Ciudadanía por nacimiento: 3 preguntas de la Corte Suprema que pueden definir su decisión sobre el poder de los tribunales frente a las órdenes de Trump
Por más de dos horas, los magistrados de la Corte Suprema cuestionaron este jueves a los abogados del gobierno de Donald Trump y de las organizaciones de inmigrantes sobre un tema que podría cambiar el alcance de las decisiones de las cortes federales, pero también el destino de un derecho fundamental: el de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
La audiencia de este jueves surgió de un reclamo del gobierno ante los magistrados el 13 de marzo: ¿por qué las decisiones de las cortes federales pueden frenar una conocidas como 'universal injunctions'— son inconstitucionales porque interfieren con las funciones del Poder Ejecutivo.
En este caso, según el gobierno, interfirieron con la entrada en vigor de la orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por nacimiento en todo el país para los hijos de inmigrantes, si al menos uno de sus padres no era ciudadano o residente permanente. El decreto de Trump recibió una y otra vez la misma respuesta en cortes de Washington, Massachusetts, Maryland y en tribunales donde apelaron: de forma unánime planteaban que acabar con ese derecho es inconstitucional.
De ahí partieron los argumentos que el procurador general, John Sauer, presentó en nombre del gobierno: dijo que estas decisiones se han convertido en un "problema bipartidista" arrastrado durante las últimas cinco presidencias. Condenó que en lo que va de gobierno estas cortes han emitido 40 medidas cautelares nacionales en contra de decisiones de Trump. Cerró su respuesta a los magistrados insistiendo en que debe limitarse el accionar de las cortes inferiores.
Los abogados de las organizaciones de inmigrantes afectados por un eventual freno al derecho a la ciudadanía por nacimiento propusieron un punto medio: que las cortes puedan decidir en desafíos que involucran derechos constitucionales, como la ciudadanía por nacimiento, consagrada en la Enmienda 14.
Por ahora, la Corte Suprema no analizará la cuestión de fondo sobre si es legal o no el decreto que limita el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Los magistrados intentaron entender con sus preguntas cómo podría operar el gobierno si el máximo tribunal les diera la razón y permitiera la implementación de la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento sólo en los estados donde no hay demandas: qué pasaría entonces con los niños que nacen en esos estados, cómo se aplicaría la orden ejecutiva. Con sus preguntas, los magistrados mostraron sus dudas sobre este tema. Te presentamos algunas de ellas:
"¿Nos sentamos a esperar por las demandas de cada persona?"
Los argumentos iniciales los presentó Sauer. Defendió que los bloqueos de las cortes deberían proteger solo a las personas y estados que exigieron el freno de la orden ejecutiva.
La magistrada Sonia Sotomayor replicó de inmediato con una pregunta para Sauer: "Cuando un nuevo presidente decide que porque hay demasiada violencia con armas en el país tiene el derecho de quitar las armas a todos (...) ¿Nosotros y la Corte nos tenemos que sentar a esperar hasta que cada persona a la que le quitaron un arma acuda a la corte?".
Él respondió que lo que debería ocurrir es que los casos se analicen en demandas colectivas, presentadas por clases en varios tribunales. Dijo que con eso los asuntos en debate podrían tomar su curso en esas instancias.
Pero los jueces retomaron el tema, poco convencidos con la respuesta del procurador.
La jueza Elena Kagan —igual que el juez Samuel Alito— le recordaron a Sauer que la orden ejecutiva para acabar con la ciudadanía por nacimiento había sido repelida por varias cortes federales. Le preguntaron cómo, si las cortes concluyen que el decreto de Trump es ilegal, debe proceder el máximo tribunal bajo la teoría del gobierno sobre el poder limitado de los tribunales.
"¿Debe cada persona afectada por esta orden ejecutiva presentar su propia demanda?", le preguntó Kagan. "¿Cuánto tiempo llevará?", cuestionó al asegurar que no todos los afectados por la orden ejecutiva tienen los recursos para presentar una demanda.
Sauer intentó responder, pero más magistrados intervienieron para aclarar que no habían escuchado un planteamiento claro con el que el tribunal pudiera garantizar rápidamente que el gobierno no avanzara con medidas inconstitucionales.
En este tema, los abogados de los demandantes tuvieron ligeras coincidencias con el gobierno. Kelsi Corkran, directora de la Corte Suprema en el Instituto de Defensa y Protección Constitucional de Georgetown y quien representó a las organizaciones de inmigrantes, sugirió que debe haber un punto medio en el alcance de las decisiones de las cortes inferiores: "Lo que creo que puede hacer la Corte (Suprema) es identificar principios que le provean una guía a los tribunales inferiores sobre cuándo es apropiado emitir estos interdictos. Que le diga 'si vas a emitir un interdicto que va a tener un impacto en otras personas, tienes que realmente hacer una evaluación enorme antes de hacer algo como eso'".
Poco antes, la magistrada Kagan había manifestado la "frustración" que le produce la selección de las cortes por parte de los demandantes, según el gobierno de turno. Planteó que en el primer gobierno de Trump iban a las cortes de San Francisco para desafiarle y que en el de Biden, los reclamos se llevaron a las cortes más conservadoras de Texas.
Las organizaciones demandantes reaccionaron. En un comunicado, Ama Frimpong, directora legal de CASA, aseguró que "lo que Trump y su istración están tratando de hacer es borrar a nuestras comunidades, a nuestras familias completamente de este país. Quieren negarle la ciudadanía a niños nacidos aquí, a nuestros niños, a nuestros bebés, sólo porque sus padres son inmigrantes".
"¿Qué deben hacer los hospitales con los recién nacidos?"
En Estados Unidos, cuando nace un niño el hospital otorga a los padres un documento con la información del nacimiento del bebé en la institución. Con eso, se tramita el certificado de nacimiento, fundamental para asegurar la nacionalidad estadounidense.
El juez conservador Brett Kavanaugh le hizo al procurador Sauer una pregunta que catalogó como "muy práctica" para entender cómo funcionaría la orden ejecutiva si recibiera luz verde de la Corte Suprema: ¿qué deben hacer los hospitales tras el nacimiento de un bebé de padres indocumentados o con estatus legal temporal en el país?
Sauer respondió que podrían resolverlo de varias maneras. Una de ellas, pidiéndole a los padres los documentos que demuestren que tienen un estatus legal permanente en el país.
—¿Para todos los recién nacidos? — preguntó Kavanaugh.
—No sabemos — respondió Sauer. Porque a las agencias no se les ha dado la oportunidad de formular la guía.
El juez le recordó que sólo tienen 30 días para hacerlo en caso se permita la entrada en vigor del decreto de Trump.
¿Dónde se es ciudadano estadounidense?
Aunque es difícil de entender, la decisión de la Corte Suprema, que se espera para finales de junio, puede cambiar el alcance del derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
El procurador general de Nueva Jersey, Jeremy Feigenbaum, que representó a los gobiernos estatales y locales, planteó que en la práctica uno de los impactos si la Corte Suprema avala al gobierno, será que unos estados garantizarán la ciudadanía por nacimiento mientras que otros no. Se preguntó si ese derecho entonces se activará y desactivará según donde se encuentre el niño.
Planteó el ejemplo de Nueva Jersey, uno de los estados en los que los niños mantendrían la ciudadanía: si nació en otro estado y entra a Nueva Jersey, analiza, podría ser elegible para todos los beneficios de ley para los ciudadanos estadounidenses. ¿Los perdería al cruzar las fronteras del estado?
Asegura que nunca en la historia del país se había permitido que "la ciudadanía de las personas de active y desactive" cuando cruzan fronteras de un estado a otro.
Ante los argumentos de Feigenbaum, la jueza Ketanji Brown Jackson cuestionó qué daño sufre el gobierno mientras "se evalúa la legalidad de su conducta": "No entiendo por qué ese no es el foco aquí".
Trump ha firmado una avalancha de agresivos decretos desde que regresó al poder en enero. Lo ha hecho cuando en algunos casos expertos consideran que para cambiar una ley que ya existe en la Constitución de Estados Unidos, se debe proponer y ratificar una nueva enmienda. Para ello existen dos formas: mediante el voto de dos tercios de ambas cámaras del Congreso o mediante una convención constitucional convocada por dos tercios de los 50 estados del país. Una vez propuesta, la enmienda debe ser ratificada por tres cuartas partes de los 50 estados, ya sea a través de sus legislaturas o mediante convenciones estatales.
