Segundo rechazo a plan migratorio en el Senado obliga a Biden a barajar duras medidas de control fronterizo
El segundo rechazo al debate y aprobación de un plan fronterizo bipartidista en el Senado deja a la Casa Blanca sin opciones para solucionar la crisis en la frontera con México, y a los republicanos con los mismos argumentos para seguir culpando al presidente Joe Biden de una crisis que no arrancó bajo su gobierno, sino en 2013.
El jueves, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, puso sobre la mesa un plan que ya había sido rechazado en febrero durante el debate del presupuesto de gastos 2024. El proyecto incluía una partida presupuestaria de $14,000 millones para aumentar la seguridad en la frontera y acelerar los procesos de asilo.
Previo al voto, Schumer lanzó un llamado al pleno para respaldar la iniciativa y mencionó que el debate, desarrollado entre octubre del año pasado y los primeros días de febrero, permitió un acuerdo bipartidista que se encaminaba a solucionar la crisis desatada por el aumento de la inmigración indocumentada en la frontera y un sistema de inmigración que se encuentra roto, algo en el que coindicen ambos partidos.
Cuando estaba a punto de ser aprobado, el liderazgo dio un paso atrás y el plan de desmoronó. “Los republicanos cambiaron su apoyo a la Ley Fronteriza Bipartidista, un movimiento político cobarde para ayudar al expresidente Donald Trump y sabotear los esfuerzos de los demócratas para asegurar nuestra frontera”, escribió Schumer en un comunicado.
Tanto demócratas como republicanos que participaron en la redacción del plan aseguran que Trump descarriló la propuesta para dejar sin opciones a Biden en la frontera y justificar el discurso de campaña del exmandatario, quien promete, si gana las elecciones de noviembre, reinstalar su política migratoria de ‘tolerancia cero’ basada en redadas y deportaciones masivas de indocumentados, así como reiniciar la construcción del muro en la frontera con México.
Cuál es el Plan A de Biden
La política migratoria de Biden se basa en el respeto del debido proceso migratorio, donde los tribunales de inmigración tienen amplia discrecionalidad para decidir sobre los inmigrantes que vienen a Estados Unidos en busca de asilo.
Pero el sistema judicial migratorio está inmerso en una crisis que, en vez de disminuir, se agrava con el paso de los meses. Cuando Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, tenía 520,000 casos acumulados y cuatro años más tarde, cuando asumió Biden, había 1.2 millones. El abril de este año los registros indican que hay casi 3.6 millones de expedientes, la mayoría de asilo y unos 640 jueces.
¿Cómo responde Biden a esta crisis sin precedentes? La respuesta la dio Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el jueves poco antes del voto solicitado por Schumer en el Senado. "La legislación bipartidista sobre seguridad fronteriza brindaría las herramientas de control fronterizo más sólidas en treinta años”, dijo.
Y agregó: “Haría cambios significativos a nuestro fallido sistema de inmigración, acelerando en gran medida la capacidad del gobierno federal para expulsar más rápidamente a las personas que han ingresado ilegalmente a Estados Unidos y no tienen un derecho legal a quedarse. También dotaría al gobierno federal los recursos para brindar ayuda humanitaria más rápidamente a quienes califican para recibirla según la ley”.
Mayorkas precisó que los fondos solicitados al Congreso permitirían la contratación de “más de 1,500 adicionales del personal de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 1,200 adicionales del personal de Inmigración y Control de Aduanas, más de 4,300 oficiales de asilo adicionales y 100 jueces de inmigración adicionales”.
"Sólo el Congreso puede arreglar nuestro fallido sistema de inmigración”, reiteró Mayorkas. Pero no ocurrió así, llevando a Biden a un escenario que la Casa Blanca viene analizando desde hace varios meses y que algunas fuentes consultadas por Univision Noticias y pidieron permanecer anónimas, se trata del “peor de los escenarios posible”.
El Plan B migratorio de Biden
La segunda semana de abril Biden reconoció que, debido a la falta de recursos que debería asignar el Congreso, su gobierno no tiene la capacidad de respuesta que necesita para atender la crisis de la frontera.
“Ni siquiera tenemos suficientes agentes (oficiales) para entrevistar a las personas y discernir si tienen un temor o preocupación legítimos para calificar para ingresar” (a Estados Unidos), dijo el mandatario durante una entrevista exclusiva al periodista Enrique Acevedo.
Biden agregó que su istración no tiene “suficientes personas (de la Patrulla Fronteriza) en la frontera (con México)” y tampoco la “suficiente maquinaria para detectar fentanilo y drogas ilegales que ingresan”, un serio problema que para el gobierno se ha convertido en una amenaza latente para la seguridad nacional.
Ante la falta de recursos por parte del Congreso, una de las preguntas durante la entrevista se relacionó con el uso del poder ejecutivo para cerrar la frontera y con ello poner freno a la inmigración indocumentada.
“¿Ha tomado una decisión final sobre una orden ejecutiva en términos de lo que quiere hacer en la frontera, que incluye el poder cerrarla como se sugirió?”, preguntó Acevedo. El mandatario respondió: “Sugerí eso. Estamos examinando si tengo ese poder o no. Tendría ese poder según la legislación. Cuando la frontera tiene más de 5,000 personas al día tratando de cruzarla porque no puedes gestionarla, (podemos) relentizarla. (Pero) No hay garantía de que tenga todo ese poder por mí mismo sin legislación (el respaldo del Congreso)”, precisó.
Biden también dijo que es probable que, de hacerlo, podría ser demandado ante los tribunales de justicia y verse obligado a revertir esa decisión.
Tras el segundo fracaso en el Senado registrado el jueves, vuelve a surgir el “peor escenario” mencionado por las fuentes consutadas. Y también, dentro de esa posibilidad, activar la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), estrategia que se contempla dentro de la estrategia del presidente, de acuerdo con un reciente reporte de la cadena NBC.
De qué se trata la Sección 212(f)
Es una herramienta que permite al Ejecutivo modificar o cambiar reglamentos que regulan la implementación de leyes. En 2017 Trump firmó órdenes ejecutivas que facultaron a su istración implementar políticas para combatir la inmigración indocumentada e incluso afectar la inmigración legal, aunque muchas de esas medidas fueron desafiadas en los tribunales de justicia, uno de los principales temores mencionados por Biden en la entrevista de abril a Univision Noticias.
La citada herramienta otorga al presidente poderes dependiendo de la situación que viva el país. “Siempre que el presidente considere que la entrada de cualquier extranjero o de cualquier clase de extranjeros a Estados Unidos sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos, puede hacerlo mediante proclamación y durante el período que considere necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros o cualquier clase de extranjeros como inmigrantes o no inmigrantes, o imponer a la entrada de extranjeros cualquier restricción que considere apropiada”, señala la Sección.
Lo mismo faculta al fiscal general. Por ejemplo, cada vez que este funcionario “descubra que una aerolínea comercial no ha cumplido con las regulaciones en relación con los requisitos de las aerolíneas para la detección de documentos fraudulentos utilizados por los pasajeros que viajan a Estados Unidos (incluida la capacitación del personal en dicha detección), puede suspender la entrada de algunos o todos los extranjeros transportados a Estados Unidos por dicha aerolínea”, añade.
Y, además, le concede amplios poderes para hacer excepciones, por ejemplo, con los cónyuges o hijos solteros o adoptados legalmente de un ciudadano o de un extranjero itido legalmente para residencia permanente, o de un extranjero que ha recibido una visa de inmigrante”.
En 2017 Trump, incluso, fue más lejos. Al comienzo de su gobierno aseguró que la inmigración había convertido a Estados Unidos en un caos y reclamó acciones inmediatas para restablecer el orden. Y en ese esfuerzo se comprometió a construir un muro fronterizo y garantizar la pronta eliminación de los entrantes (inmigrantes que ingresan al país) ilegales (indocumentados)”.
“Es factible que lo haga (use la Sección 212(f), pero existen dudas si la implementación de esta herramienta sea legal”, advierte Angel Leal, un abogado de inmigración y constitucionalista que ejerce en Miami, Florida. “Cuando el presidente Trump la usó en su gobierno fue demandado en los tribunales y perdió batallas legales, viéndose forzado a revertir varias medidas”.
Los últimos datos sobre la frontera
Este viernes la cadena CBS reportó, citando datos del DHS, que los cruces indocumentados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en mayo se redujeron en más de un 50% en comparación con los niveles reportados en diciembre.
La situación le otorga al gobierno de Biden un respiro inesperado en una época en la que la migración históricamente ha aumentado, sobre todo en los últimos tres años, tras el término de la pandemia y el levantamiento de restricciones sanitarias en la frontera sur.
Los reportes del departamento obtenidos por CBS indican que en los primeros 21 días de mayo, los agentes de la Patrulla Fronteriza registraron un promedio diario de aproximadamente 3,700 detenciones de migrantes entre los puertos de entrada a Estados Unidos, lo que representa una disminución del 54% con respecto al promedio diario de 8,000 en diciembre.
La baja en el número de detenciones también se registró en abril. Univision Noticias reportó la semana pasada que el número de inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera el mes pasado había registrado una leve disminución comparado con los arrestos de marzo, una buena noticia para el gobierno de Biden en medio de amenazas anuncios de nuevas reglas para pedir asilo y levantar regulaciones impuestas en un acuerdo judicial que data de 1997 sobre el procesamiento de menores no acompañados.
“En abril de 2024 la Patrulla Fronteriza registró 128,900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera con México”, revela un informe de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).
La agencia federal, una de las 23 que operan bajo el mando del DHS, dijo además que durante el mes de abril “los encuentros entre los puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste fueron un 6% menores que en marzo de 2024 y un 30% menores que en abril de 2023”.
En lo que va del año fiscal 2024, que arrancó el 1 de octubre del año pasado y finaliza el 30 de septiembre, la Patrulla Fronteriza registróa 1,981.177 encuentros entre puertos fronterizos. Entre 2021 (los primeros cuatro meses corresponden a la era Trump) y abril de 2024, se han registrado 9,905,422 hallazgos, pero la CBP advierte que un alto porcentaje se trata de reincidencias.
