El gobierno reitera que seguirá deportando bajo el Título 42 por la pandemia
Ante el aumento de migrantes que llegan a la frontera sur en busca de deportación acelerada de extranjeros.
La decisión se toma en momentos en que la Casa Blanca anunció que el 70% de los adultos tienen al menos una dosis de la vacuna para prevenir enfermarse con covid-19, pero en medio de una fuerte propagación de la variante delta, altamente contagiosa, que está saturando las salas de emergencia de hospitales en casi todos los estados de la nación.
La nueva ola ha obligado a las autoridades federales y estatales a revisar los protocolos de salud pública y recomendar nuevamente el uso de mascarillas en recintos cerrados, incluso para las personas vacunadas, y en distintas partes del país la vacunación ya es obligatoria.
El argumento del DHS
El DHS explicó que el Título 42, una vieja medida de 1944 desempolvada el año pasado por el gobierno de Donald Trump, “no es una autoridad de inmigración, sino una autoridad de salud pública, y los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) dictan su uso continuo y se rigen por el análisis de los factores de salud pública”.
Simultáneamente a la aplicación de la medida sanitaria, el DHS aseguró que el gobierno “continúa trabajando para construir un sistema de inmigración justo, ordenado y humano, incluso ampliando las vías legales hacia Estados Unidos y desalentando la migración irregular”, una de las promesas de campaña del presidente Joe Biden.
Pero organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes insisten en que el gobierno viola acuerdos internacionales al negarle a miles de personas el legítimo derecho de pedir asilo, un recurso legal aprobado por el Congreso que se mantiene vigente.
Otros deportados
La semana pasada, el gobierno anunció la “reaanudación de la deportación acelerada de determinadas unidades familiares” (Expedited Removal) que no califican bajo el Título 42, un recurso que para el DHS “proporciona un procedimiento legal y más acelerado” para expulsar del país aquellas unidades familiares “que no tienen una base bajo la ley estadounidense para estar en Estados Unidos”.
El ministerio advirtió que quienes “intentan cruzar” al país entre puertos de entrada o eludir la inspección en ellos "es la manera incorrecta de llegar y entrar". "Estos actos son peligrosos y pueden tener consecuencias migratorias a largo plazo para las personas que intentan hacerlo”, recordó.
El reglamento, actualizado en 2001, señala que se aplica a los extranjeros inisibles en Estados Unidos “únicamente” bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Los primeros vuelos
El viernes, tres días después del anuncio de la reactivación de las deportaciones expeditas, el DHS confirmó que se habían llevado a cabo los primeros vuelos con deportados originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras y que no calificaban para pedir asilo.
“De acuerdo con ese enfoque, el DHS reanudó hoy los vuelos de deportación acelerada (expedited removal) para ciertas familias que llegaron recientemente a la frontera sur, no pueden ser expulsadas bajo el Título 42 y no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos, dijo el departamento.
De acuerdo con datos del DHS, hasta el viernes se habían llevado a cabo dos vuelos con deportados operados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que despegaron de Brownsville (Texas) con 73 familiares.
Originalmente, 147 adultos y niños formaban parte de la lista de pasajeros a ser expulsados del país, pero a muchas de ellas les detectaron que se encontraban infectadas con covid-19 y fueron retiradas abruptamente de los manifiestos de pasajeros, reportó el diario The Washington Post.
ACLU reactiva demanda
Tras conocer la decisión de mantener vigente el Título 42, Título 42 del Código de Estados Unidos.
El grupo de derechos civiles dijo en su cuenta de la red social Twitter que, "por lo tanto, las partes buscan reanudar el litigio sobre las mociones de los Demandantes para la certificación de clase y la orden judicial preliminar para toda la clase".
La ACLU demandó la política del Título 42 en febrero, dos semanas después de que Biden asumiera el control de la Casa Blanca. Un mes antes, un de jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia avaló la política de Trump dejando sin efecto un bloqueo temporal emitido en noviembre del 2020 por una corte inferior en otra demanda presentada también por la Unión.
En enero, Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU, dijo que “la orden del gobierno ya ha permitido la rápida expulsión de más de 13,000 niños que necesitan protección y que tenían derecho legal a solicitar asilo en Estados Unidos”. "Esperamos que el gobierno de Biden no haga necesario un litigio en curso al rescindir esta política ilegal creada por la istración Trump", indicó.
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