Senador demócrata propone plan migratorio que incluye nuevo TPS para centroamericanos y deportaciones aceleradas
La resignación de un nuevo TPS para Centroamérica, incluir a los 12 millones de indocumentados en un perdón (parole) humanitario para que puedan trabajar legalmente en el país y ampliar la regla provisional de asilo del 5 de enero al resto de países centroamericanos, forman parte de un ambicioso programa migratorio lanzado este martes por el senador Bob Menéndez (Nueva Jersey), el demócrata de mayor rango en el comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.
El plan, que no necesita ser sometido al voto del Congreso, presiona al gobierno de Joe Biden para eliminar medidas punitivas incluidas en la actual política fronteriza, también desafía a los republicanos, quienes culpan a la istración de impulsar una política de puertas abiertas y de haber agravado la crisis que se vive en la frontera con México.
Al respecto, Menéndez dijo que su propuesta incluye “maneras legítimas y humanas” de atender el problema y aporta soluciones dentro del marco legal. “Los procesos legales no son fronteras abiertas”, precisó.
A su vez, Menéndez, quien en 2013 integró el Grupo de los Ocho (que redactó una propuesta de reforma migratoria aprobada por la Cámara Alta, pero que se estancó en la Cámara de Representantes por falta de apoyo republicano), dijo que los permisos de trabajo recomendados para indocumentados e inmigrantes que ingresen por vías legales, “serán utilizados por extranjeros que ocuparán puestos laborales que los estadounidenses no quieren desempeñar”, y que los estados y empresarios “necesitan con urgencia. Eso tampoco se trata de fronteras de puertas abiertas”.
Los cuatro pilares del proyecto
El proyecto migratorio de Menéndez se basa en cuatro pilares que, asegura, ayudarán a gestionar “de manera efectiva” la migración en el hemisferio, además de establecer políticas fronterizas que mantengan el orden y la seguridad, no solo para beneficio de estados Unidos, sino también para migrantes y refugiados o buscadores de asilo.
Indicó que “si nuestros colegas (republicanos) quieren solución, debemos ordenar y actuar conforme lo permite la ley y el debido proceso”, y dijo que “tenemos el momento en el cual hay que buscar soluciones”. Y que si todo lo que se hace se critica (califica) como fronteras abiertas, entonces “nunca vamos a encontrar una solución”.
De acuerdo con el documento, al que Univision Noticias tuvo en exclusivo, el plan se basa en cuatro puntos: 1) crea nuevos caminos legales y amplía las vías existentes para reducir la presión en la frontera sur; 2) expande la asistencia humanitaria para integrar mejor a los migrantes y refugiados en países de las Américas; 3) aumenta los recursos en la frontera para procesar a los solicitantes de asilo y deportar individuos sin reclamos legales para permanecer en Estados Unidos; y 4) intensifica los esfuerzos para contrarrestar a las organizaciones delictivas transnacionales involucradas en la trata y el tráfico de personas.
Cómo ejecutar los pilares del plan
En cuanto a la creación de nuevos caminos legales de inmigración, el documento incluye la creación de un programa de libertad condicional para personas que puedan ocupar puestos que enfrenten escasez de mano de obra según lo determinen los gobernadores de los estados, tanto para personas que migran como para personas indocumentadas que ya están en el país.
También recomienda ampliar el al programa de visas H-2 (trabajadores no profesionales tal como campesinos) en América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta las protecciones laborales en EEUU y el alcance de los empleadores en relación con estas visas.
Recomienda la reasignación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Honduras, El Salvador, Nicaragua, y emitir una nueva designación de TPS para Guatemala a efecto de ampliar la elegibilidad y aumentar los períodos de tiempo.
Menéndez también incluye un aumento en el número de procesamientos de refugiados y continuar usando la libertad condicional humanitaria para más refugiados y migrantes originarios de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela.
A su vez, propone aumentar el número de agentes de asilo del servicio de inmigración en las fronteras para “aumentar las entrevistas de miedo creíble” así como extender el alcance de la aplicación CBP One más allá del norte de México, y que más personas puedan acceder a los programas legales de ingreso y una oportunidad de presentarse en un puerto de entrada autorizado.
La iniciativa también recomienda ampliar el programa piloto de patrocinio privado (advance parole, anunciado el 5 de enero) de refugiados para migrantes Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití y que puedan acceder inmigrantes del resto de Centroamérica.
Del aumento de recursos
En cuanto al aumento de recursos en la frontera, el plan incluye procesar y deportar (expulsar) de manera expedita a personas que no tienen un reclamo legal para permanecer en Estados Unidos, y trabajar con el Congreso para aumentar los recursos y partidas presupuestarias necesarias para llegar a cabo mejoras en la frontera.
La propuesta incluye, además:
- Crear centros de procesamiento regionales a gran escala en la que participen la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); el servicio de inmigración (USCIS), la Oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), organizaciones no gubernamentales y proveedores de servicios legales,
- Procesar a las familias en entornos no estén privados de libertad (colocadas en alternativas a la detención, ATD);
- Acelerar el proceso9 de asilo (descongestionar la Corte de Inmigración, EOIR);
- Garantizar legal a los inmigrantes en proceso de deportación;
- Reubicar a los inmigrantes en sus destinos finales;
- Crear una nueva oficina de coordinación de migración dentro de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA);
- Aumentar el salario de los empleados de la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Operaciones de Campo (de ICE) por la mayor carga de trabajo de procesamiento de nuevos inmigrantes y patrullaje de la frontera;
- Aumentar las inversiones en Centroamérica para reducir las causas de la inmigración hacia otros países y Estados Unidos;
- Renunciar a cualquier acuerdo de Tercer País Seguro con México; y
- Aumentar los enjuiciamientos en Estados Unidos por tráfico de migrantes y trata de personas.
Biden no fue informado directamente
A la pregunta si habló con el presidente Biden sobre el plan migratorio, Menéndez respondió que “no con él directamente. Pero sí con de su istración. Hablamos respecto a distintos elementos de este plan”.
“Lo que decidimos hacer es presentar un estudio estableciendo todos los elementos de lo que pudiera ser la política (migratoria de la frontera), poniendo todo a la misma vez para ver lo que pudiera tener aceptación por parte de la istración. Y sobre aquello que no tenga aceptación por parte del gobierno, ver lo que hace falta de elemento legislativo”, agregó.
Además de señalar que el plan se complementa con el Acuerdo de Los Ángeles firmado el año pasado por Estados Unidos y representantes de los países de América que asistieron a la Cumbre de California, y con las políticas desarrolladas por el gobierno de Biden, Menéndez dijo que, “lo significativo es que el plan que estamos proponiendo es que la istración tiene el gran poder Ejecutivo de hacer solo esto, no tiene que esperar al Congreso para pasar leyes y adquirir los elementos de que estamos hablando (y con ello revertir la crisis migratoria de la frontera”, concluyó.
La estrategia de Biden
Biden ha insistido, desde que llegó a la Casa Blanca en enero del 2021, en que su política de inmigración cumple con lo autorizado por el Congreso. En el caso del asilo, la ley señala que son los tribunales de inmigración quienes deciden el futuro de los peticionarios.
Si bien el gobierno ha modificado temporalmente algunos reglamentos otorgando poderes discrecionales especiales para que sean agentes de asilo del servicio de inmigración quienes decidan si otorgan o no el beneficio legal y con ello descongestionar la Corte de Inmigración, que tiene más de 2.1 millones de casos acumulados, Menéndez insiste en el retiro de medidas punitivas y el respeto íntegro al debido proceso para todos los inmigrantes que llegan a la frontera huyendo de sus países de origen.
El senador insiste en que el gobierno debe aumentar la capacidad de respuesta “utilizando la capacidad ejecutiva”.
La postura republicana
El pasado 28 de marzo el senador republicano Lindey Graham (Carolina del Sur), un exintegrante del Grupo de los Ocho junto con Menéndez culpó al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, de la crisis migratoria en la frontera y de la “inundación” de fentanilo provocada por los cárteles de la droga mexicanos.
Graham agregó, durante una audiencia ante el Comité Judicial, que el DHS había pasado “de los cruces ilegales más bajos en diciembre de 2020 a máximos históricos con más de 2 millones el año fiscal pasado”.
El legislador por Carolina el Sur dijo además que “se está llegando a un ritmo que nunca hemos visto (en relación con el tráfico de fentanilo)” y que cada día “más estadounidenses están muriendo”. Graham agregó que “bajo su vigilancia (la de Mayorkas) vendrán más terroristas en la lista de vigilancia que en cualquier otro momento desde que hemos estado midiendo estas cosas. Así que estoy tratando de que aprecies que las cosas no van bien. Su propio jefe de la Patrulla Fronteriza dijo que no tenemos control operativo de la frontera y no creo que sea un problema de definición. Creo que solo está siendo muy honesto con nosotros... Pero jugamos con los problemas. No los abordamos”.
A su vez, la tercera semana de febrero de este año el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (California), descartó cualquier forma de amnistía para los inmigrantes ilegales (indocumentados) que ya se encuentran en Estados Unidos, luego de que la istración de Biden renovara los llamados para incluir en la agenda legislativa un camino hacia la ciudadanía como parte de cualquier acuerdo de inmigración entre ambos partidos.
“No se puede tener una reforma migratoria sin primero asegurar la frontera”, dijo el presidente del Congreso a la cadena Fox News. "¿Cómo puedes confiar? Encuentras gente que viene una tras otra y, cuando les preguntas por qué, te dicen 'el presidente (Biden) me dijo que viniera'".
Los republicanos responsabilizan a Biden de la crisis en la frontera sur, pero no dicen que la política migratoria de Biden se basa en la recuperación del debido proceso desarticulado durante el gobierno de Donald Trump en el marco de su cuestionada política migratoria de ‘tolerancia cero’.
El proyecto de ley de los republicanos de la Cámara Baja
Este mismo lunes, republicanos de la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de ley de inmigración que incluye severas restricciones respecto a las solicitudes de asilo, la detención obligatoria de familias y de menores no acompañados que crucen la frontera sin autorización previa y el aumento de sanciones por quedarse más tiempo del permitido en el visado.
La propuesta de ley, de 130 páginas presentada por el representante Tom McClintock, republicano de California, plantea una reducción drástica del número de personas con derecho a asilo.
Los impulsores del proyecto incluyen una serie de delitos graves y leves que haría mucho más difícil a los solicitantes acogerse a la protección del asilo porque amplía de 6 a 15 las excepciones de elegibilidad.
También requeriría que los migrantes soliciten asilo en un puerto de entrada designado e impondría una tasa de asilo de 50 dólares para los adultos. La istración Trump también había intentado imponer una tasa de asilo, pero el intento fue frenado en los tribunales. Trump, además, intentó en sus dos primeros años de gobierno que el Congreso, controlado por los republicanos, aprobaran una reforma migratoria con estas características, pero ambas cámaras rechazaron los esfuerzos.
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