Eliminar o no el Título 42 en la frontera, el dolor de cabeza para el gobierno de Biden
Debido a presiones para que elimine el Título 42 del Código de Estados Unidos en la frontera con México y abra la puerta del asilo a cientos de migrantes que a diario llegan a los distintos puestos de control, el gobierno de Joe Biden baraja cuándo tomar una decisión al respecto.
La Casa Blanca indica que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) fueron los que activaron la política y que como son los que toman decisiones sobre salud pública, también son quienes deben eliminarla.
El Título 42 es un estatuto de salud pública que data de 1944 y da autoridad a los CDC para determinar si una enfermedad contagiosa en un país extranjero representa un grave peligro de propagación en Estados Unidos.
Bajo esta premisa fue activado en 2020 como parte de las medidas de control y detención de los contagios por coronavirus y faculta al gobierno deportar se forma acelerada a extranjeros por razones de salud pública.
En Europa están aumentando nuevamente los contagios atribuidos a una subvariante de ómicron que, según expertos, pronto llegará a Estados Unidos.
Expertos en salud advirtieron este viernes que la nueva ola de ómicron, por el momento, se presenta menos grave que la anterior (que azotó con fuerza entre los meses de noviembre y enero), pero es más contagiosa.
El reclamo de Schumer
Las voces que exigen la eliminación “inmediata” del Título 42 aumentan semana tras semana. El pasado 10 de mayo, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, pidió al presidente poner fin "de forma inmediata" a la política que data de 1944 que permite la deportación acelerada de migrantes.
Schumer dijo que la norma, activada en 2020 como parte de las medidas para combatir la propagación del virus del coronavirus, "es un desastre para las familias centroamericanas que buscan asilo" en Estados Unidos.
El senador por Nueva York catalogó el Título 42 como un "esfuerzo cínico" usado por el gobierno del expresidente Donald Trump de usar la pandemia como "excusa" para reforzar sus políticas migratorias de 'tolerancia cero'.
El líder del Senado dijo además que la política del Título 42 “debe terminar inmediatamente” porque va en contra de “nuestras políticas de refugiados”. Y apuntó que “es innecesario que siga siendo utilizada indiscriminadamente” por las autoridades federales migratorias en la frontera con México.
Qué respondió el gobierno
La respuesta del gobierno tardó una semana y no vino de parte de la Casa Blanca, sino del secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas. Y no se trató de una explicación respecto a la estrategia del Ejecutivo para eliminar el Titulo 42, sino para justificar que, por ahora, seguirá vigente, aunque con algunas excepciones.
“Se le ha dicho a la Patrulla Fronteriza que permita eximir a los solicitantes de asilo ucranianos del título 42”, dijo Mayorkas a periodistas el jueves. “Hubo una guía emitida para los agentes que les recordó el hecho de que las excepciones individualizadas al título 42, según la autoridad de los CDC, están vigentes y se pueden aplicar a los ucranianos”.
En cuanto al reclamo presentado por Schumer, junto a otros senadores, representantes, abogados, líderes religiosos y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, el secretario del DHS se limitó a decir que la duración del Título 42 no corresponde a la Casa Blanca, sino que “será determinada por CDC, cuya autoridad es y quien hace la determinación de salud pública la norma es necesario (mantenerla) por más tiempo o no”.
Decisión delicada
Lo que no dijo Mayorkas es cuándo los CDC tomarán una decisión sobre quitar o extender la vigencia del Titulo 42. La Casa Blanca debe, primero, planificar detenidamente qué pasos dará en la frontera cuando levante el Título 42, decisión que depende de la capacidad de respuesta del DHS a cargo de Mayorkas.
“Se presenta un problema grande para el gobierno”, dice Lilia Velásquez, abogada de inmigración y profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Miles de personas estarán felices porque podrán pedir asilo, pero el gobierno deberá estar listo para responder a cada uno de los pedidos de asilo tal y como lo determina el debido proceso”, agrega.
La advertencia se debe a que la Corte de Inmigración tiene más de 1.7 millones de casos acumulados y hay menos de 550 jueces. Eso significa que, el promedio, un caso de asilo puede demorar cerca de 4 años en ser resuelto.
“No sabemos si todos quienes pidan asilo una vez eliminado el Título 42 serán detenidos o puestos en libertad. Tampoco sabemos si se construirán centros para enviar a las personas detenidas cuando pidan asilo. O si tendrán a programas alternativos de detención (ATD) y, tras el pago de una fianza o un grillete electrónico, esperen en libertad la resolución de sus casos en los tribunales de inmigración”, agregó.
Otra preocupación expresada por Velásquez es similar a la señalada por quieres respaldan la permanencia del Título 42: si quienes sean puestos en libertad se presentarán a sus audiencias de inmigración.
“Se presenta un problema grande para el gobierno”, reiteró. “Pero sin duda la eliminación de la norma causará un gran alivio a cientos de miles de extranjeros”.
A puertas cerradas
En la conversación con periodistas el jueves, Mayorkas no mencionó que funcionarios de inteligencia preparan a puertas cerradas un plan para procesar a más de 170,000 inmigrantes en la frontera con México cuando se levante la política del Título 42.
Un reporte del sitio Axios reveló que el denominado Centro de Coordinación de la Frontera Suroeste (SBCC), recientemente creado, se encuentra elaborando un protocolo de respuesta inter-agencias en la frontera.
Al número de solicitantes que se beneficien con el retiro de la norma hay que incluir a los miles de inmigrantes que aguardan la resolución de sus casos de asilo y que fueron regresados a México bajo el Programa de Protección del Migrante (MPP), reactivado en diciembre por orden de un tribunal de Texas.
Vedant Patel, vocero de la Casa Blanca, dijo a Axios que “la istración estaba haciendo “nuestra debida diligencia para prepararse para posibles cambios en la frontera".
Una fuente demócrata dijo a Univision Noticias el partido estaba “incómodo” porque la istración sigue excusándose en los CDC en vez de responder a los reclamos de eliminación del Título 42 con una estrategia “clara”.
Agregó que, factores adicionales pueden entorpecer una respuesta “apropiada” y “humana”, y mencionó entre ellos el aumento del flujo de inmigrantes en la frontera en esta época del año y la amenaza de una nueva ola de coronavirus causada por una sub-variante de ómicron que azota Asia y partes de Europa.
También mencionó que, debido a la ausencia de una reforma migratoria, en la frontera persisten “muchos problemas endémicos” que, al no estar resueltos, podrán en evidencia “la reducida capacidad de respuesta del gobierno”.
Futuro incierto
De eliminarse el Título 42, la situación en la frontera volverá a como se encontraba antes de la pandemia del coronavirus.
La controvertida norma ha permitido al gobierno deportar de forma acelerada a más de 1 millón de extranjeros. “Ahora que se habla de eliminar el programa, el gobierno teme una masiva ola de inmigrantes en la frontera con México”, dice Receba Sánchez-Roig, una abogada de inmgración que ejerce en Miami, Florida.
“Este es un problema que involucra a numerosas agencias aparte del DHS. Se verán involucrados los departamentos de Estado (DOS), Justicia (DOJ), Defensa (DOD) y Salud y Servicios Humanos (HHS)”, agrega. “Lamentablemente existen muchos contrabandistas, grupos de trata de personas y delincuentes que se aprovecharán del fin del uso del Título 42 para contrabandear o traficar inmigrantes inocentes a Estados Uhidos”, advierte.
Sánchez teme que, una vez se elimine la controversial norma, “la pérdida de vidas aumentará” y debido a este escenario “el DHS desencadenará algunas medidas extremas que se tomaron durante el gobierno anterior, entre ellas un aumento de agentes en la frontera, mayor vigilancia aérea y solicitar la colaboración del Servicio de Alguaciles para ayudar a trasladar a los migrantes indocumentados a otras áreas de la frontera”.
El aumento de la capacidad de detención del gobierno se debe al cumplimiento de la Ley del Real ID de 2005 que modificó la ley de asilo. Entre otras disposiciones, ordena el encarcelamiento de solicitantes de asilo hasta que sus casos sean resueltos por los tribunales de inmigración.
Percepción equivocada
Sánchez-Roig también previno que “muchos inmigrantes tienen la suposición incorrecta de que, si cesa el uso del Título 42, serán itidos o puestos en libertad condicional a esperar las audiencias de asilo. Eso es muy poco probable que suceda. Lo que probablemente ocurrirá es un aumento en el número de detenidos, más prolongadas; es decir, estará detenido hasta que se escuche su caso. Vi que eso sucedía a lo largo de mis años en el gobierno, y es una opción permitida por la ley”, acotó.
Sánchez fungió 15 años como fiscal de inmigración para el Departamemnto de Justicia durante los gobiernos de Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama.
También señaló que “una vez detenido el extranjero en la frontera, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utilizará la autoridad extraordinaria de remoción acelerada para retirar rápidamente las cargas de autobuses o aviones de inmigrantes detenidos”.
“El CBP puede usar de manera muy efectiva la ‘expulsión acelerada’ (ER) y, de hecho, posiblemente para expandirla. Y para aquellos que no lo saben, ER se refiere a la autoridad legal otorgada incluso a funcionarios de inmigración de bajo nivel para ordenar la deportación de algunos ciudadanos no estadounidenses sin ninguna de las protecciones del debido proceso otorgadas a la mayoría de las demás personas, como el derecho a un abogado y a una audiencia ante un juez”, precisó.
Poderes extraordinarios
La exfiscal dijo además que “la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 (IIRIRA) creó la deportación acelerada, pero el gobierno federal posteriormente la amplió significativamente”.
“Uno de los principales problemas con la ER es que el oficial de inmigración que toma la decisión prácticamente tiene autoridad sin control. Cuando un funcionario de inmigración se encuentra con alguien que cree que puede estar sujeto a una ER, la carga de la prueba recae sobre el individuo para demostrar lo contrario. Esto significa que una persona que se cree que está sujeta a una ER tendrá la carga de probarle a un funcionario de inmigración que ha estado físicamente presente en Estados Unidos durante dos años o más, o que fue itida legalmente o en libertad condicional en los Estados Unidos”, añadió.
Sánchez dijo que “tal como está ahora, los oficiales de inmigración pueden ordenar sumariamente la expulsión de casi cualquier ciudadano extranjero que llegue a la frontera sin los documentos adecuados. Además, los inmigrantes indocumentados que han estado en Estados Unidos 14 días o menos desde que ingresaron sin inspección, están sujetos a ER si un oficial de inmigración los encuentra dentro de las 100 millas de la frontera con México o Canadá”.
Finalmente la abogada dijo que las personas que tienen un temor creíble o razonable de persecución “son detenidas en espera de una revisión adicional de su caso de asilo”. Y que en circunstancias limitadas, “estas personas pueden obtener la libertad condicional, es decir, liberarlas de la detención, y permitirles permanecer en Estados Unidos mientras su caso de asilo está pendiente”. Pero recordó que el porcentaje de personas que se benefician de este beneficio “es mínimo”.
Cabe recordar que los indocumentados que entraron al país después del 1 de noviembre de 2020 están en la lista de prioridades del gobierno de Biden.
