La agencia encargada de atender a los niños separados en la frontera se enteró de la medida por la prensa
Ni el Departamento de Justicia (DOJ) ni el de Seguridad Nacional (DHS) notificaron con antelación al de Salud y Servicios Humanos (HHS) sobre la implementación de la política de 'tolerancia cero', cuando se habían separado ya a algunas de las 2,654 familias que intentaron entrar a Estados Unidos a través de la frontera con México. HHS lo supo a mediados de abril de 2018 a través de los medios de comunicación que daban a conocer la noticia y más de una semana después de que el entonces fiscal, Jeff Sessions, había ordenado aplicar la medida a los funcionarios a su cargo.
"Las fallas en la comunicación entre agencias y las malas decisiones gerenciales internas tomaron de imprevisto a HHS para atender la política de tolerancia cero", se lee entre los primeros hallazgos de un reporte presentado este jueves por la Oficina del Inspector General de HHS. "La política de cero tolerancia no se tocó en las reuniones de alto nivel sobre política migratoria entre agencias (...) El director de ORR (Oficina de Resasentamiento de Refugiados) manifestó que esperaba que DHS notificara a HHS de cualquier cambio de política, pero DHS no lo hizo", agrega.
Además de eso, cuenta, "funcionarios claves de HHS no actuaron ante las repetidas advertencias de su personal sobre la ocurrencia de la separación de familias y el posible aumento de los casos".
La consecuencia: el HHS quedó sin una estrategia clara para dar atención a decenas de cientos de menores de edad que entraron en su custodia repentinamente y tuvo que reaccionar abruptamente y con escasos recursos."Sin suficiente capacidad en camas, HHS no pudo siempre colocar a los niños separados de sus familias en centros de cuidado durante las primeras 72 horas (como exige la ley), por lo que cientos quedaron inapropiadamente en custodia del Departamento de Seguridad Nacional" por más de ese tiempo, agrega el informe de 75 páginas que se compiló con entrevistas a funcionarios de HHS, visitas a 45 centros y revisión de documentos internos y públicos.
Bajo la política de 'tolerancia cero', el entonces fiscal Jeff Sessions —quien la puso en marcha— buscaba procesar criminalmente al mayor número de inmigrantes que cruzaban la frontera ilegalmente. Las familias eran separadas: los adultos eran enviados a las cortes y los niños eran transferidos a albergues del HHS. Al final, todos iniciaban su proceso de deportación. Para octubre de 2017, ya el HHS llevaba unos 700 casos de niños cuyos padres estaban en custodia de las autoridades migratorias.
Fue hasta el 4 de mayo de 2018 que la secretaria interina de DHS, Kirstjen Nielsen, exigió en un memorando oficial a los funcionarios de DHS que encausaran criminalmente a quienes cruzaran ilegalmente al país y los refirieran al Departamento de Juticia. Y el 7 de mayo fue cuando Sessions amenazó con que separarían a los niños de sus padres: "Si cruzan la frontera de forma ilegal, los procesaremos. Es así de simple", dijo.
Y cuando la política ya era conocida, dice el informe, a los empleados de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) —que depende de HHS— se les advirtió que no podían dejar por escrito información sobre la política: "Por ejemplo, un empleado de ORR recordó que inmediatamente después de enviar un correo electrónico que incluía preocupaciones sobre la separación de familias, un superior dentro de ORR verbalmente le advirtió que esas preocupaciones no deberían haberse puesto en un correo electrónico", asegura el informe. Al final, ese tipo de advertencias, concluye la Oficina del Inspector General, pudieron haber tenido un efecto sensible en la falta de discusión sobre la separación de familias y para prever una mejor preparación para enfrentar una política que se discutió e implementó en secretismo.
Mala comunicación entre agencias
Las discusiones entre agencias sobre la separación de familias comenzaron a inicios de 2017. Pero los funcionarios creyeron que no entraría en efecto porque en marzo de 2017 la secretaria de DHS anunció que no se pondría en marcha. Y hasta abril de 2018 no había referencias de que la política de 'tolerancia cero' sería implementada. "No se había mencionado una coordinación con HHS o cómo la 'cero tolerancia' podría afectar el programa de menores no acompañados", dice el reporte. Hasta ese momento, ni siquiera los funcionarios sabían cómo los afectaría en su rutina diaria.
"A mediados de 2017, el personal de la ORR vio que atípicos y grandes números de niños separados entraban en su custodia", se lee. Esa oficina, la de ORR, advirtió entonces que no tenía camas para recibir al volumen de niños que preveían iban a llegar. Además manifestaron ante distintas instancias —incluido su propio jefe— su preocupación por el "trauma que esa política podría causarles", pero la respuesta a esto fue que la medida "podría tener un efecto disuasorio" para la migración indocumentada.
Los llamados de alerta no fueron considerados entonces y comenzaron los desafíos.
Entre ellos, que no tenían la capacidad para atender a niños de muy corta edad. "Como resultado de estas dificultades, en noviembre de 2017, el entonces subdirector de Programas de Menores de ORR (...) alertó al director de ORR de que 'he dicho que ORR estaba viendo niveles más altos de separación de familias y que esas separaciones estaban impactando particularmente a los bebés y a los niños más pequeños. Lo he dicho tantas veces que me catalogaron como un disco rayado'".
Él mismo denunció que una noche se quedaron sin camas para bebés y una semana después ó a funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para manifestarle sus preocupaciones por el daño que se le causaba al programa de Menores no Acompañados y no le hubo una respuesta o solución para este tema. La Oficina del Inspector General encontró en su evaluación que estos reclamos no fueron atendidos por ninguna instancia.
Después del anuncio de la política en mayo de 2018, dice el informe, el número de niños separados de sus padres "creció exponencialmente". De enero a abril de 2018, las nuevas referencias a ORR rondaban entre 3,000 y 4,000 menores por mes. Para mayo de ese año, llegaron a 6,127. Y la proporción de menores en edades de 0 a 12 pasó de aproximadamente 14% entre marzo y abril 2018 a 24% en mayo de 2018. "ORR tuvo problemas para adaptarse al incremento repentino de niños, especialmente de niños muy jóvenes", explican.
El porqué en las fallas de la reunificación familiar
Entre otros hallazgos de la Oficina del Inspector General también están que, dada la improvisación, las instituciones que resguardaron a los menores "enfrentaron significativos retos operacionales en cada etapa del proceso de reunificación (...) localizando y comunicándose con los padres en custodia de DHS o del DOJ así como en determinar si los padres y niños podían ser reunificados de forma segura", concluye. Esto porque, entre otras cosas, las líneas de ICE para localización de padres y que les instruyeron consultar "frecuentemente eran incorrectas o estaban desactualizadas", o porque nadie respondía las llamadas en los centros de detención de DHS, o porque en el caso de los representantes en custodia de los Marshals la respuesta era que no estaban obligados a compartir información con ORR.
"Cuando el personal de ORR juntó información sobre sus intentos iniciales de establecer o con los padres en detención, encontraron que de 371 intentos en un día cualquiera, 159 habían sido fallidos; la razón más común era que el centro de detención no contestó el teléfono". Un director de programa estimó que le tomó un promedio de dos semanas para localizar a los padres y después de tres a siete días adicionales para arreglar una llamada entre los papás y los hijos separados, un paso necesario antes de la reunificación.
El propio Departamento de Salud y Servicios Humanos tuvo dificultades para obtener información de parte de DHS sobre los antecedentes criminales de los representantes de los menores y para identificar a los posibles patrocinadores a quienes podrían entregar a estos menores.
Un memorando a inicios de 2018 estableció que HHS obtendría huellas digitales de posibles patrocinadores y de los de su hogar y proporcionaría esos datos biográficos a ICE a través de DHS. De allí, ICE le daría al HHS un resumen del historial criminal y de inmigración sobre esas personas. "El HHS anticipó que ICE usaría esta información biográfica para tomar medidas contra posibles patrocinadores, lo que finalmente disuadiría a los patrocinadores de presentarse. Eso, a su vez, aumentaría el tiempo en que los niños permanecían bajo el cuidado de ORR, lo que requería una capacidad de cama total sustancialmente mayor", dice el reporte. Ya para entonces, funcionarios de ORR también alertaban sobre la posibilidad de que los padres fueran deportados sin sus hijos.
Cuando en junio de 2018 el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que frenaba la separación de niños la confusión en el proceso quedó más en evidencia. Hasta entonces, el proceso de hallar familiares, amigos y otros voluntarios en EEUU que pudieran cuidar de los niños en custodia del gobierno había sido establecido primordialmente para lidiar con los menores que llegaban al país sin acompañantes. El procedimiento no incluía pasos para reunir a niños que fueron separados de sus padres tras entrar de formar ilegal al país.
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