Siete policías demandan a Trump y a grupos de ultraderecha por el asalto al Capitolio
Siete agentes de la Policía del Capitolio presentaron este jueves en el asalto al Capitolio del 6 de enero.
La demanda fue presentada ante una corte del Distrito de Columbia (Washington DC) y en ella se afirma que los señalados violaron la llamada Ley Ku Klux Klan de 1871 que incluye previsiones para proteger al Congreso de interferencias violencias que le impidan su trabajo legislativo.
El documento presentado se afirma que Trump "trabajó con supremacistas blancos, grupos violentos extremistas, y seguidores de su campaña para violar la Ley Ku Klux Klan y cometer actos de terrorismo doméstico en un esfuerzo ilegal para permanecer en el poder".
"Como esta demanda deja claro, la insurrección del 6 de enero fue no solo un ataque a individuos, sino un ataque a la democracia misma", indicó Damon Hewitt, presidente de Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, que representa a los siete agentes.
Y añadió: "Fue un intento descarado de suprimir los votos y las voces de millones de estadounidenses, particularmente votantes negros".
La primera que acusa a Trump de conspirar
Esta demanda sigue a otras dos similares presentadas recientemente por congresistas demócratas. En ellas se alega que las acciones de Trump y sus seguidores condujeron al asedio violento del Capitolio en el que resultaron heridos agentes de policía; el asalto que detuvo la certificación de la victoria del presidente Joe Biden y que obligó a los legisladores a correr para salvar su vida mientras los atacantes campaban por el Capitolio con bates y otras armas, según AP.
Sin embargo, la demanda presentada por los agentes es la primera que acusa directamente a Trump de conspirar con grupos de extrema derecha para usar "fuerza, intimidación y amenazas" con el fin de impedir que el Congreso certificara la victoria electoral de Biden.
La demanda asegura que Trump y los otros demandados violaron tanto la ley estatal como provisiones de la Ku Klux Klan Act, un estatuto federal de 1871 que hace ilegal el uso de la fuerza o las amenazas para impedir que funcionarios federales lleven a cabo sus tareas oficiales.
