Fiscalía española apoya extraditar de vuelta a Venezuela a Claudia Díaz, enfermera y tesorera de Hugo Chávez
Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera jefe de enfermeras de la comitiva presidencial y tesorera de la nación durante el gobierno de Hugo Chávez, se opuso a ser extraditada de España a Venezuela con el argumento de que es objeto de una persecución política en su país. Sin embargo, la Fiscalía española defendió que sea entregada a la justicia de su país, sin entrar en el fondo de los hechos, según lo informó este lunes la agencia EFE.
Este lunes 24 de septiembre, Díaz Guillén trató de convencer a los jueces de la Audiencia Nacional de España que deben decidir sobre su entrega a las autoridades venezolanas, que la reclaman por supuestos delitos de blanqueo de capitales Panamá Papers.
La sargento técnico Claudia Patricia Díaz Guillén, se encargó de atender los primeros padecimientos del cáncer que acabó con la vida del mandatario venezolano cuando la enfermedad aún se mantenía en secreto. Luego, ocuparía uno de los cargos más apetecidos en la Venezuela del control monetario: la Oficina Nacional del Tesoro. Al mismo tiempo (2011-2013) presidió el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden).
En abril de 2018, ella y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, fueron arrestados en Madrid y luego puestos en libertad con la condición de no salir de la ciudad mientras el juez estudiaba su caso de extradición, solicitada por Venezuela.
Velázquez Figueroa fue jefe de seguridad de del palacio presidencial cuando Chávez gobernaba Venezuela. Cuando su esposa dejó los cargos públicos, él comenzó a abrir empresas en paraísos fiscales. También está siendo reclamado por Venezuela por los mismos delitos, aunque su extradición se tramita en un procedimiento aparte.
En la audiencia, su abogado Ismael Oliver expuso que existen "fundadas sospechas de persecución política" y "serias dudas" sobre la validez de la reclamación, ya que la orden de detención que llevó al arresto de la enfermera en España fue anulada meses después por una instancia judicial superior, sin que Venezuela lo comunicara.
Por eso consideró que las autoridades venezolanas han tratado de engañar a la Justicia española, con quiebra del principio de confianza mutua entre ambos países. Oliver argumentó que la causa abierta contra su defendida se basa en una investigación del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), "un órgano que está sancionado y cuestionado", según él, "por todos los organismos internacionales de Derechos Humanos".
Sin embargo, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, advirtió al abogado que, en ningún caso, pueden los magistrados entrar en el fondo del reclamo de extradición, y agregó que el Consejo de Ministros español autorizó el proceso.
La Fiscalía cree, por su parte, que se dan los requisitos necesarios para aceptar la extradición, sobre la que la audiencia resolverá en los próximos días, registra EFE.
