Corte Suprema revive caso que puede enviar a la cárcel a abogados que representan a indocumentados
En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia revivió este miércoles un caso que podría afectar a religiosos, abogados o familiares que ayudan a legalizar la permanencia de inmigrantes indocumentados.
Los magistrados, por ahora, se colocaron del lado del gobierno de Donald Trump en un caso que había sido sentenciado en diciembre de 2018 por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito.
Un de jueces del tribunal inferior revocó una sentencia emitida en 2010 contra Evelyn Sineneng-Smith, quien fue declarada culpable de fraude después de que los fiscales dijeran que falsamente dijo a inmigrantes que podían obtener la residencia permanente bajo un programa que ella sabía que había expirado.
Ahora la Corte Suprema dijo que la Corte de Apelaciones se había extralimitado en sus funciones y devolvió el caso para ser revisado.
La decisión plantea preocupaciones de libertad de expresión y temores de encarcelar a predicadores, abogados “e incluso abuelos cariñosos”, dijo la publicación Bloomberglaw en su página digital.
El caso
En 2018 la Corte de Apelaciones del 9º Circuito estableció que animar o inducir a un indocumentado a permanecer en Estados Unidos no pude ser utilizado como argumento para criminalizar a una persona. E indicó que la provisión afectaba la Primera Enmienda de la Constitución al penalizar una expresión.
La cláusula se incluye en la Sección 8 del Código de Estados Unidos (US Code) que, establece multas y penas de cárcel severas a quienes resulten culpables de diseñar un plan o artificio para defraudar, o para obtener dinero o bienes mediante pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas.
La ley había convertido en un crimen grave el que las personas alienten a un inmigrante a ingresar o vivir en Estados Unidos si sabían de antemano que el individuo que recibe el consejo lo hacía ilegalmente.
El primer fallo
El 14 de julio de 2010 un gran jurado acusó a Evelyn Sineneng-Smith de inducir a un extranjero a residir en el país a sabiendas de que no calificaba y la solicitud de residencia estaba en violación de la ley.
Tras un juicio de doce días, el jurado encontró a la gestora culpable de tres cargos por fraude por correo. La mujer apeló la sentencia argumentando que los cargos en su contra debían ser desestimados.
La inculpada fue condenada y sentenciada a 18 meses de prisión, un delito que puede ser castigado hasta con 5 años de cárcel.
Segundo fallo
La Corte de Apelaciones dijo ocho años más tarde que el crimen que se alega en este caso “se encuentra arraigado en el discurso cuando se llevó a cabo un trabajo de consultoría de inmigración a nombre de extranjeros y sus empleadores” con el objetivo de solicitarle un beneficio al gobierno.
Añadió que “si un acusado fue condenado por ayudar e instigar una ofensa civil, no tenemos conocimiento de ningún caso que defienda un estatuto que restringe dicho discurso. Por lo tanto, aunque sea cierto, el discurso constituiría una ayuda e instigación cuando se dirija hacia la comisión de un delito”.
Advirtió además que la presencia no autorizada en el país sigue siendo una “violación civil y no un delito”.
Fue juzgada, condenada y sentenciada a 18 meses de prisión. El máximo legal para el estímulo es generalmente cinco años en prisión. Los acusados pueden recibir cinco años más si el gobierno prueba que lo hicieron para obtener ganancias financieras, como lo hizo en este caso.
El 9o Circuito revocó la ley diciendo que "criminaliza una cantidad sustancial de expresión protegida".
Entre las opiniones, la corte de apelaciones indicó que de mantenerse el fallo incluso una “abuela amorosa” instando a su nieto a quedarse más tiempo del permitido en su visa, o cualquier persona que use las redes sociales para darle ánimo a quienes no tengan un estatus legal a que permanezcan en Estados Unidos, serían sancionados.
La batalla del gobierno
El Departamento de Justicia ha señalado su interés en usar la ley para perseguir a los estafadores, como parte de la implementación de la política de tolerancia cero del gobierno.
La magistrada Ruth Ginsburg opinó que no había “circunstancias extraordinarias” que justifiquen el fallo de la corte de apelaciones.
Para los abogados el fallo de 2018 a favor de Sineneng-Smith, se trató de un dictamen “justo”, independientemente de lo que dice la Primera Enmienda de la Constitución “sobre la libre expresión. Estamos hablando de consejos que también puede dar una madre, una abuela o cualquier otro familiar. No significa que esa recomendación sea para alentar que se cometa un delito, sino para protegerlo, cuidarlo, o ayudarlo”, dijo Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego.
Tras el fallo de este jueves, la abogada dijo estar sorprendida. “Por lo general la Corte Suprema no regresa un caso a menos que requiera indagar más en el asunto o tenga dudas para revertir una sentencia”.
“Me pregunto cuál es la razón para que el tribunal inferior lo revise. Porque en este caso la decisión abarca mucho. De esta decisión dependerá si el gobierno perseguirá criminalmente a los ciudadanos que se casan con indocumentados, si una madre no permite que se vaya un hijo cuya vida corre peligro fuera de Estados Unidos, si un pariente le abre la puerta a un ser querido. ¿Los van a meter a la cárcel por ayudarlo?”, preguntó.
“No habría suficientes cárceles para meter a tantas personas que no tienen documentos. Un fallo distinto al que dio la Corte de Apelaciones del 9º Circuito es un paso insólito hacia la criminalización de la estadía indocumentada”, dijo Velásquez.
