Derecho a la ciudadanía por nacimiento: una corte de apelaciones revisa la orden de Trump para eliminarlo
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en Seattle, escuchó este miércoles los argumentos sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos para los niños de padres extranjeros.
La demanda fue presentada por varios estados, entre ellos Washington. Cada parte contó con 25 minutos para presentar sus argumentos.
En su exposición, el abogado del gobierno insistió en que los hijos de inmigrantes temporales o indocumentados residentes en el país no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y que, por eso, deben ser considerados como ciudadanos de los países de origen de sus padres.
Los abogados por los estados insisten en que el derecho de la ciudadanía por nacimiento está garantizado en la Constitución y en decisiones previas para los niños nacidos en Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio de sus padres y del tiempo en que permanezcan en el país. El abogado por el estado replicó que "no existe base para aceptar" la "postura tan radical" del gobierno de Trump para acabar con este derecho.
El abogado del gobierno defendió la orden ejecutiva al asegurar que está basada en la historia y en información. Respondió que las leyes de Estados Unidos no contemplan que se otorgue la ciudadanía a aquellas personas que no tienen bases de "lealtad", como los turistas que viajan a Estados Unidos para que sus hijos nazcan en el país.
La revisión del caso en este tribunal ocurre al tiempo que la Corte Suprema evalúa si la orden ejecutiva de Trump puede entrar en efecto parcialmente en los estados donde no se presentaron demandas. Sin embargo, el máximo tribunal no está considerando la constitucionalidad de la medida, como sí lo hará el de jueces de la Corte de Apelaciones a partir de este miércoles. La decisión de la Corte Suprema se espera para finales de mes o a inicios de julio.
La base de la revisión en la Corte de Apelaciones
Los tres jueces del en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito —dos de ellos nominados por el expresidente demócrata Bill Clinton y uno por Trump en su primera presidencia— escucharon los argumentos tras el pedido del gobierno de revisar la decisión del 6 de febrero del juez John C. Coughenour, del Distrito Oeste de Washington.
Coughenour catalogó la orden ejecutiva de Trump como "descaradamente inconstitucional" y cuestionó que el mandatario "ignorara" el "estado de derecho (...) ya sea para obtener beneficios políticos o personales".
El fallo de Coughenour se presentó a continuación de otros dos más en cortes de Massachusetts y Maryland, donde jueces federales emitieron decisiones similares, bloqueando la entrada en vigor de la orden ejecutiva de Trump del 20 de enero para acabar con este derecho.
Abogados, organizaciones y fiscales generales en 22 estados han asegurado que el derecho a la ciudadanía por nacimiento es incuestionable. Defienden que el presidente no tiene la autoridad para rescindir una enmienda de la Constitución —en este caso la Enmienda 14— con una orden ejecutiva. Aseguran que Estados Unidos siempre ha reconocido el principio de jus soli. Este contempla que cualquier niño nacido en el país es ciudadano por nacimiento, sin importar si sus padres tienen la nacionalidad estadounidense. "Es un fundamento de nuestra democracia (...) y ha dado forma a un sentimiento compartido de pertenencia nacional por generaciones de ciudadanos", se lee en una de las demandas.
Una de las excepciones está en los hijos nacidos en EEUU de padres diplomáticos, que se consideran ciudadanos del país de origen de la familia.
En su orden ejecutiva del 20 de enero, Trump estableció que serían ciudadanos de Estados Unidos sólo los bebés nacidos con al menos un padre ciudadano o residente estadounidense. De esa forma, buscó excluir de este derecho a los niños de inmigrantes indocumentados o de padres con beneficios temporales, como acciones diferidas, visas, estatus de protección temporal o asilo.
Los demandantes en el caso que revisa la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito estiman que más de 150,000 recién nacidos no obtendrían la ciudadanía estadounidense al año si se permite la entrada en vigencia de la orden ejecutiva de Trump en todo el país.
Organizaciones dedicadas al estudio de temas migratorios y de población, como el Instituto de Políticas Migratorias (MPI) y el Instituto de Investigación de la Población de la Universidad Estatal de Pensilvania también han asegurado que revocar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes que no sean ciudadanos o residentes permanentes en Estados Unidos tendrá consecuencias a futuro: un aumento "significativo" de la población indocumentada en el país.
