Récord de migrantes arrestados y una batalla legal por el Título 42: el convulso año que cierra la frontera sur
En los últimos días, El Paso ha sido la muestra a escala de cómo la llegada masiva de migrantes ha puesto a una ciudad fronteriza a movilizarse para dar una respuesta al récord de cruces.
Si la política sanitaria 'Título 42' se acababa este miércoles, en la orilla del río Grande unas 20,000 personas cruzarían desde Ciudad Juárez, advertía el alcalde de la ciudad estadounidense, Oscar Leeser, en una conferencia de prensa minutos antes de que la Corte Suprema aplazara el fin de la medida.
Las autoridades del condado y de la ciudad, juntas, ya habían calculado que las 10,000 camas que tenían disponibles no iban a ser suficientes. Habían hablado con el distrito escolar, se habían planteado que incluso las instalaciones del gobierno y de particulares tendrían que ser habilitadas para dar albergue a los cientos de migrantes que cruzarían.
Se habían alineado también con las organizaciones no gubernamentales para apoyar a los migrantes en la búsqueda de los boletos aéreos y de autobús, para que salieran en un máximo de 48 horas al encuentro con sus familias en Estados Unidos.
"En este momento lo que estamos buscando es poner una curita a un problema mayor. Esto es algo en lo que el gobierno federal tendrá que trabajar, porque no podremos continuar con estos números y con miles y miles de personas (..) Esto es un problema más grande que El Paso", dijo el alcalde al asegurar que, tras la declaración de emergencia del sábado, habían sido aprobados seis millones de dólares desde la Casa Blanca para enfrentar la situación.
La política sanitaria Título 42 fue activada en marzo de 2020 por el gobierno del expresidente Donald Trump. Lo hizo en momentos en que la pandemia de covid-19 sumaba cada día decenas de enfermos y muertos. Han pasado más de dos años, la pandemia está controlada, pero los estados republicanos insisten en mantenerla en vigor para frenar los cruces en la frontera, que están en niveles históricos.
19 estados republicanos pidieron a la Corte Suprema que la mantuviera vigente para cerrar el paso de migrantes en la frontera. El presidente de la Corte, John Roberts, estuvo de acuerdo y al menos hasta que haya una nueva decisión, Título 42 sigue en efecto.
Con esta política o sin ella, las autoridades de El Paso aseguraron que mantendrían su plan en marcha y que la emergencia sería declarada nuevamente cada siete días de ser necesario. La ciudad se había negado por meses a declarar una emergencia mientras otras urbes a cientos de millas lo habían hecho al repetir el discurso político republicano de una supuesta "invasión".
En las últimas semanas y, pese a las gélidas temperaturas, la ciudad tejana con casi 680,000 habitantes vio llegar a sus calles decenas de migrantes liberados por la Patrulla Fronteriza tras ser procesados. Aquí las cifras:
Una ciudad, una frontera
Según datos de la Patrulla Fronteriza, en el primer mes del año fiscal 2023, en octubre, con Título 42 vigente, arrestaron a 230,678 migrantes en la frontera sur. Casi 25% de ese total, en el sector de El Paso.
La ciudad cuenta en su página que la ola actual comenzó a sentirse en abril de 2022, pero la crisis arrancó en agosto de 2022. De ese mes a septiembre, las autoridades migratorias comenzaron a liberar en sus calles de 250 a más de mil personas al día. Quienes cruzaban habían emprendido largas travesías desde países sumidos en crisis políticas y económicas, dicen.
En El Paso —como se reflejó en las cifras nacionales— la mayoría venía de países como Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua, Ecuador y El Salvador: "Aunque el porcentaje de venezolanos ha sido tan alto como de 90% y tan bajo como de 50%, el número se mantiene actualmente en un aproximado de 70%", se lee en la página web de la ciudad.
La situación de El Paso —con Título 42 en marcha— se repite en otras fronteras. En Laredo, el alcalde Pete Saenz, advirtió que 1,600 migrantes están cruzando cada día después de ser procesados por la Patrulla Fronteriza. En este caso, solo tienen dos albergues con camas para 1,100 personas. Y las instalaciones, explicó, no tienen forma de aumentar su capacidad rápidamente.
Aún con Título 42 en marcha, la frontera sur mostró en el año fiscal 2022 una cifra de migrantes arrestados que no se había visto en los últimos tres periodos: 2,378,944. Casi todos los meses los cruces duplicaron las registros mensuales del año fiscal 2021. Y a partir de marzo de 2022, se mantuvieron permanentemente por encima de los 200,000 cruces mensuales.
A mediados de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que prepararía una alternativa migratoria para sustituir a Título 42 y así controlar la migración en la frontera. El lunes por la tarde, cuando la Corte Suprema mantuvo vigente la política sanitaria, DHS insistió en un comunicado que espera que el Congreso trabaje en una reforma migratoria.
Y el martes, antes de que se cumpliera el plazo, el gobierno de Biden respondió a la Corte Suprema pidiéndole el fin de Título 42 por considerarlo "obsoleto" porque "ya no existen las condiciones de salud pública para justificar la extensión". Solicitaron además un plazo al menos hasta el 27 de diciembre para prepararse —desde el punto de vista operativo y en cuanto a regulaciones—, en caso de que el máximo tribunal decidiera dejar sin efecto la política sanitaria.
El gobierno explicó también que mientras se emite una decisión final, seguirán aplicando en la frontera el Título 8, una medida que ha estado vigente a pesar de la pandemia y de la implementación de Título 42. Bajo esa autoridad, son sujetos de deportación aquellas personas que no tengan una causa probable de asilo, quienes hayan sido deportados previamente y hayan inclumplido el tiempo de su castigo; quienes hayan cometido delitos que los conviertan en una amenaza pública o que sean considerados de bajeza moral.
Organizaciones que han liderado la batalla en cortes por el fin de Título 42, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), aseguraron que mantener la medida "no tiene justificación legal": "Es una política inhumana que hace un mal uso de la política pública para expulsar injustamente —e ilegalmente— a los solicitantes de asilo".
Desde que fue implementado, Título 42 ha contribuido con que hayan sido negados más de 2.5 millones de ingresos a migrantes que llegan en busca de asilo. Entre 15% y 20% eran extranjeros que habían tenido más de un encuentro con las autoridades migratorias y habían sido rechazados.
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