Informe: la política de 'tolerancia cero' agravó el atasco en los tribunales de inmigración
Un política de 'tolerancia cero', en los años venideros el problema seguirá creciendo.
Las causas que agravaron el atasco se basan principalmente en el desconocimiento de la realidad migratoria. Un ejemplo es un mensaje publicado por el mandatario en su cuenta de la red social Twitter el 3 de abril:
“¡El Congreso debe reunirse e inmediatamente eliminar los vacíos legales en la frontera! Si no hay acción, la Frontera o secciones grandes de la Frontera se cerrarán. ¡Esto es una emergencia nacional!”, escribió.
Pero los “vacíos legales” o “lagunas” no corresponden a fallos en el sistema, sino a una ley y dos acuerdos judiciales que garantizan derechos para los inmigrantes, sobre todo niños que piden asilo en la frontera:
- La Ley TVPRA de 2008 sobre sobre prevención de tráfico humano.
- Acuerdo Judicial Flores de 1997 que prohíbe al gobierno federal privar de libertad a menores de edad.
- Acuerdo Zadydas (1997). Un inmigrante no puede ser detenido por más de seis meses si no ha sido deportado. Tiene derecho a una audiencia de fianza.
Este es solo uno de los ejemplos que ha agravado un problema que, en vez de retroceder, amenaza con salirse del control de las autoridades federales.
Detalles del plan
El plan fue conseguido por AILA y la AIC en diciembre del año pasado por medio de la Ley de Libertad de Información (FOIA). Denominado ‘Plan Estratégico de Reducción de Casos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración’ (EOIR) había sido aprobado el 31 de octubre de 2017 por el entonces fiscal general adjunto del Departamento de Justicia (DOJ).
En los meses siguientes, el DOJ y EOIR implementaron el plan mediante la puesta en vigor de varias iniciativas de políticas migratorias, incluidas múltiples opiniones sobre el establecimiento de precedentes emitidas por Sessions, quien en sus casi dos años al frente del DOJ ordenó profundos cambios a reglamentos que se utilizan para la implementación de la ley de inmigración.
El informe añade que contrario a los objetivos elaborados, las políticas del gobierno contribuyeron a un aumento en el atraso judicial que excedió los 820,000 casos a fines de 2018. En diciembre de 2016, poco antes de la toma de posesión de Trump, el número de casos acumulados alcanzaba los 474,025.
En diciembre del 2017 el número de casos era de unos 540,000.
El crecimiento a diciembre del año pasado representa un 25% “desde la introducción del plan de EOIR”, revela el informe. Y detalla que una parte del atasco se relaciona con la decisión tomada por Sessions de revertir unos 355,835 casos de deportación cerrados istrativamente en las últimas dos décadas.
Esta herramienta es particularmente útil en situaciones donde los jueces no pueden completar el caso hasta que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) u otra dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los tribunales estatales u otras autoridades tomen medidas.
El exfiscal general, despedido por Trump en noviembre del año pasado, “en ese momento ignoró las preocupaciones y emitió una decisión que, esencialmente quitó a los jueces de inmigración su capacidad para cerrar casos de manera istrativa y obligados a reabrir casos previamente cerrados a solicitud de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
El informe señala que, en su momento, del Congreso enviaron una carta al DOJ y al DHS explicando sus preocupaciones sobre los planes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para recalendarizar potencialmente cientos de miles de casos cerrados istrativamente.
Daños al debido proceso
Tanto AILA como el Consejo Americano de Inmigración advierten que las políticas implementadas por el EOIR durante la primera mitad del gobierno de Trump “como parte del plan para reducir el número de casos en las cortes, han socavado gravemente el debido proceso y la integridad del sistema judicial migratorio”.
Asimismo, han ejercido “una enorme presión” para que los jueces operen en base a “cuotas”, medida que les “restringe su capacidad para istrar sus expedientes de manera más eficiente”, una estrategia que hace que “sea más probable nieguen a los solicitantes de asilo, y otros que comparezcan ante los tribunales, el tiempo suficiente para reunir pruebas que respalden sus reclamos”.
Quienes comparecen ante los tribunales, revela el informe, tienen menos tiempo para buscar asesoría legal, lo que se ha demostrado ser un factor crítico, si no el más importante, “para determinar si un solicitante de asilo puede probar su elegibilidad para la protección legal”.
Puntualiza el reporte que “el propósito fundamental de cualquier sistema judicial debe ser garantizar que sus decisiones se tomen de manera justa, de conformidad con la ley y la garantía de la Constitución del debido proceso”. Y añade que “los esfuerzos para mejorar la eficiencia también son importantes, pero no pueden implementarse a costa de estos principios fundamentales”.
Falta de independencia
El análisis muestra además lo que AILA y la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) vienen denunciando desde hace años, “el enorme poder” que el Departamento de Justicia ejerce sobre el sistema de tribunales de inmigración.
Precisa que mientras el Congreso no actúe sobre este tema y cree un tribunal de inmigración independiente del Departamento de Justicia, “los que se presenten ante la corte se enfrentarán a un sistema defectuoso que se ve gravemente comprometido en su capacidad de garantizar juicios justos y coherentes”.
Señalan además que, a diferencia de otros órganos judiciales, los tribunales de inmigración carecen de independencia del Poder Ejecutivo y se trata de una estructura istrada por el EOIR, una dependencia del Departamento (ministerio) de Justicia, “la misma agencia que procesa los casos de inmigración a nivel federal”.
“Este conflicto de intereses inherente se agrava por el hecho de que no están clasificados como jueces, sino como abogados del gobierno, algo que no reconoce la importancia de sus deberes judiciales y los pone bajo el control del Fiscal General”, quien funge como fiscal principal en casos de inmigración.
Tanto AILA como la AIC advierten que el gobierno de Trump “se ha aprovechado de las fallas estructurales” de las cortes de inmigración “ introduciendo numerosas políticas, incluido el plan de EOIR, que reformula drásticamente la ley federal de inmigración y socava el debido proceso en los procedimientos judiciales de inmigración”.
El informe concluye que el Congreso debe realizar una supervisión rigurosa de las políticas que el gobierno de Trump ha implementado desde que llegó a la Casa Blancas, mismas que, asegura, “erosionan la capacidad de los tribunales” de inmigración para garantizar que las decisiones se tomen de manera justa, de acuerdo con la ley, respeten el debido proceso y la garantía de la Constitución.
“Pero la supervisión no es suficiente”, apuntan. “Con el fin de proteger y promover los valores fundamentales de imparcialidad e igualdad, el tribunal de inmigración debe reestructurarse fuera del control del DOJ en forma de un tribunal independiente”, concluye.
