Juez federal ordena al gobierno de Biden frenar la expulsión de familias migrantes a México por razones de salud pública
Un juez del Distrito de Columbia ordenó al gobierno de Joe Biden frenar la expulsión de familias migrantes con hijos menores de edad bajo el contempló el cierre de la frontera por la pandemia y que la corte considera "ilegal".
El fallo establece que el a pruebas y vacunas en el país es suficiente para mitigar la transmisión del virus durante el procesamiento de migrantes en la frontera. Esto como respuesta a los argumentos del gobierno de que mantener detenidos a migrantes en centros de la Patrulla Fronteriza puede generar un aumento de casos incluso entre funcionarios.
"Las vacunas que protegen contra el riesgo de sufrir una versión seria de la enfermedad y hospitalizaciones han sido ampliamente puestas a disposición en Estados Unidos", señala el juez Emmet Sullivan en su opinión sobre este caso. Plantea que posiblemente las autoridades deban reubicar más insumos en la frontera, pero precisa que "en vista de la amplia disponibilidad de pruebas, vacunas y otras medidas para minimizar la transmisión, esta corte no está convencida de que la transmisión del covid-19 durante el procesamiento en la frontera no pueda ser mitigada significativamente".
La demanda fue interpuesta en enero de 2021 contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por un grupo de familias solicitantes de asilo que huyeron a Estados Unidos con sus hijos menores de edad. A partir de ahora, el gobierno tiene 14 días para apelar la decisión, por lo que esta orden no entrará en efecto hasta entonces. Una corte emitió más de una decena de órdenes de emergencia entre enero y febrero para frenar la remoción del país de estas familias que son parte de la demanda.
En su opinión, el juez Emmet Sullivan explica que los demandantes son personas que huyeron de la violencia de sus países y que "podrían correr grave peligro en sus países de origen". Asevera que este es el momento para brindarles una protección y no cuando la consecuencia de una expulsión sea más grave. Los demandantes alegan que entre ellos hay aproximadamente 21,500 de familias que han sido puestos bajo la medida sin que se les permita solicitar asilo previamente.
"La Corte determinó que los demandantes han demostrado suficientemente que podrían sufrir un daño irreparable (...) Alegan que los daños podrían no tener remedio", se lee en el documento, que detalla que no buscan una indemnización sino "la invalidación de Título 42".
"El proceso del Título 42 priva a los demandantes (...) de una oportunidad de buscar protecciones humanitarias bajo el asilo", agrega. En distintas partes de su opinión, el juez cataloga Título 42 como una medida "ilegal".
Esta política sanitaria fue implementada en marzo de 2020 por el gobierno de Donald Trump amparado en la pandemia. Joe Biden la ha perpetuado pese a la exigencia de las organizaciones de derechos humanos para que sea eliminada. La consideran como un freno al derecho de los migrantes de pedir asilo en Estados Unidos y una forma de revictimización de personas que vienen huyendo tras haber sufrido violencia en sus países y que son incluso devueltos de forma expedita a sus países, pese al riesgo —inlcuso de muerte— que representa para algunos de ellos.
A inicios de julio, más de 105 organizaciones conformadas por abogados, defensores de derechos humanos, de derechos civiles y para los refugiados enviaron una carta a Biden manifestándole su "alarma y decepción" y pidiéndole que permitiera a los migrantes pedir protecciones y permanecer en Estados Unidos con brazaletes electrónicos de tobillo. Además aseguraron que al enviarlos a México los exponen a la violencia de los grupos criminales dedicados a la extorsión, secuestro, robo y agresión de migrantes.
La organización Human Rights First ha detectado al menos 6,356 ataques violentos contra personas que buscaban solicitar asilo en Estados Unidos y fueron expulsados.
Además, organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) han denunciado que Título 42 termina por exponer a una deportación sumaria a Menores No Acompañados (UAC en inglés) sin el "debido proceso, incluso cuando el niño está huyendo del peligro, busca protección en Estados Unidos y no muestra síntomas de covid-19". En enero, uno de los abogados de ACLU aseguró que más de 13,000 niños resultaron afectados por esta política, pese a que tenían derecho a pedir asilo.
En el año fiscal 2020, el gobierno de Trump expulsó a más de 200,000 personas bajo Título 42 en la frontera sur. En lo que va de año fiscal 2021, el número ha escalado hasta 937,629 personas que intentan entrar por la frontera sur, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Desde su entrada en vigencia, los migrantes han terminado en México confundidos, sin entender cuál es el proceso migratorio que sigue para ellos o cuándo podrán pedir asilo.
Buena parte de ellos vienen en viajes alentados por coyotes, que les cobran miles de dólares para cruzar la frontera. En su decisión, el juez Sullivan destaca que lejos de frenar la migración, Título 42 sigue alentándola y motivando a los migrantes a intentar nuevos cruces, unos seguidos de otros.
La medida anunciada este jueves protege de Título 42 a familias con niños menores de edad. Deja por fuera a adultos que vienen solos y que también son vulnerables, como personas de la comunidad LGBTI que también huyeron de sus países y buscan protección.
Eleanor Ace, directora senior de protección de refugiados de Human Rights First, celebró la medida, pero sigue exigiendo que se acabe por completo: "El gobierno de Biden debe recomenzar a procesar asilos, incluyendo en los puertos de entrada, y debe dejar de devolver a familias y a adultos para que sufran formas terribles de violencia. Debe acabar permanentemente con esta terrible política diseñada por el gobierno de Trump para castigar a los refugiados por buscar seguridad en Estados Unidos".
"El gobierno de Biden debe aceptar la decisión de la corte y reinstaurar un sistema de asilo justo y humano en la frontera", señaló de su parte Joan Rosenhauer, director ejecutivo del Servicio Jesuita de Refugiados. "Tiene una responsabilidad moral y legal de rescindir Título 42 y revivir el sistema de asilo de Estados Unidos".
Mira también:
