Corte de apelaciones restituye en su totalidad ley de Florida que prohíbe las ciudades santuario
Una ley promulgada por el gobernador de Florida Ron DeSantis en 2019 que prohíbe las ciudades santuario y ordena a los funcionarios estatales colaborar con el gobierno federal en el arresto de indocumentados fue habilitada en su totalidad por una corte de apelaciones.
Por unanimidad, un de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 11 Circuito con sede en Atlanta, revocó el jueves un fallo emitido por un tribunal inferior y desestimó la demanda porque, se lee en el dictamen, los demandantes carecen de “capacidad legal” para impugnar la controvertida ley.
La sentencia se registra en momentos que la Asamblea Estatal tiene en sus manos otra severa propuesta de ley que, en caso de ser aprobada y promulgada, convertirá a Florida en el estado con la ley migratoria más dura de Estados Unidos.
La Ley SB 168 prohíbe las llamadas “políticas de santuario” y exige que las autoridades locales ayuden y colaboren con las autoridades federales para hacer cumplir la ley federal de inmigración.
La demanda de 2019
La sentencia, escrita por el juez principal William Pryor, señala que la apelación “se refiere a si varias organizaciones pueden demandar al gobernador y al fiscal general de Florida ante un tribunal federal para impugnar una ley estatal que requiere que las autoridades locales /policías y empleados del estado, condados y municipios) cooperen con los funcionarios federales de inmigración”.
Al respecto, indica el fallo, “la ley estatal establece que los funcionarios locales deben apoyar la aplicación de la ley federal de inmigración y cooperar con las iniciativas y los funcionarios federales de inmigración, y que los funcionarios locales pueden transportar a los extranjeros sujetos a una orden de detención de inmigración a la custodia federal”.
En 2019 un grupo de organizaciones, entre ellos el Florida Immigrant Coalition y Farmworker Association of Florida, junto con religiosos y abogados, presentaron una demanda en contra de la aplicación de la Ley SB 168 de Florida por "uso de perfil racial" y "usurpación de poderes", entre otros argumentos.
Un tribunal de distrito anuló partes de la ley (entre ellas el transporte de inmigrantes) para restringir la capacidad del gobierno estatal en la detención y arresto de indocumentados.
Historia de la SB 168
La SB 168 entró en vigor el 1 de julio de 2019 y se convirtió en ese momento en la legislación más dura en su tipo en el país. Entre otras medidas, la legislación otorgó poderes extraordinarios a las policías locales, incluyendo a la policía universitaria, para pedir papeles migratorios, realizar arrestos y entregar a indocumentados a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para deportarlos del país.
Además de ordenar la colaboración con el gobierno federal en materia migratoria, la SB 168 prohibió que las entidades estatales y locales adopten cualquier “política de santuario” (para proteger a los indocumentados). Y definió que la política santuario como “una ley, política, práctica, procedimiento o costumbre… que prohíbe o impide que una agencia del orden público cumpla con ciertas iniciativas federales y coopere con los funcionarios federales de inmigración con respecto al a prisioneros y órdenes de detención”.
En la justificación del fallo se lee que la disposición de transporte señalada en la SB 168 “autoriza a los agentes del orden público a transportar de manera segura a un extranjero que está bajo su custodia y sujeto a una orden de detención de inmigración a una instalación federal”, situación que vuelve a encender las alarmas en la comunidad inmigrante.
La SB 168 también permite que el gobernador y el fiscal general de Florida demanden a los funcionarios estatales y locales para prohibir las violaciones del estatuto” y frenen el alcance y cumplimiento de la legislación.
Qué argumentaron los demandantes
Los documentos judiciales señalan que los demandantes de la SB 168, organizaciones sin fines de lucro dedicadas a defender los derechos de los inmigrantes, presentaron una demanda para prohibir al gobernador y al fiscal general que hicieran cumplir la ley aprobada por la Asamblea Estatal.
“Los demandantes alegaron que el requisito de mejores esfuerzos y la disposición de santuario eran inconstitucionales porque violaban la Cláusula de Igual Protección protegida por la Constitución, y agregaron que estas disposiciones, aunque neutrales a primera vista, fueron promulgadas con intención discriminatoria deliberada”.
Las organizaciones sostuvieron que estas disposiciones “tendrían un impacto dispar en sus porque las fuerzas del orden locales perfilarían a las minorías raciales mientras hacen cumplir la ley federal”, se lee en el fallo. “Las organizaciones también alegaron que la ley federal se adelantó a la provisión de transporte”, añade.
La Corte de Apelaciones del 11 Circuito indicó que los demandantes pidieron una orden judicial preliminar y que el tribunal de distrito “dictaminó que las organizaciones habían establecido legitimación activa para presentar una demanda de igual protección en su propio nombre y en nombre de sus ”.
Ahora, el de jueces de Corte de Apelaciones del 11 Circuito, por unanimidad, anuló el fallo de Corte de Distrito contra el gobernador y el fiscal general de Florida, sentencia que le otorga a DeSantis una importante victoria en el establecimiento de su dura política migratoria similar a la ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump.
El fallo precisó que ninguna de las teorías alegadas por los demandantes en relación con la discriminación racial por parte de las fuerzas del orden público en cumplimiento de la SB 168, o el desvío de recursos de programas existentes para responder a la SB 168 “se sostiene” y por tanto de desestima el recurso.
“Debido a que las organizaciones carecen de reputación, no podemos opinar sobre los méritos de este caso”, escribió el juez principal Pryor.
Fallo “decepcionante”
Las organizaciones que demandaron la ley SB 168 y que defienden los derechos de los inmigrantes no tardaron en reaccionar al fallo. “Esta es una decisión decepcionante, pero lo que es más importante, es una decisión procesal que no aborda el fondo de nuestra impugnación”, dijo AJ Hernández Anderson, abogado supervisor principal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del Southern Poverty Law Center (SPLC).
“El Tribunal de Distrito lo hizo bien: esta ley solo alienta a las fuerzas del orden público a usar su discreción en cuanto a quién podría ser un inmigrante basándose únicamente en su apariencia y, por lo tanto, inevitablemente conduce a la discriminación racial”, abregó.
Hernández dijo además que “las organizaciones que presentaron esta demanda trabajan en estrecha colaboración con la comunidad inmigrante en todo el estado y respondieron a los problemas y preocupaciones que surgieron cuando y desde que se promulgó la SB 168. La decisión de la Corte de Apelaciones erosiona la posición de la organización y dificulta aún más el de la comunidad a los tribunales, particularmente cuando se aprueban leyes odiosas que atacan a toda una comunidad”.
El SPLC indicó además que las organizaciones “continuaremos luchando por la justicia y contra el aumento de la hostilidad que sale de Tallahassee (capital de Florida), tanto dentro como fuera de los tribunales e justicia”.
Por su parte, Lisa Lehner, directora del Programa de Litigios de Americans for Immigrant Justice, dijo que “estamos profundamente decepcionados por la revocación de la Corte de Apelaciones del 11 Circuito emitida por un tribunal inferior de distrito que había ordenado con restricciones la aplicación de SB 168”.
“La opinión de la Corte de Apelaciones no reconoce ni aprecia completamente el impacto de esta legislación en las comunidades inmigrantes en Florida y las organizaciones, como los esfuerzos para servir y proteger a las personas vulnerables de los perfiles raciales y la discriminación basada en su origen nacional", agregó.
El SPLC dijo que durante el juicio “los demandantes brindaron un testimonio convincente sobre el impacto discriminatorio de la SB 168” y citó el análisis de un experto que testificó en el proceso y que aseguró que la legislación “fue diseñada en estrecha colaboración con grupos de odio contra los inmigrantes”, concluyendo que la SB 168 “tenía tanto una intención como un impacto discriminatorios, lo que ilustra que el fundamento de seguridad pública detrás de la SB 168 fue demostrablemente falso y se usó principalmente para ocultar su intención discriminatoria”.
En el dictamen preliminar de la corte de distrito de 110 páginas que fue anulado por la Corte de Apelaciones, el tribunal inferior había señalado que secciones clave de la SB 168 “violan la cláusula de igual protección”. Y concluyó que los demandantes habían “probado que la legislación socava la seguridad pública, aumenta la discriminación racial y fue diseñada en consulta con grupos de odio contra los inmigrantes”, dijo el SPLC.
La otra amenaza en curso
Entregada en marzo, la Asamblea Estatal de Florida tiene en sus manos otro proyecto de ley que, de ser aprobado, reforzará los temores expresados por los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes: que Florida se convertirá en el estado con la ley o leyes migratorias más duras de Estados Unidos.
Se trata del proyecto SB 1718 (HB 1617 en la Cámara de Representantes), que propone criminalizarla estadía indocumentada y de paso a todos los residentes de Florida, “no solo a aquellos que abren su hogar, negocio, vehículo o lugar de culto a una amplia categoría de inmigrantes”, advierten las organizaciones pro-inmigrantes.
Algunas claves del proyecto:
- Prohíbe el uso de licencias de conducir válidas de otros estados en manos de indocumentados.
- Obliga a los hospitales a recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes y presentar informes trimestrales.
- Modifica reglas para poder compartir la información de los pacientes indocumentados.
- Aumenta las multas por emplear a inmigrantes indocumentados.
- Castiga con mayor severidad a los reincidentes por contratación ilegal.
- Impone severas penas de cárcel a extranjeros que, a sabiendas, utilicen papeles falsos.
- Establece el uso obligatorio del programa federal E-.
- Establece auditorías aleatorias de empresas para verificar cumplimiento del uso del E-.
- Amenaza con quitar de por vida licencias de operación a empresas que reincidan en la contratación de indocumentados.
- Prohíbe que indocumentados ejerzan como abogados (en el caso de dreamers protegidos bajo el programa DACA).
- Establece multas y penas de cárcel para quienes transporten indocumentados (no explica qué pasa con aquellos matrimonios mixtos).
- Criminaliza la estadía indocumentada, aunque se trata de una falta de carácter no criminal.
- Crea sanciones penales para quienes reciben a una amplia categoría de inmigrantes en sus hogares, negocios, vehículos o lugares de culto.
- Autoriza a los alguaciles en las cárceles del condado para tomar muestras de ADN cuando se arresta a un inmigrante y se emite una orden de detención de ICE.
Analistas estiman que la Asamblea votará ambas iniciativas a finales de mayo, al final del período de sesiones ordinario.
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