Bajo vigilancia y con un calor infernal, caravana de migrantes sigue viaje hacia Ciudad de México
Jorge Escobar, un inmigrante guatemalteco de 28 años que viaja en la quinta caravana junto a su esposa, dos hijos pequeños de 7 y 4 años, una hermana, el esposo de ella y dos sobrinos, también menores de edad, dice que el miedo a contagiarse de covid-19 “es lo de menos” y que el instinto por sobrevivir “es mayor que el miedo a contagiarse”.
Escobar llevaba cuatro meses esperando por sus papeles como refugiado y un permiso de trabajo en Tapachula (sur de México). “Llegué con mi familia en junio luego que huimos de Retalhuleu (una zona agrícola del sur de Guatemala) porque ya no pude pagar la extorsión de la Mara”.
Se refiere a la Mara Dieciocho, una de las pandillas más peligrosas que opera en Centroamérica y que controla barrios enteros exigiendo el pago de cuotas a sus habitantes. “Me amenazaron con matar a mi familia. Se metieron a mi casa. Por eso nos escapamos a México”, agrega.
Como él, otros tres mil migrantes (cuatro mil, dicen activistas) iniciaron el sábado una caminata en la que denominan la 5ta Caravana que sale de Tapachula, esta vez rumbo a la capital de México para pedirle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que les de papeles como refugiados y un permiso de trabajo.
“Pero si después podemos, seguiremos viaje a la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo”, dice Escobar. “Tenemos fe en Dios que lo vamos a conseguir”.
Calor infernal
La tercera jornada ha sido idéntica a las del sábado y el domingo. “El sol está fuerte, mucho calor, pero gracias a Dios con fe aquí vamos”, dice al otro lado del teléfono la inmigrante hondureña Yaneli Supaya Castillo, de 29 años, quien huyó de su país tras el asesinato de su esposo a manos de sicarios de una pandilla.
Madre de un niño de 6 años y una niña de 11, la mujer marcha junto a otros ocho familiares, donde también van niños de corta edad. “En mi país hay mucha delincuencia, no se puede vivir. Por eso escapamos a México, para venir hasta Estados Unidos, pro nos quedamos atrapados en Tapachula”.
Los relatos de los cientos de migrantes que integran la caravana son similares. Son víctimas de actos delictivos, de la pobreza extrema, la falta de oportunidades y miedo. Y luego de sopesar los riesgos de quedarse deciden huir, sin imaginar que el sufrimiento del escape se parece mucho al que dejaron a tras, pero en el camino se dan cuenta que no les queda otra que aferrarse a la fe.
“Si volvemos sabemos que nos matan, pero si seguimos confiamos en Dios en que lo vamos a lograr, que nuestros hijos tendrán un futuro”, dice la mujer.
El municipio de Huixtla se ubica a 44 kilómetros de Tapachula. La entrada a la ciudad está resguardada por policías, elementos de la Guardia Nacional de México y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Constancia de persecución
Entre los papeles que Castillo lleva consigo hay un acta emitida por la Secretaría General del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras. En el documento se lee que la inmigrante es una “presunta víctima”, ella y su núcleo familiar, de amenazas de muerte” por parte de integrantes de Mara Salvatrucha (MS), otra de las pandillas organizadas que asola Centroamérica.
Otro documento señala que 15 integrantes de la familia de Castillo también fueron amenazados por la pandilla.
A la pregunta si cuando llegaron a Tapachula, hace más de cuatro meses, las autoridades mexicanas les dieron asilo o documentos para poder trabajar en ese municipio, la inmigrante dice que “estábamos esperando una cita, pero ya llevábamos más de tres meses y nada. Por eso salimos en la caravana hacia el DF".
El INM, por su parte, insiste en que los extranjeros que iniciaron sus procesos como refugiados o entablaron un juicio de amparo, deben esperar las resoluciones de sus casos en Tapachula o, de lo contrario, pueden perder sus derechos de permanencia en México.
El amparo es un recurso legal disponible que garantiza que mientras los procesos están abiertos, los demandantes no pueden ser detenidos ni deportados a sus países de origen.
“La Ley de Amparo ordena a dichas personas a permanecer en la entidad donde se iniciaron los juicios correspondientes, hasta que se dicte la sentencia ejecutoria o fallo definitivo”, indica un comunicado de la dependencia. “Por ello, el INM recomienda a las personas migrantes quedarse en el estado de Chiapas para recibir la respuesta a su juicio de amparo”, agrega.
Razones para caminar despacio
Si bien la caravana lleva tres días de camino hacia el Distrito Federal (DF), la caminata es lenta y permanece dentro de la jurisdicción del estado de Chiapas. La razón de la demora es simple: temen que cuando los inmigrantes salgan del territorio del estado serán detenidos porque los documentos de amparo no serán válidos.
“Así es, eso es cierto”, dice Luis García Villagrán, director ejecutivo del Centro de Dignificación Humana A.C., una de las organizaciones que convocó la 5ta Caravana. “Ese es el riesgo que existe, que cuando pongamos un pie fuera del Estado de Chiapas las autoridades de inmigración nos detengan. Pero vamos a seguir para que escuchen nuestras peticiones”.
García Villagrán dijo además que “van muchas mujeres y niños y el calor es sofocante. Esa también es una de las razones de la lentitud de la marcha. La gente tiene ampollas en los pies y le cuesta cada noche recuperarse para seguir caminando”.
Si bien muchos inmigrantes tras el pago de 5 pesos por usar el sanitario y 10 pesos por una ducha quedaron agradecidos, otros no corrieron la misma suerte porque no llevan dinero consigo, viven de la caridad.
“Si tenemos necesidades, pues solo así, sentaditos porque no hay de otra”, dice Escobar. “Es difícil, pero tenemos que seguir caminando porque ya no podemos regresar”, señala.
Los organizadores dicen que esta noche (lunes) dormirán en el parque central (plaza) de Huixtla y que mañana (martes) avanzarán otros 10 o 12 kilómetros en dirección al DF. “Bajo el sol, despacio, rodeados de mucha vigilancia y con los agentes del INM como buitres en la parte de atrás de la caravana agarrando a los que se quedan rezagados para devolverlos a Tapachula”, dice Irineo Mujica, director ejecutivo de Pueblo Fin Fronteras, otro de los grupos que organizó la caravana.
