Le impidieron pedir asilo, volvió a México y la decapitaron: ¿por qué los activistas piden el fin del Título 42?
"Decapitada". Esa fue la causa de muerte que una activista leyó en el acta de defunción de una madre mexicana que intentó pedir asilo en el puerto de entrada de San Ysidro. Le negaron la petición y fue expulsada por la vigencia del Título 42.
"La decapitaron en junio", contó a Univision Noticias Julia Neusner, investigadora de la organización Human Rights First, que hace una semana escuchó esta historia de familiares de la mexicana que también estaban huyendo. Al mostrarle los documentos que corroboran la causa por la que murió la mujer, el cuñado le contó la historia de por qué ahora ellos también estaban huyendo.
"Un mes antes de que la mataran ella había intentado pedir asilo en el puerto de entrada (en mayo). Estaba con sus hijos. Ella fue a San Ysidro, pidió asilo, aseguró que temía por su vida, por lo que le pudiera hacer ese cartel. Buscaba protección. Le dijeron que debido a Título 42 no estaban aceptando peticiones de asilo", según la denuncia de Neusner.
Ese día —y por algunas noches más— la mujer intentó encontrar un albergue en el que dormir con sus hijos. Pero el colapso de la red en Tijuana es tal, que tuvieron que dormir en la calle. "No pudo conseguir un albergue para ella y su familia (...) y no tuvo más opciones que volver a su pueblo, en el sur de México, y la mataron".
Ahora, los niños están en algún lugar de México escondidos con su abuelo, dice Neusner. Ella cuenta que el hombre del que conoció la historia también huyó de su casa porque, además, el mismo cartel desapareció a su padre y sus dos hermanos hace dos años, y los amenazaban de muerte a ellos también.
El Título 42 es una política sanitaria que data de 1944 y que fue implementada en 2020 por el gobierno de Donald Trump para frenar el coronavirus. Pero también sirvió como herramienta para su política migratoria de tolerancia cero al permitir la deportación acelerada de extranjeros que llegan a la frontera en busca de asilo. Sigue en pie por orden de una corte, que ratificó en dos fallos que el gobierno no puede eliminar la medida.
Justo en junio, cuando esta mujer fue asesinada, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) publicó una declaración con la que ordenaba a los agentes de asilo otorgar el beneficio a unidades familiares que "manifiesten temor de regresar o ser devueltos al país del que huyeron". Aseguraba que no serían deportados "sin una evaluación por parte de USCIS (Servicio de Migración) para determinar si es probable que sean perseguidos o torturados".
Este miércoles, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) condenó que el presidente Joe Biden esté ejerciendo "presiones silenciosas" sobre México para ampliar esa medida. Distintas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, han documentado ampliamente desde su inicio, las consecuencias que Título 42 y el extinto programa Quédate en México han generado sobre los migrantes: la violencia que han sufrido en México, la peor de ellas.
Víctimas de delitos
En su último informe titulado 'La pesadilla continúa', la organización Human Rights First contabilizó que desde enero de 2021 hasta el 16 de junio de 2022 había más de 10,318 reportes de asesinatos, secuestros, violaciones, torturas y ataques violentos contra migrantes que fueron empujados a permanecer en México bajo Título 42.
El reporte cuenta distintos casos de personas que resultaron víctimas luego de que se les negara la posibilidad de pedir asilo con el argumento de la vigencia de Título 42. Entre ellos, está la historia de la haitiana Jocelyn Anselme, de 34 años, asesinada en mayo en Tijuana tras un intento de agresión y robo; o el de una mujer cubana y su hijo, que fueron secuestrados en abril de 2022 en Ciudad Juárez y los torturaron por 26 días hasta que sus familiares en Estados Unidos pagaron 30,000 dólares por su rescate.
También cuentan el caso de Irene, una mujer salvadoreña y su hija que huyeron de su país tras ser amenazadas de muerte y fueron secuestradas dos veces por un cartel en Ciudad Juárez que actuaba en complicidad con la policía local. En su segunda expulsión en la frontera bajo Título 42 fueron secuestradas nuevamente por más de un mes. La ONG cuenta al menos nueve casos más en que las autoridades mexicanas —policía estatales, funcionarios de migración o militares— estuvieron envueltos en los crímenes, ya sea porque los perpetraron, no los investigaron o porque extorsionaron o violaron a migrantes.
Entre ellos, cuentan lo que vivió una hondureña de 12 años en Ciudad Acuña en mayo de 2022: un policía estatal de Coahuila la violó cerca de la plaza pública en la que dormía su familia.
Desesperados por la espera y la violencia a la que están expuestos, narra el informe, decenas de migrantes cruzan la frontera por puntos no autorizados arriesgando sus vidas hasta la muerte. Neusner cuenta que la familia de la mujer decapitada en junio planea cruzar a Estados Unidos por un punto no autorizado, tras perder la esperanza de poder solicitar asilo en un puerto fronterizo.
La Organización Internacional para la Migración (OIM) calcula que al menos 297 migrantes han muerto este año al intentar cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. En 2020, el número fue de al menos 650, la cifra más alta registrada desde que la agencia de la ONU comenzó a documentar estas muertes en 2014.
"La situación para los migrantes que están en la frontera es consistentemente mala", condena Neusner. "Título 42 está poniendo a la gente es una situación muy peligrosa".
