Más de 250 organizaciones denuncian que el cierre de la frontera con México amenaza la vida de miles de inmigrantes
En las primeras seis semanas del cierre de la frontera con México y Canadá para viajes no esenciales, decretado la tercera semana de marzo por el presidente Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “bloqueó y eliminó (deportó) a al menos 21,000 personas”, según denunció un grupo integrado por más de 250 organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.
La lista de afectados incluye “probablemente miles de solicitantes de asilo y más de 1,000 Menores No Acompañados (UAC), quienes fueron expulsados a lugares donde corren el riesgo de secuestro, violación y asesinato”, abandonándolos de toda obligación legal”, se lee en una carta dirigida al secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, y al director del Centro para el Control de las Enfermedades UCDC), Robert R. Redfield.
El grupo dijo que coronavirus por el gobierno como pretexto para implementar restricciones indefinidas, ilegales y potencialmente mortales en las protecciones humanitarias para solicitantes de asilo y UAC en la frontera sur de Estados Unidos”.
El cierre fue decretado el pasado 20 de marzo por un período de 30 días en respuesta a la batalla contra la pandemia del permanecerá cerrada indefinidamente para viajes no esenciales.
La carta
En la misiva, firmada por 258 organizaciones legales, religiosas, humanitarias, de derechos humanos y comunitarias que abogan en nombre de solicitantes de asilo, inmigrantes, UAC y sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual, “se oponen enérgicamente” a la explotación por parte del gobierno de la pandemia “como pretexto para implementar restricciones indefinidas, ilegales y que amenazan la existencia de las protecciones humanitarias en la frontera sur de Estados Unidos”, indican.
Los firmantes de la carta agregan que la orden emitida en marzo está siendo utilizada por el DHS y los CDC para “destripar las protecciones de los niños, las familias y mandatos establecidos por el Congreso y tratados internacionales” y que utilizan de manera engañosa la seguridad sanitaria del público para avanzar la agenda migratoria del presidente.
“El 19 de mayo los CDC extendieron indefinida e imprudentemente la orden tan criticada, cumpliendo el objetivo largamente buscado la istración de eliminar estas protecciones que salvan vidas”, apuntaron.
Según esa orden, agentes fronterizos “deportan a niños centroamericanos y solicitantes de asilo a México, negándose a aceptar reclamos de protección de ciudadanos provenientes de Camerún, Cuba, Eritrea, Venezuela y otros”, procedimiento que además “bloquea las evaluaciones de los solicitantes de asilo que son regresados a México bajo el denominado Programa de Protección del Migrante (MPP), entre quienes se incluye a personas que han sido secuestradas y torturadas en los países de los cuales huyen para salvar sus vidas”.
“Estas deportaciones violan abiertamente las leyes y obligaciones contenidas en tratados ratificados por Estados Unidos para proteger a quienes buscan protección humanitaria”, añade la misiva, situación que lleva a preguntar “cuán profundamente defectuosa” es la medida y si “respeta el estado de derecho”.
Advertencia de la ONU
En otra parte de la carta, el grupo cita una recomendación hecha por Agencia de la ONU para los Refugiados ( covid-19, de que “los estados no pueden imponer medidas generales para bloquear a los solicitantes de asilo”.
El grupo denuncia además que las reglas implementadas en la frontera “no cumplen” con lo que dictan leyes y reglamentos y que, según informes, los agentes fronterizos “tienen instrucciones de remitir para entrevistas de miedo creíble solo a los solicitantes de asilo afirmativa”, es decir, aquellos que se encuentran dentro de Estados Unidos y no aquellos que llegan a la frontera.
La carta cita además preocupación por el bajo y casi nulo número de casos de asilo aprobados en la frontera y reitera por contra la elevada cifra de rechazos y envíos de inmigrantes se regreso a México bajo el MPP a zonas de alto riesgo y expuestos a ser contagiados con covid-19.
No están preparados
Según la misiva los funcionarios del DHS que toman decisiones en la frontera tampoco “están capacitados” para resolver peticiones de asilo , agrega y advierte que el gobierno no puede ignorar las leyes federales que reconocen explícitamente la vulnerabilidad de los UAC que llegan a la frontera en busca de protección, muchos de los cuales huyen por miedo, el tráfico humano y la persecución.
En abril el DHS expulsó a más del 90% de los niños encontrados en la frontera sin un padre o tutor, transfiriendo sólo a 58 de entre varios cientos “a la autoridad de la Oficina de Reasentamiento de refugiados (ORR)”, una dependencia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), precisa la carta.
Expulsar a estos niños los pone en riesgo de ser devueltos al tráfico, al abuso u otra violencia y viola la Ley de Protección para víctimas de Trata (TVPRA) de 2008 que exige que los niños que lleguen solos deben ser transferidos a ORR, proporcionarles cuidados y protecciones apropiadas y que un juez de inmigración resuelva sus futuros en Estados Unidos, puntualizan.
Las organizaciones alegan además que en abril “advirtieron” al gobierno que estas actividades ilegales “ponen en peligro la vida de niños y solicitantes de asilo”, pero que en vez de prestar atención a las advertencias, “el gobierno optó por extender esta peligrosa injusticia”.
“Instamos al DHS a detener de inmediato las deportaciones de UAC y de aquellos que buscan protección humanitaria, y que se restablezca el estado de derecho en nuestras fronteras”, concluye la misiva.
