Envío de migrantes a 5 ciudades y más deportaciones exprés: el gobierno de Biden anuncia nuevos cambios a la política de asilo
El gobierno de Joe Biden anunció este jueves nuevos cambios a la política de asilo. La nueva norma estipula que los adultos que sean detenidos en puertos fronterizos y liberados porque los agentes de inmigración consideran que tienen una probable causa de asilo, serán enviados a cinco ciudades del interior del país para que un juez determine sus futuros en Estados Unidos.
Los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS) informaron que la nueva regla de asilo “permitirá procesar expedientes judiciales de inmigración de manera más eficiente”.
Durante una conferencia de prensa en Washington DC, el fiscal general, Merrick Garland, y el secretario de seguridad nacional, Alejandro Mayorkas, anunciaron el nuevo proceso que forma parte de los esfuerzos que la Casa Blanca lleva a cabo para contener y reducir la inmigración indocumentada en la frontera con México, que desde principios del año fiscal 2021 acumula unos 10 millones de hallazgos, incluyendo reincidencias.
Ambos funcionarios precisaron que el denominado nuevo ‘proceso de expediente de llegadas recientes (RA)’, “ayudará a resolver con mayor prontitud los casos de inmigración de ciertos adultos solteros no ciudadanos que intentan cruzar irregularmente entre puertos de entrada en la frontera suroeste”.
Detalles del programa de asilo
Según el anuncio de este jueves, la nueva estrategia de asilo del gobierno de Biden permitirá al DHS y al DOJ “imponer consecuencias más rápidamente, incluida la deportación de aquellos extranjeros quienes no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”.
El plan indica que aquellos no ciudadanos que tengan una causa válida de asilo recibirán “rápidamente alivio o protección migratoria”. Pero aquellos que no tengan causal o no prueben un temor creíble de persecución, serán deportados de manera acelerada.
La nueva norma fue enviada al Registro Federal (diario oficial estadounidense) para ser publicada y abierta al comentario público. Una vez finalizado el plazo de opiniones, el gobierno deberá considerarlas para redactar una regla final, conforme lo estipula la Ley de Procedimiento istrativo (APA).
Qué dijeron Garland y Mayorkas sobre los cambios en la política de asilo
"Hoy, estamos instituyendo con el Departamento de Justicia un proceso para acelerar los procedimientos de asilo para que las personas que no califican para recibir ayuda puedan ser expulsadas más rápidamente y aquellos que sí califican puedan obtener protección antes", dijo Mayorkas a periodistas durante el anuncio del nuevo protocolo de asilo.
“Esta medida istrativa no sustituye los cambios radicales y muy necesarios que el proyecto de ley bipartidista del Senado produciría; pero, en ausencia de una acción del Congreso, haremos todo lo que podamos para hacer cumplir la ley de la manera más efectiva y desalentar la migración irregular”.
Los cambios mencionados por el secretario del DHS obedecen a una propuesta que entre octubre del año pasado y enero de este año debatió un grupo bipartidista del Senado y que formaba parte de un plan de la Casa Blanca que iba a ser incluido en el debate sobre el presupuesto de gastos. Pero el proyecto se desarmó por falta de votos tanto republicanos como demócratas conservadores.
A su vez, el secretario Garland dijo que ”los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia están comprometidos con la aplicación justa y eficiente de las leyes de inmigración". Y añadió que “estas medidas promoverán esa misión al ayudar a garantizar que los casos de inmigración se resuelvan con prontitud y justicia".
La Corte de Inmigración (EOIR) se trata de una dependencia del Departamento de Justicia y opera bajo el mando del fiscal general.
Las razones de la nueva regla de asilo
De acuerdo con las explicaciones entregadas tanto por Mayorkas como Garland, la nueva regla de asilo trata de reparar el sistema de asilo, abrumado por una histórica avalancha de casos de asilo en la frontera con México desde mediados de 2013.
A la fecha, la Corte de Inmigración tiene acumulados unos 3.6 millones de casos y el servicio de inmigración registra un atasco de unos 10 millones de solicitudes de servicios.
A esto se agrega que los extranjeros que llegan a la frontera suroeste de Estados Unidos a menudo esperan años antes de recibir una decisión final en un procedimiento judicial de inmigración. Los 3.6 millones de casos acumulados en la EOIR son atendidos por unos 640 jueces en tribunales en todo el país.
El gobierno reconoce que no tiene recursos insuficientes, incluidos jueces y abogados de inmigración insuficientes, que impide la resolución rápida de las reclamaciones de asilo y han extendido la duración del proceso judicial de inmigración.
Estas fueron las razones en octubre del año pasado para que Biden pidiera $14,000 millones de dólares al Congreso para contratar jueces, crear 100 tribunales de inmigración, contratar agentes de asilo para el servicio de inmigración (USCIS) y cientos de agentes para la Patrulla Fronteriza.
La negativa del Congreso de aprobar la enmienda migratoria en el debate sobre el presupuesto dejó a la Casa Blanca con una capacidad de respuesta agotada para resolver la crisis migratoria.
Otros detalles del nuevo plan de asilo
Segùn el anuncio hecho por Garland y Mayorkas, la nueva política de asilo del gobierno señala que los nuevos casos de adultos detenidos en la frontera y liberados porque tienen una probable causa para que el gobierno los proteja, serán colocados en un RA Docket “y los adjudicadores de la EOIR darán prioridad a la adjudicación de estos casos”.
“El RA Docket operará en cinco ciudades: Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York”. El plan agrega que los jueces de inmigración “intentarán emitir decisiones finales dentro de los 180 días, aunque el tiempo para tomar una decisión en cualquier caso en particular seguirá sujeto a circunstancias específicas del caso y protecciones procesales, incluido dar tiempo a los no ciudadanos para buscar representación cuando sea necesario”.
La semana pasada ambos departamentos también publicaron en el Registro Federal una regla que otorga más poder discrecional a los agentes federales de inmigración para que rechacen peticiones de asilo en la frontera y aceleren las deportaciones.
"Esta regla permitiría al DHS (Departamento de Seguridad Nacional -DHS-) expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijo el ministerio en un comunicado.
A su vez, el DOJ envió un escrito a una corte federal de California para que modifique el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que regula la manera en que el gobierno procesa a los menores no acompañados detenidos en la frontera cuando llegan en busca de asilo.
El citad acuerdo garantiza el mejor bienestar de los niños migrantes y les garantiza el debido proceso en instalaciones seguras y permite que tengan a abogados que los ayuden en sus procesos de asilo. También estipula límites al tiempo en que los menores deben estar privados de libertad y prioriza la entrega a familiares, en el entendido que la presencia indocumentada se trata de una falta de carácter civil y no un acto criminal.
El gobierno de Biden busca retirar del acuerdo al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), que recibe a los menores después de 72 horas detenidos por la Patrulla Fronteriza, y que el DHS se asuma el control sobre ellos mientras duran sus procesos migratorios.
Abogados de inmigración y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes anticipan que los cambios a la política de asilo hechos por el gobierno de Biden serán demandados ante los tribunales de justicia.
