Gobierno de Biden pide a la Corte Suprema que deje sin efecto el Título 42, que mantiene las restricciones migratorias en la frontera
El gobierno de Joe Biden pidió este martes a la Corte Suprema que permita el fin de Título 42, la política sanitaria implementada por el exmandatario Donald Trump en marzo de 2020 para frenar la entrada de migrantes como consecuencia de la pandemia de covid-19.
"Aunque es probable que el fin de Título 42 genere un aumento temporal de los cruces fronterizos, el gobierno está preparado para abordar ese grave problema bajo su Título 8 incluso mediante la adopción de nuevas políticas para responder a la interrupción temporal que ocurrirá una vez que finalice Título 42", se lee en el comunicado.
El gobierno tenía 24 horas para emitir una respuesta a la Corte Suprema, que el lunes por la tarde dio la razón a 19 estados republicanos en su pedido de mantener la política para frenar la entrada de migrantes por la frontera sur. Aseguran que acabar con Título 42 causaría un "daño irreparable".
En su comunicado, la Casa Blanca pide al máximo tribunal que si decide levantar Título 42 antes del 23 de diciembre, le dé hasta las 11:59 pm del 27 de diciembre para prepararse —operativamente y desde el punto de vista de regulaciones— para el fin de la medida. En el comunicado, el gobierno señala que "ya no existen las condiciones de salud pública para justificar la extensión".
El pasado 16 de noviembre y tras una petición por parte del gobierno, un juez federal del DC había fijado el 21 de diciembre como plazo máximo para la eliminación de la política sanitaria por considerarla “caprichosa” y “arbitraria”. Pero la Corte Suprema decidió el lunes mantenerla y dejó sin efecto aquella orden del tribunal inferior.
Las deportaciones bajo Título 8 mencionadas por la Casa Blanca en su comunicado han seguido activas a pesar de la pandemia de covid-19 y la implementación de Título 42. Bajo esa autoridad, el gobierno puede deportar a personas que no tienen una causa probable de asilo, a quienes han sido deportados antes e incumplieron su tiempo de castigo; a quienes han cometido delitos que los convierten en una amenaza pública o que son considerados de bajeza moral.
Consecuencias
Desde que fue implementada, la cuestionada política ha negado más de 2.5 millones de ingresos a migrantes en busca de asilo. Entre 15% y 20% eran extranjeros que habían tenido más de un encuentro con las autoridades migratorias y habían sido rechazados.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quien ha liderado la batalla en cortes por el fin de Título 42, ha asegurado que mantener la medida "no tiene justificación legal": "Es una política inhumana que hace un mal uso de la política pública para expulsar injustamente —e ilegalmente— a los solicitantes de asilo".
La batalla por la permanencia o no de Título 42 se da en momentos en que la frontera está recibiendo una cifra récord de migrantes. Solo en el primer mes del año fiscal 2023, octubre, la Agencia de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) reportó el arresto de más de 230,000 migrantes en la frontera sur, un tope al que no se llegaba desde abril del año fiscal 2022.
Para responder al volumen de migrantes, CBP solicitó en su presupuesto del año fiscal 2023 la contratación de 300 agentes para reforzar a los 23,000 desplegados en el borde con México. Y el gobierno ha contratado además a casi mil coordinadores más para el procesamiento de migrantes. Sumó también a unos 2,500 contratistas y funcionarios en otras agencias para apoyar a quienes se encuentran en el terreno.
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