La nueva demanda contra DeSantis por su "policía electoral" y otras "tácticas de intimidación" para votar en Florida
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, enfrenta una nueva demanda en un tribunal federal por parte de una organización de derechos electorales en la que alegan que el gobierno usó "policía electoral" y otras tácticas de intimidación contra ciudadanos con antecedentes penales.
La demanda también acusa a de su istración y docenas de funcionarios electorales de Florida por no cumplir con los requisitos de la Enmienda 4 de 2018 a la constitución estatal, que restablece los derechos de voto de algunos delincuentes condenados en el estado.
“Este esfuerzo, junto con los obstáculos creados anteriormente para el registro, ha convertido el simple acto de votar en una empresa complicada y arriesgada a los ojos de quienes recuperaron sus derechos por la Enmienda 4, así como de otros que se han visto afectados por la conducta de los Demandados”, dice la demanda.
El documento señala que la unidad de "policía electoral" de Florida, formada en 2022 para investigar la votación ilegal y otros delitos electorales, se ha centrado en perseguir discriminatoriamente en los afectados por la Enmienda 4.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EEUU en Miami, argumenta que la falta de una base de datos confiable que permita a las personas con condenas determinar su estado de elegibilidad para votar es inconstitucional.
Después de que se aprobó la iniciativa electoral, los legisladores de Florida aprobaron un proyecto de ley que aclara que los delincuentes deben pagar las obligaciones financieras ordenadas por la corte, como multas y restitución, antes de que se restablezcan los derechos de voto. La necesidad de verificar las obligaciones financieras legales pendientes complicó el proceso para aquellos que eran elegibles, dijeron los defensores.
La Florida Rights Restoration Coalition, un grupo que abogó por la aprobación de la Enmienda 4, presentó la demanda junto con cuatro personas que, según la demanda, se vieron afectadas negativamente por las acciones de la istración DeSantis.
El grupo calificó el proceso burocrático requerido para recuperar el derecho al voto como “una vergüenza”.
Una de las cuatro demandantes adicionales, Rhoshanda Bryant-Jones, se abstuvo de votar en 2022 después de que dijo que vio a la unidad de policía electoral arrestar a varios delincuentes que votaron en las elecciones de 2020, creyendo que estaban siguiendo la ley.
Bryant-Jones volvió a tener derecho a voto en 2020 y votó en esa elección, pero dijo que las acciones de la istración DeSantis la intimidaron.
