inmigración se deben a la acumulación de más de 2.2 millones de casos y que en los últimos dos años el Congreso se ha negado a otorgar fondos para la contratación de nuevos jueces y la apertura de un mayor número de jueces para acelerar los procesos. El Congreso tampoco ha otorgado fondos necesarios para la contratación de más agentes en la frontera en el marco de los debates sobre el presupuesto y los planes de inversión social de la Casa Blanca.
Cabe recordar que cuando Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, la Corte de Inmigración tenía acumulados unos 520,000 casos. Cuando se marchó, le heredó a Biden poco más de 1.2 millones de expedientes en espera de resolución. La atención debido al atasco en la Corte de Inmigración, con fondos adecuados por parte del Congreso, ayudaría en gran manera a reducir el tamaño de la crisis.
Eliminar la ciudadanía por nacimiento y los posibles retos legales
Al igual que Trump en 2019, DeSantis quiere poner fin a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados. “Tomaremos medidas para poner fin a la idea de que los hijos de inmigrantes ilegales tienen derecho a la ciudadanía por nacimiento”, se lee en el documento.
La pregunta es: ¿Es legal hacerlo? “Se supone que no”, dijo en 2019 a Univision Noticias el abogado constitucionalista Filiberto Agusti. “La respuesta es complicada”, agregó. “El presidente no tiene derecho de cambiar la ley cuando así lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia”, agregó.
Agusti explicó que “en el siglo XIX hubo un caso en el que el máximo tribunal de justicia del país interpretó que las personas que nacen en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. La ley es bastante clara en estos momentos”.
El caso señalado por Agusti se refiere al juicio Dred Scott v. Stanford ventilado en 1857. Uno de los magistrados de aquella época, Benjamin R. Curtis, escribió en el dictamen que la ciudadanía “puede ser adquirida por nacimiento”. Cinco años más tarde, en 1862, el fiscal general de Estados Unidos, Edward Bates, emitió una opinión similar.
Ahora bien, a pesar de las advertencias de que se incurra en un acto inconstitucional si el presidente firma una orden ejecutiva para negarle la ciudadanía a los hijos de indocumentados nacidos en Estados Unidos, “si lo hace, es seguro que habrá litigio inmediatamente en una corte de primera instancia”, advierte Agusti. “Y esa corte emitiría inmediatamente una orden que le quitaría validez a la orden del presidente”, añade.
“Es bastante claro que el presidente, a través del Departamento de Justicia llevaría esa orden ante una Corte de Apelaciones del circuito correspondiente, instancia que es muy probable que también dirá que la orden ejecutiva está afuera de los poderes del presidente y con ello, entonces, abra la puerta para que el caso escale a la Corte Suprema de Justicia”, indicó.
“Si es así, la Corte Suprema puede entonces que revise su punto de vista respecto a decisiones tomadas en el pasado sobre el tema de la ciudadanía”, indica Agusti. “En ese caso, los abogados tanto del gobierno como de los demandantes, a favor y en contra, presentarían sus argumentos en una audiencia para que los magistrados los tomen en cuenta y decidan si se mantiene o cambia la decisión tomada en el siglo XIX”.
Poner fin a la política del 'catch and release'
DeSantis prometió también poner fin a la política de captura y liberación ('catch and release') de Estados Unidos. La política del ‘catch and release’ consistente en dejar libres a inmigrantes indocumentados que sean detenidos, pasen la primera fase de la entrevista de 'miedo creíble', no constituyen una amenaza a la seguridad nacional y sean liberados mientras se resuelve su caso en un tribunal de inmigración en territorio estadounidense.
En una orden ejecutiva firmada en enero de 2017, el entonces presidente Trump instruyó al jefe de la seguridad nacional, John Kelly, para que adoptara “todas las medidas apropiadas para asegurar la detención de extranjeros aprehendidos por violaciones a las leyes de inmigración y que permanecen en espera del resultado de su proceso de deportación en la medida que la ley lo permita”.
Trump había prometido al comienzo de su campaña que deportaría a la totalidad de los 12 millones de indocumentados que hay en el país, pero luego dijo que priorizaría la deportación de hasta tres millones con antecedentes criminales.
En enero de 2021, Biden anuló la orden ejecutiva de Trump. El gobierno ha señalado que los inmigrantes sin antecedentes criminales y que no constituyen una amenaza a la seguridad nacional son liberados porque no hay recursos suficientes y la infraestructura actual no permite mantenerlos detenidos en instalaciones del DHS. El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, ha dicho que se trata de una decisión discrecional para el mejor uso de los escasos recursos de que dispone la agencia y que el Congreso no ha expandido atendiendo pedidos hechos por ese ministerio y también por la Casa Blanca en reiteradas ocasiones para atender de mejor manera la crisis migratoria en la frontera.
DeSantis no explica en su plan qué hará con los miles de extranjeros liberados bajo el debido proceso migratorio si cancela la política del ‘catch and release’.
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