Juez decide mantener, por ahora, programa humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela
Un juez de Texas decidió este martes no congelar el programa parole humanitario anunciado por el presidente Joe Biden el 5 de enero, que limita la entrada de inmigrantes originarios de Cuba, Haití y Nicaragua a través de un patrocinador. Venezuela participa en esta limitación de asilo desde octubre del año pasado.
El juez Drew B. Tipton tomó la decisión en respuesta a una demanda entablada por los fiscales generales de una veintena de estados la tercera semana de enero, quienes alegaron que el gobierno había creado un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso.
La decisión final sobre el programa sería tomada en las próximas semanas. La corte de Distrito del sur de Texas, en Victoria, ha programado una primera audiencia para este 3 de marzo donde los abogados tanto del gobierno como de los estados demandantes presentarán argumentos. Abogados esperan otras reuniones antes de un veredicto final.
El programa advance parole otorga un total de 30,000 cupos mensuales a inmigrantes de los cuatro países de la lista, quienes una vez consigan un patrocinador, entran por vía aérea a Estados Unidos donde un agente federal de inmigración les da una isión hasta por dos años.
Los titulares del programa tienen además a una autorización de empleo temporal mientras dura el protocolo 2 años), al término de los cuales, si no han logrado ajustar sus estados migratorios por cualquier otra vía legal disponible, deben salir abandonar el país.
Los patrocinadores firman un contrato con el gobierno donde se hacen responsables de todos los gastos que incurran los beneficiarios, incluyendo vivienda, alimentación y salud. Los titulares no tienen a ningún tipo de beneficio migratorio mientras permanezcan bajo ese estatus.
Qué dijeron los demandantes
Los demandantes señalaron en el escrito del 24 de enero que el poder de libertad condicional del DHS “es excepcionalmente limitado” y ha sido restringido por el Congreso “varias veces y puede usarse solo caso por caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo".
A pesar de estas limitaciones, los estados contrarios al programa señalaron que “el plan del DHS permite que extranjeros en sus países de origen puedan obtener una autorización anticipada para ingresar a Estados Unidos, a pesar de que no haya otra base legal para que lo hagan”.
“El programa de libertad condicional establecido por el DHS falla en cada uno de los tres factores limitantes de la ley. No es caso por caso, no es para urgencia por razones humanitarias y no promueve ningún beneficio público significativo”, se lee en el escrito.
E insistieron en que el plan de Biden “equivale a la creación de un nuevo programa de visas que permite a cientos de miles de extranjeros (unos 36,000 al año) a entrar a Estados Unidos que de otro modo no tienen ninguna base para hacerlo. Esto es una burla y no sigue los límites establecidos por el Congreso”.
En la demanda participaron los estados de Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia y Wyoming.
“Todos los estados de Estados Unidos, especialmente los estados fronterizos como Texas, están siendo aplastados por el impacto de la inmigración ilegal”, dijo en su momento Ken Paxton, fiscal general de Texas.
“La agenda de fronteras abiertas de Biden ha creado una crisis humanitaria que está aumentando el crimen y la violencia en nuestras calles, abrumando a las comunidades locales y empeorando la crisis de los opiáceos”, indicó, pero sin aprobar pruebas de esas afirmaciones.
Los argumentos de Biden sobre el parole
Cuando el presidente Biden anunció el parole humanitario el 5 de enero, dijo que se trataba de una estrategia para detener y controlar el flujo de inmigrantes indocumentados en la frontera, que en los últimos dos años se ha incrementado y registrado cifras históricas de detenciones.
"No llegue a la frontera, quédese donde está", advirtió el mandatario en un discurso desde el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, donde confirmó que su gobierno concederá 30,000 visas por mes a nacionales de Cuba, Nicaragua y Haití dentro de un programa de visados humanitarios que desde octubre del año pasado aplicaba a venezolanos.
El programa humanitario (advance parole) pretende aumentar la seguridad en la frontera y reducir la cantidad de personas que cruzan ilegalmente entre los puertos de entrada, ha reiterado la Casa Blanca.
Las nuevas medidas “ampliarán y agilizarán las vías legales para una migración ordenada y tendrán nuevas consecuencias para quienes no utilicen esas vías legales”, advirtió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Durante el año fiscal 2022, agentes federales llevaron a cabo 2,378,944 arrestos (hallazgos) en la frontera con México frente a 1,734,686 detenciones registradas en el año fiscal 2021, según datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).
Las detenciones se han convertido en un dolor de cabeza para el gobierno de Biden y en combustible para que sus detractores promuevan su estrategia antiinmigrante.
Los inmigrantes que no consigan un patrocinador deben acceder a la página digital CBP One del CBP y buscar si califican para alguno de los programas vigentes, entre ellos el asilo, y solicitar una cita en un puesto fronterizo autorizado.
Quienes no lo hagan de acuerdo con los programas señalados, el gobierno ha advertido que serán detenidos y deportados de manera expedita bajo el Título 42 de los CDC por la pandemia o el Título 8 de la Ley de Inmigración por razones de inisibilidad.
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