Cómo el fin de la ciudadanía por nacimiento multiplicaría la población indocumentada en Estados Unidos
Revocar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes que no sean ciudadanos o residentes permanentes en Estados Unidos tendrá consecuencias a futuro: un aumento "significativo" de la población indocumentada en el país.
Eso sugiere un estudio del Instituto de Políticas Migratorias (MPI) y el Instituto de Investigación de la Población de la Universidad Estatal de Pensilvania.
El análisis indica que, si se negara la ciudadanía por nacimiento a los hijos de padres que carecen de ciudadanía o residencia legal permanente, la población no autorizada será un 40% mayor para 2075 que si se mantiene este derecho, tal como está consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución.
Las proyecciones de ambos institutos de investigación señalan que para el año 2045 habrá 2.7 millones de personas indocumentadas más y para 2075 serán 5.4 millones más. "Cada año, durante los próximos 50 años, un promedio de unos 255,000 niños nacidos en suelo estadounidense comenzarían su vida sin la ciudadanía estadounidense basada en el estatus legal de sus padres", explica el reporte, que asegura que la estimación "es conservadora".
El estudio fue publicado en mayo. Justo este jueves la Corte Suprema escuchará al menos por una hora los argumentos del gobierno y de organizaciones que representan a inmigrantes afectados sobre por qué el máximo tribunal debe frenar o dar paso —en todo el país o sólo en los estados donde hay demandas— a la orden ejecutiva de Trump que busca poner fin a este derecho.
El MPI estima que en 2023 en Estados Unidos vivían al menos 13.7 millones de inmigrantes indocumentados. "La eliminación de la ciudadanía por nacimiento para muchos niños crearía una subclase multigeneracional que se perpetuaría, en la que los residentes nacidos en Estados Unidos heredarían la desventaja social de sus padres e incluso, con el tiempo, la de sus abuelos y bisabuelos", se lee en el reporte.
La pelea por la ciudadanía por nacimiento llega a la Corte Suprema
La Enmienda 14 de la Constitución establece que todas las personas —sin excepción— nacidas en Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción, así como las naturalizadas, son ciudadanos de Estados Unidos.
Desde su primer gobierno, el presidente Donald Trump ha intentado acabar con este derecho. No pudo entonces, pero al inicio de su segundo mandato Donald Trump firmó una orden ejecutiva para limitar quiénes pueden ser estadounidenses por nacimiento. En ese decreto estableció que sólo podrían los bebés con al menos un padre ciudadano o residente permanente. De esa forma, excluyó a los hijos de inmigrantes indocumentados o de padres con beneficios temporales, como acciones diferidas, visas, estatus de protección temporal o asilo.
De inmediato, este decreto enfrentó desafíos legales en cortes de todo el país. Jueces de distrito de estados como Washington, Massachusetts y Maryland fallaron de forma unánime en contra del gobierno y bloquearon la entrada en vigencia de la orden ejecutiva.
En estos estados, las demandas presentadas defendieron que el presidente no tiene la autoridad para rescindir una enmienda de la Constitución con una orden ejecutiva. Aseguraban que Estados Unidos siempre ha reconocido el principio de jus soli: que cualquier niño nacido en el país es ciudadano por nacimiento sin importar si sus padres tienen la nacionalidad estadounidense. "Es un fundamento de nuestra democracia", se lee en una de las demandas.
Este jueves, el principal tema que analizarán los magistrados de la Corte Suprema es si, en este caso, las cortes inferiores pueden dictar 'universal injunctions' o interdictos universales para frenar una orden presidencial nacional. El gobierno de Trump asegura que esta práctica es inconstitucional, porque se entromete en las funciones del Poder Ejecutivo.
Si la Corte Suprema da luz verde a la petición del gobierno, la orden ejecutiva que establece los límites a la ciudadanía por nacimiento podría ser aplicada parcialmente en el país, excluyendo a los estados donde hay demandas. Esto pese a que se trata de una medida que distintos jueces determinaron que incumple la Constitución.
El impacto en sus vidas
El reporte del MPI y la Universidad de Pensilvania enumera el impacto que generaría el fin de la ciudadanía por nacimiento en los niños por nacer: "No podrían trabajar legalmente, acceder a apoyo económico en momentos de necesidad, recibir matrícula estatal o ayuda financiera para la educación superior en muchos estados, ni participar plenamente en la sociedad, lo que dificultaría su capacidad para contribuir al máximo de su potencial".
Aseguran que acabar con este derecho "relegaría a un grupo creciente de trabajadores a empleos de bajos salarios y frenaría el crecimiento económico del país".
Univision Noticias publicó a mediados de abril la historia de Karina Ambartsoumian-Clough, una mujer que vivió por 37 años en Estados Unidos sin ciudadanía tras haber nacido en la extinta Unión Soviética y no ser reconocida por ningún país. "No le deseo a nadie ser apátrida. Es una experiencia horrorosa, una negación del derecho humano básico de tener protección (...) Quedas estancado, sin posibilidad de mantenerte o mantener a una familia", dijo a Univision Noticias. "Estás vivo, pero eres incapaz de existir. Es muy duro".
Los institutos de investigación concluyen en su publicación que perpetuar las desventajas con el fin de la ciudadanía por nacimiento sería una acción sin precedentes en la legislación migratoria de Estados Unidos: "Iría en contra del sentido de justicia estadounidense, que ha rechazado que los pecados de los padres recaigan sobre los hijos".
