Trump vuelve a usar la separación de familias en la frontera para exigir su dura reforma migratoria
El presidente la orden de separar niños de sus padres en la frontera porque una ley “aprobada por los demócratas” así lo dispone.
“Separar familias en la frontera es culpa de la mala legislación aprobada por los demócratas. Las leyes de seguridad fronteriza deben cambiarse, pero los demócratas no pueden actuar juntos. Comenzó el Muro”, escribió el mandatario.
Pero la separación de familias que menciona Trump no fue ordenada por una ley aprobada por los demócratas, como sugiere el gobernante, sino por el fiscal general Jeff Sessions el 6 de abril, cuando oficializó la política de tolerancia cero en la frontera que no solo apunta a la detención y formulación de cargos criminales a quienes sean detenidos por ingresar ilegalmente al país, sino también complica la entrada por las garitas fronterizas y aumenta el escrutinio a los que se entregan porque vinieron sin visa.
La separación ocurre cuando el progenitor o adulto al cuidado de un menor recibe un cargo criminal. Los menores son enviados al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
El tuit anterior
El pasado sábado, también a través de Twitter, Trump culpó a los demócratas por la separación de familias e impulsó ideas de su severo plan migratorio que el Congreso se resiste a debatir y aprobar.
"Presionen a los demócratas para que pongan fin a la horrible ley que separa a los niños de sus padres una vez que cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Captura y liberación, la lotería y la (inmigración en) cadena también deben terminar y ¡DEBEMOS continuar construyendo el MURO! LOS DEMÓCRATAS ESTÁN PROTEGIENDO A LOS MATONES DE LA MS-13", puntualizó.
Trump trata frenar la llegada de inmigrantes que huyen de la violencia en sus países de origen y cumplir una de sus principales promesas de campaña, como es detener la inmigración de extranjeros indocumentados. A pesar de las amenazas, miles de hombres, mujeres y niños siguen llegando a la frontera.
Sin embargo, leyes y acuerdos judiciales vigentes algunos desde hace casi dos décadas para proteger los derechos de los niños y prevenir el tráfico humano impiden al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negar el derecho a pedir asilo y acelerar sus deportaciones de Estados Unidos.
El plan de Trump
El plan migratorio que exige Trump al Congreso es el mismo que apoyó a principios de agosto de 2017 y que fue elaborado por los senadores republicanos Tom Cotton (Arkansas) y David Perdue (Georgia).
En enero el plan agregó un camino a la ciudadanía para 1.8 millones de dreamers protegidos por DACA durante el debate del presupuesto de gastos para el año fiscal 2018.
La iniciativa, sin embargo, no contó con el respaldo de la totalidad de la bancada republicana en el Senado. Solo 36 de los 51 senadores del partido de Trump votaron a favor del proyecto, a los que se sumaron tres demócratas.
En qué consiste
Además de legalizar la permanencia de 1.8 millones de dreamers, el plan respaldado por Trump incluye la construcción del muro en la frontera con México, aumentar las redadas, acelerar juicios y deportaciones, restringir el asilo, reducir y limitar la reunificación familiar, eliminar la lotería de visas y criminalizar la estadía indocumentada (hasta ahora una falta de carácter civil).
Sin el respaldo del Congreso, tanto por parte de demócratas como republicanos, el gobierno ha intentado desarrollar políticas congruentes con sus ofertas de campaña, pero leyes vigentes y acuerdos judiciales no se lo permiten.
Los impedimentos son:
- Acuerdo Flores versos Meese. Prohíbe la detención de menores de edad en instalaciones restrictivas, tal como las cárceles de ICE.
- Ley TVPRA de 2008. Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas. Prohíbe al gobierno deportar a menores de edad que no sean de países fronterizos (México o Canadá) detenidos en la frontera y exige que sea un juez de inmigración quien resuelta sus futuros en Estados Unidos.
- Acuerdo Zadvydas de 1997. ICE no tiene derecho a mantener a un no-ciudadano bajo custodia al que no ha podido deportar por más de seis meses a menos de que presenten claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional.
Peligro de colapso
Otro factor que le tiene atadas las manos a Trump es el atasco en las cortes de inmigración. Un reporte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) señala que, al 31 de marzo, tenían 697,777 casos acumulados. Y el promedio de espera para la primera audiencia de menores no acompañados era de 484 días.
Además, una reciente orden emitida por Sessions para quitarle a los jueces de inmigración el poder de cancelar órdenes de deportación y reabrir los expedientes guardados aumentará las demoras y el caos en los tribunales.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (National Association of Immigration Judges -NAIJ-) teme que, si no hay suficiente personal para atender los juicios, se afectará el debido proceso.
El aumento significativo de juicios fue reportado por Univision Noticias a finales de mayo tras conocer un informe de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), donde señala que al 31 de marzo había 352,159 casos de deportación cerrados istrativamente.
