El “miedo a morir”: la principal causa de las caravanas que buscan asilo en EEUU

Las amenazas y políticas del presidente Donald Trump no han detenido la verdadera causa del éxodo de migrantes centroamericanos que huyen de sus países en busca de asilo en Estados Unidos. La gente huye “para mejorar la vida o seguir adelante, para estar con su familia, para escapar de la pobreza o encontrar trabajo. Pero esto es solo una parte y no toda la historia”, advierte Elizabeth Kennedy, investigadora académica de Human Rights Watch (HRW).

Entre 2013 y 2014 Kennedy, junto a otros investigadores de las universidades Estatal de San Diego y de California, elaboraron un informe que advirtió la existencia de un éxodo que fue enviado a la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), quien luego lo remitió a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Un informe al que los líderes responsables le hicieron caso omiso.

Años después este es el panorama: el discurso de Trump no ha variado desde que en abril de 2018 le declaró la guerra a las caravanas. Lo que sí ha cambiado –se ha agravado– es la situación de violencia en el denominado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y México en los últimos 12 meses.

Este sábado el mandatario insistió: “Los demócratas deben cambiar las Leyes de Inmigración RÁPIDAMENTE. Si no, Sanctuary Cities debe ACTUAR de inmediato para hacerse cargo de los inmigrantes ilegales, y esto incluye a de pandillas, narcotraficantes, traficantes de personas y delincuentes de todas las formas, tamaños y tipos. ¡CAMBIE LAS LEYES AHORA!”.

En vez de mejorar las condiciones de vida en el Triángulo del Norte y México, los escenarios empeoraron y el éxodo creció. Y a medida que las condiciones de visa fueron empeorando, “se fueron organizando caravanas de varios grupos para concientizar a los pueblos sobre sus derechos como seres humanos, la situación de personas migrantes y los riesgos de la ruta” hacia el norte para salvar sus vidas, dice Kennedy. “Viajar en caravanas fue la manera de disminuir los riesgos, particularmente asalto, extorsiones, secuestro, desaparición, violación y homicidio por manos del Estado y del crimen organizado”.

A la pregunta respecto a quién está detrás de las caravanas, la investigadora responde que “mucha gente que sufre discriminación, persecución, violencia, trauma y condiciones inhumanas entre ellas falta de agua, comida, techo, electricidad, un salario digno. Y también por culpa de gobierno que no les atiende, no los ven y no los protegen, y también por discriminación en base a su raza, nacionalidad o lugar de nacimiento. De hecho, los mismos gobiernos a veces los abusan, explotan y persiguen”.

En este contexto, dice Kennedy, “creció el crimen organizado se volvió fuerte y también abusan, persiguen, violan y matan a las personas en sus lugares de estudio, trabajo y sus casas. Entonces por eso huyen, no solo porque no hay otra opción para sobrevivir, pero también porque –aún en medio de tanto sufrimiento– siguen soñando en que podrán servir y ayudar a sus seres queridos en otro lugar, que podrían vivir dignamente fuera y dar vida digna a otras personas”.

El mundo que trata de dibujar Trump es totalmente contrario. “Si los Demócratas de la Izquierda Radical de repente no quieren a los Migrantes Ilegales en sus Ciudades Santuario (no más brazos abiertos), ¿por qué debería esperarse que otros los lleven a sus comunidades? ¡Vete a casa y entra en nuestro país legalmente y a través de un sistema de mérito!”, escribió el mandatario el viernes pasado.

La advertencia inicial

Hace cuatro años ya el grupo de investigadores que incluía a Kennedy realizó más de 400 entrevistas a migrantes de El Salvador que querían llegar a Estados Unidos. “Se analizaron los primeros 322 casos, y entre ellos el 60.1% dijo que huía por el miedo que tienen del crimen, las amenazas de las maras y la violencia”, explicó entonces, en 2015, a Univision Noticias. Ese análisis también arrojó que 35% de los migrantes iban en busca de sus familias: “ese número dice mucho", dijo Kennedy, "porque más del 90% tienen familiares en Estados Unidos y de ellos más del 50% tienen su mamá, su papá o los dos padres allá”.

“No necesariamente las comunidades con menos recursos son los más violentas, pero en muchas partes de El Salvador, Guatemala y Honduras es la dinámica actual: que los lugares con menos recursos (y sin la protección del Estado) también tienen niveles altos de violencia, normalmente por varios actores”, explicó.

Se trata de individuos que “sinceramente temen por su vida cuando tienen que explicar todo que han pasado. Y por la complejidad de varios sucesos, normalmente toma tiempo y confianza para explicar. Huyen por miedo a la muerte”.

Oídos sordos

En 2014 la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) dijo que la cifra de personas que estaban solicitando la condición de refugiados sobrepasaba las 80,000. Simultáneamente, ACNUR indicaba que el desplazamiento forzado era producto de la violencia que ejerce el crimen organizado a través de las llamadas maras o pandillas. Y que El Salvador, Honduras y Nicaragua eran los países que más sufrían los asesinatos, secuestros, extorciones y las desapariciones de estos grupos transnacionales, siendo la principal causa que genera las migraciones internas y hacia el exterior.

“La violencia que generan las pandillas se ha extendido a otros sectores de la sociedad, pero sigue golpeando con fuerza los municipios donde el estado está más ausente. Las personas están en peligro simplemente por vivir en zonas que ellos controlan”, precisó la ONU hace cinco años.

No hubo una respuesta adecuada al tamaño de las advertencias. Recién en junio de 2014 el gobierno de Estados Unidos reaccionó a la crisis cuando su capacidad de respuesta fue sobrepasada y en un tramo de la frontera con México habían sido arrestados más de 46,000 menores no acompañados y un número similar de unidades familiares, quienes venían huyendo en busca de asilo.

En carne propia

“Soy una salvadoreña que tuvo que dejar su país en busca de seguridad”, dice a Univision Noticias Karla Salas Najarro, exabogada del Instituto de derechos humanos de la UCA. “Pienso que el mayor problema sigue siendo el económico y en segundo lugar la violencia generalizada que se vive en nuestros países”.

Salas explica que “las pandillas, sin duda, han logrado sembrar el miedo en la población que nada tenemos que ver con ellos. Al principio yo no les temía y confiaba, hasta cierto grado, en el sistema judicial. Pero a medida fui conociendo las operaciones de estos grupos y lo que hacían con sus víctimas y que no es juego, ya no me sentí segura. Si fuese por mi, tal vez seguiría viviendo en El Salvador, pero lo que me impulsó a venir a Estados Unidos fue el futuro de mi hija”.

La pequeña, que estudiaba en una escuela privada en San Salvador, fue víctima de un intento de secuestro. EL acto de violencia fue suficiente para que Salas y su familia migraran al norte, como miles y por las mismas causas expresadas por otros centroamericanos en la última década.

“Y tal vez no todos los que intentarán la caravana sea por el miedo a morir lo que los empuja. Hay muchos que lo hacen en busca de una mejor economía, pero creo que al final es bastante válido en nuestros países. No hay oportunidades de empleo que tengan un salario justo. Por el contrario, las personas a penas sobreviven con aproximadamente $260 mensuales y con ello deben cubrir salud, alimentación, vestuario, vivienda y educación. Con esta cantidad es ridículo”, indica.

La exactivista dice además que la pobreza “empuja a que ambos padres salgan a trabajar durante todo el día y dejen a sus hijos solos en casa. Eso no es tanto el problema, pero con los salarios de hambre que reciben las personas, los únicos lugares en donde pueden tener para pagar o conseguir una vivienda están llenos o habitados por pandilleros, quienes aprovechan esta situación para reclutar niños y adolescentes para que se unan a la pandilla. Y los gobiernos no están haciendo nada por evitar la migración de sus connacionales. Muchos políticos y funcionarios públicos están ligados a estas estructuras o con el narcotráfico. La violencia es un negocio para los políticos”.

Puertas cerradas

La mayoría de las políticas migratorias que Trump ha dictado desde que llegó a la Casa Blanca han sido frenadas por los tribunales de justicia. El último fallo, dictado por una corte de San Francisco, le prohíbe regresar a México a migrantes que piden asilo en Estados Unidos. Pero al presidente no le gustan los dictámenes que emiten los jueces federales.

“Incluso los demócratas ahora dicen que nuestra frontera sur es una crisis y una emergencia nacional. ¡Con suerte, no obtendremos más decisiones BAD (escandalosas) de la corte!”, escribió el 12 de abril.

“Trump quisiera simplemente que no existiera el debido proceso migratorio, la Ley de Asilo y los compromisos humanitarios internacionales suscritos por Estados Unidos”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y que durante 15 años de desempeñó como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia.

“Piensa que los jueces de inmigración, de alguna manera, impiden que él simplemente deporte a todo inmigrante sin debido proceso. Curiosamente, su gobierno lleva meses alegando que se necesitan más jueces de inmigración y contratando más jueces. Pero ahora tal parece que han dado vuelta en U con esa agenda o está en contra de la agenda de su propio equipo. Es obvio que Trump no entiende absolutamente nada de política internacional, y no tiene ni la más mínima idea de cómo lidiar con el reto de la inmigración”, indica.

Sánchez Roig dice además que “el presidente ha creído que simplemente deteniendo y deportando a los inmigrantes resolvería el problema. Pero esas políticas nunca han funcionado. Y ahora ha visto el fracaso de esas políticas bajo su supervisión. Con la renuncia de (la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirsjten Nielsen) podemos verlo tratando de culpar a otra persona, nuevamente, por su incompetencia y falta de sentido” respecto al éxodo de migrantes.

La abogada dice además que “el gobierno de Trump “no entiende o no quiere entender que tenemos un proceso constitucional y que parte de eso es el debido proceso, así como la obligación de proteger leyes y obligaciones internacionales, y a las personas que huyen de la persecución”.

De seguir por ese camino, Sánchez-Roig teme que “se cause un caos al sistema existente que socavará el debido proceso. Este presidente intencionalmente ha causado este problema, el caos en la frontera a través de comentarios falsos y provocativos. Donde el número de personas en la frontera se había reducido durante los últimos 10 años, sus comentarios sobre el cierre de las fronteras solo han llevado a un aumento de inmigrantes temerosos de que, si no buscan asilo ahora, este recurso ya no existirá nunca más”, concluyó.