Cuál es el problema de los "asilos frívolos" al que se refiere el secretario de Seguridad Nacional
Algunos inmigrantes que llegan a la frontera sur tras salir de sus países y cruzar territorio mexicano intentan “engañar” el sistema de asilo de Estados Unidos, dijo recientemente Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la cadena CBS, declaraciones que hasta ahora salen a relucir.
Si bien la respuesta llama la atención porque se asemeja a la postura asumida por funcionarios durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021) en el marco de la política migratoria de ‘tolerancia cero’, no es la primera vez que el gobierno del presidente Joe Biden se refiere a los casos de asilo que se registran en la frontera y que acorralan a la Casa Blanca.
A comienzos de febrero, cuando el Senado se alistaba para votar un plan fronterizo que asignaba una partida presupuestaria de $14,000 millones de dólares para aumentar la seguridad en la frontera y agilizar los procesos de asilo, el gobierno de Biden emitió un comunicado asegurando que, “el 80% de los casos referidos para un proceso de asilo” a los tribunales de inmigración tras pasar una primera entrevista de miedo creíble, eran “desestimados y solo el 20% ganan sus juicios”.
La nota de prensa agregó que el gobierno buscaba modificar el estándar de “posibilidad significativa” a “posibilidad razonable”, para de esa forma poder determinar con mayor prontitud en los casos de asilo sobre la evidencia de la prueba.
La diferencia entre la postura del gobierno de Biden y el de Trump radica en que la istración actual se mantiene respetuosa del debido proceso permitiendo hasta ahora que sean los jueces de inmigración quienes decidan.
El gobierno anterior, por el contrario, otorgó poderes extraordinarios a los agentes federales fronterizos para negar asilos, activó un programa para devolver a México a unos 80,000 peticionarios de asilo mientras aguardaban sus casos en tribunales estadounidenses, cerró las fronteras por el covid-19 y activó el Título 42, una herramienta de control sanitario que fue utilizada para acelerar deportaciones sin las debidas protecciones del debido proceso migratorio.
Qué dijo Mayorkas a CBS
En momentos que el Senado sometía a voto por segunda vez el plan migratorio de $14,000 millones que no avanzó por falta de votos de ambos partidos, Mayorkas señaló que “la realidad es que algunas personas realmente intentan engañar el sistema”. Pero enfatizó que “eso no afecta a todas las personas con las que nos encontramos, pero hay un elemento y lo tratamos en consecuencia".
Las declaraciones asomaron en momentos en que la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo reveló, de acuerdo con otro informe de CBS, que en los primeros 21 días de mayo los agentes de la Patrulla Fronteriza registraron un promedio diario de aproximadamente 3,700 detenciones de migrantes entre los puertos de entrada, lo que representó una disminución del 54% con respecto al promedio diario de 8,000 en diciembre.
En abril Univision Noticias reportó que el número de indocumentados detenidos en la frontera en abril había registrado una leve disminución comparado con los arrestos de marzo, una buena noticia para el gobierno de Biden en medio de amenazas anuncios de nuevas reglas para pedir asilo y levantar regulaciones impuestas en un acuerdo judicial que data de 1997 sobre el procesamiento de menores no acompañados.
Pero eso no significa que el gobierno no esté preocupado por el problema. Mientras en la frontera se sigan registrando miles de detenciones a diario, sumado a los cruces indocumentados exitosos, las 1,450 citas diarias obtenidas bajo la aplicación de la herramienta CBO One y los ingresos autorizados bajo el parole humanitario activado en enero de 2023 para inmigrantes originarios de Cuba, Haití y Venezuela, los republicanos, viendo que el sistema migratorio vigente no tiene suficiente capacidad de respuesta para revertir la crisis, siguen culpando a Biden de mantener una política de puertas abiertas en la frontera con México.
La Casa Blanca, por su parte, insiste en que el Congreso debe debatir el tema y aprobar recursos extraordinarios para contratar unos 2,400 agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras, unos 4,300 agentes de asilo del servicio de inmigración y crear 100 nuevos tribunales de inmigración para fortalecer el debido proceso y resolver la acumulación de más de 3.6 millones de expedientes atascados en la Corte de Inmigración.
El drama de los "asilos frívolos"
El tema no es nuevo. Se refiere a aquellos casos en los que un inmigrante, conociendo el sistema, fabrica un caso, lo presenta y es referido a una corte congestionada donde demorará un par de años en ser visto y resuelto, lo que le da margen de maniobra para permanecer en una situación regular. Pero también se da en casos donde el inmigrante “es engañado por el crimen organizado e inventa una historia para burlar el sistema y quedarse en Estados Unidos”, dice Lilia Velásquez, abogada de inmigración y profesora auxiliar de la facultad de derecho de la Universidad de California, en San Diego.
“Les prometen, a cambio de un pago de dinero, que podrán engañar a los agentes federales de inmigración y sus casos serán aprobados por los jueces”, agrega. “Lamentablemente son muchos los que caen en manos de estas bandas que les dicen lo que tienen qué hacer y decir cuando son hallados o detenidos en la frontera”.
Velásquez dice que se trata de un problema “grave” y que el gobierno debe “acabar con el crimen organizado” para proteger el derecho al asilo. Y explica que, lamentablemente, “hay abogados con poca experiencia en este tipo de casos que no se percatan a tiempo del engaño”.
“Lo descubren muchas veces en la antesala del juicio. Son los propios inmigrantes quienes le dicen que al otro lado de la frontera les dijeron lo que tenían que decir”, explica. En esos casos, añade, “el abogado se tiene que retirar del caso “porque ya no hay fundamento. Es una cuestión ética Y entonces la solicitud de asilo se convierte en ‘frívola’”, puntualiza.
Abogados consultados por Univision Noticias también advierten que la acumulación de casos en la EOIR (más de 3.6 millones) y las demoras en adjudicar los casos (en algunos casos más de 5 o 6 años) motivan la proliferación de este tipo de estafas.
Aumentan los "asilos falsos"
Otra estafa que cobró fuerza en los últimos años “se conoce como el fraude de los permisos de trabajo”, reitera Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Les prometen a inmigrantes indocumentados que llevan mucho tiempo en Estados Unidos, tienen familias establecidas y carecen de antecedentes criminales, que califican para un permiso de trabajo (EAD)”.
Una vez hecho el pago por el trámite más la cuota de USCIS, “los charlatanes les dicen que el trámite está hecho y que tardará unos 9 o 10 meses en ser resuelto. Pero no le no le dicen al cliente es que presentaron en su nombre una solicitud de asilo afirmativo. Y como a finales de diciembre había más de 1,117,565 solicitudes pendientes en la USCIS, el caso se demora más de seis meses en ser atendido. Incluso años. Por eso tienen derecho a la autorización de empleo”, indica.
Gálvez explica que, “a los seis meses el gestor o persona que hizo el trámite envía un formulario I-675 para pedir un permiso de trabajo porque el gobierno otorga este beneficio si el caso se tarda más de 180 días. Y cuando llega la autorización de empleo le hacen creer al indocumentado que ya tiene permiso y residencia legal en estados Unidos”.
Pero la mala noticia llega tiempo después cuando USCIS cita al inmigrante y este, o bien se presenta o no recibe la citación porque no registró su dirección. “En ambos casos, al no tener una causa de asilo válida o no acudir a la entrevista, pierde el derecho de permanencia en Estados Unidos y termina en un proceso de deportación”, advierte Gálvez.
“Estos casos cada vez son más frecuentes”, puntualizó.
Los abogados también engañan
Activistas también incluyen a malos abogados en la lista zonas de peligro para los inmigrantes que buscan consejo legal para regularizar sus permanencias en Estados Unidos.
“Hay más abogados de cometen fraudes que proveedores de servicios que no requieren de la representación de un abogado”, dice Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la Coalición para los Derechos Planos de los Inmigrantes en Los Ángeles, California.
“El asunto es que muchos abogados quienes cometen fraudes se convierten en empresas generadoras de ganancias. Extraen los costos del servicio que prometen a los inmigrantes y, al no poder luego cumplirles las promesas, los dejan abandonados”, expresa.
Gutiérrez también señala que “otros que con conocimiento de causa prometen un servicio a sabiendas de que se requiere de trámites adicionales, no lo hacen y dejan abandonados a sus clientes, muchas veces cuando ya han comprometido sus derechos de permanencia en el país”.
Un ejemplo citado por el activista corresponde a indocumentados que han obtenido la residencia legal permanente y tienen que salir del país en busca de una visa de inmigrante y no les advierten que, antes de hacerlo, deben gestionar un Perdón 601-A porque no existe evidencia de una isión legal al país, como estipula la Ley de Inmigración.
“Se dan cuenta del error cuando están fuera y ya no pueden regresar, algunos hasta por 10 años. Quedan varados. Este problema no se comenta mucho y sabemos que se trata de un asunto grave que debe ser atajado. Es una estafa cruel”, indicó.
El Perdón 601-A es obligatorio para indocumentados que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y contraen matrimonio con ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes. El beneficio, creado en 2014, anula temporalmente la denominada Ley del Castigo que sanciona con 3 años fuera si la permanencia indocumentada supera los 180 días o 10 años si la estadía no autorizada sobrepasa los 356 días.
