Cómo la pandemia agrava la situación de migrantes que aguardan en México sus casos de asilo en EEUU
La situación en la que viven miles de inmigrantes en la frontera norte de México con Estados Unidos se ha vuelto extremadamente crítica en lo que va de año. Al incierto sistema de asilo modificado por el gobierno de Donald Trump en los últimos tres años, se suma el hacinamiento en los albergues, la pobreza, la violencia y desde la tercera de semana de marzo la pandemia del coronavirus.
“Pedí el asilo hace como un año, pero ahora me han postergado las audiencias con el juez dos veces”, dice la migrante guatemalteca Reina Sofía Santizo López (27), madre soltera de tres niños de 9, 4 y 4 años. “Lo pedí el 1 de julio del año pasado”.
Santizo dice que salió de Guatemala debido a la violencia doméstica del padre de sus tres hijos, una causa que para el gobierno de Trump no es motivo para conseguir la protección del gobierno. Pero ella no lo sabe. “Yo pedí el número en la garita y me lo dieron. Fui a la primera (cita en la) corte, al mes fui a otra (cita) y a la tercera me dieron unos papeles para que los llenara”.
La migrante es una de las más de 65,000 que desde finales de enero de 2018 aguarda en México la resolución de su pedido de asilo en Estados Unidos bajo el programa Protocolo de Protección del Migrante (MPP), implantado por el gobierno en el marco de su política de ‘tolerancia cero’.
Cúmulo de trabas
Los papeles mencionados por la migrante se refieren al formulario I-589 que se utiliza para pedir asilo en Estados Unidos. En cuanto al número, a finales de 2018 el gobierno restringió los pedidos de asilo obligando a los migrantes a presentarse en los puertos de entrada (garitas) y solicitar un cupo para ser atendido por un agente de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo, entrevistado por un agente de asilo del servicio de inmigración y, si hay evidencia de miedo creíble, presentarse ante un juez de inmigración.
“Cuando presenté los papeles el juez los recibió y me dijeron que me iban a llamar. Pero entonces vino la pandemia y todo se atrasó. Ya me han cambiado la cita dos veces y ahora debo presentarme en la garita el 13 de junio para que me den otra fecha”, añade.
La Corte de Inmigración (Oficina de Revisión de Casos de Inmigración -EOIR-) señala en su página digital que “las personas con una fecha de audiencia anterior al 22 de junio deben notificaciones un mes después de la fecha indicada en su fecha de notificación más reciente”, es decir, Santizo deberá acudir probablemente hasta el 13 julio, siempre y cuando no haya otra prórroga debido a la pandemia del covid-19.
En busca de su padre
Además de la violencia doméstica que denunció haber sufrido mientras vivía en su casa de Mazatenango (ubicado a 159 kilómetros de la capital (99 millas), Santizo vino en busca de Juan Roquael, su padre, quien se marchó de Guatemala en 1993 rumbo a Estados Unidos.
“Tengo 8 años que no se nada de él, si está vivo o está muerto. Ya hace como 23 años que emigró al norte y la última vez que hablamos me dijo que estaba en Arkansas. Yo no deseo nada de él, sólo poder verlo. El tenía 45 cuando se fue de casa y yo 4 años. Mi recuerdo se está borrando”, dice en voz baja.
A la pregunta respecto a cómo se las arregla en el alberge ‘Embajadores de Jesús’, cuenta que vive de la caridad de las personas. “Tal vez aquí hay como unas 300 a 400 gentes. Y ahora no hay trabajo para nadie por esto de la pandemia. Nadie esta trabajando, pero nos dan comida. Es una bendición”.
“Tampoco he podido trabajar antes porque no tengo quién se haga cargo de mis niños. Como le digo, para vivir dependemos de la bondad de otros. Aquí nos dan, pues, la comida, lo que son cosas de higiene, nos ayudan”, explica.
En cuanto al miedo de que el nuevo coronavirus entre al albergue, Santizo dice que “por ahora no ha habido casos”, y respecto a la violencia, considerando que Tijuana es una de las ciudades más violentas del mundo, dice que “lo que hacemos es turnamos para cuidar la puerta y darnos cuenta de que los niños no salgan solos para que no se los roben”.
‘Epidemia de pobreza’
Si antes de la pandemia los migrantes que aguardaban en México tenían dificultades para sobrevivir, “ahora la vida se les ha vuelto extremadamente difícil” dice Soraya Vásquez, directora de la organización Families Belong Together capítulo México, en Tijuana. “Y no solo por el asunto de la comida y el alojamiento, sino por el riesgo de ser contagiados por el covid-19”.
“Y las personas que deportan de manera expedita desde la tercera semana de abril (cuando el gobierno cerró temporalmente la frontera para viajes no esenciales), tienen serias dificultades para encontrar un lugar donde vivir”, agrega.
Vásquez cuenta además que “los MPP (inmigrantes como Santizo que pidieron asilo en Estados Unidos y aguardan en México la resolución de sus casos) que estaban en Tijuana y que tenían trabajo, lo han perdido por la pandemia y no pueden resolver sus necesidades básicas, como la comida y la vivienda”.
“Estamos viviendo una crisis humanitaria, las personas tienen hambre, no tienen cubiertas sus necesidades mínimas, hay una crisis de estado emocional puesto que las cortes en Estados Unidos están cerradas, los procesos se han prolongado y la incertidumbre crece todos los días”, añade. “Estamos viendo una epidemia de pobreza”.
“Esto no se vale”
Un análisis publicado por el sitio de Law360 indica que los inmigrantes sujetos al MPP “han tenido que presentarse en la frontera en sus fechas de audiencia originales desde que las audiencias se suspendieron por primera vez en marzo. Pero según los nuevos procedimientos, ahora deben llegar al puerto de entrada un mes después de su fecha de audiencia programada inicialmente para recibir un aviso de la nueva fecha”.
Citando a abogados que brindan servicio probono en la frontera, la publicación narra que cada día decenas de migrantes se presentan en las garitas para recibir una nueva fecha de audiencia, y que entre las oleadas de peticionarios de asilo han niños, incluso bebés.
Agrega muchos de los migrantes que aguardan en México por sus audiencias no reciben suficiente información respecto a los cambios decretados por la Corte de Inmigración, situación que aumenta el miedo entre los inmigrantes quienes temen que un solo error pueda significar que pierdan sus casos de asilo.
“El gobierno de Estados Unidos no mira el sacrificio que hacen las personas para llegar a la garita del Chaparral”, dice Hugo Castro, de la organización SOS migrantes en Tijuana. “Aquí se presentan no solo migrantes que aguardan en Tijuana, sino que muchos vienen de los albergues de Mexicali”.
El activista explicó que Mexicali se ubica a unas 120 millas (170 kilómetros) de Tijuana. “Se vienen en autobús, un viaje de más de tres horas. Llegan a la central de camiones de Tijuana a eso de las 3 de la mañana y deben viajar otra media hora en Taxi hasta la garita. Y cuando llegan ahí antes de las 4:30, los hacen esperar hasta las 9 am paras decirles que no los van a atender y que deben regresar en otra fecha. Esto no se vale”.
Castro dijo además que “si no se presentan y no llevan de regreso ese papel a México, en México no le dan una prórroga a su permiso de estadía y se convierten en ilegales. Es una situación terrible la de estas pobres personas”.
Law360 advierte que el obligar a los migrantes a acudir dos o más veces a la frontera “los pone en riesgo adicional de contraer el coronavirus”.
Fallo clave
A principios de marzo a Corte Suprema determinó que el gobierno de Trump puede continuar enviando a México a solicitantes de asilo bajo el MPP mientras continua la batalla jurídica en las cortes inferiores.
En febrero el 9º Circuito de Apelaciones había fallado que el gobierno debía suspender el programa porque estaba violando la ley. Pero horas después revirtió la decisión permitiendo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continuara enviando a México a peticionarios de asilo en Estados Unidos.
Una semana después celebró dos audiencias, donde los abogados del gobierno y los detractores del MPP presentaron nuevos argumentos a favor y en contra. Al término de la segunda ronda de consultas y presentación de documentos, el tribunal fijó la fecha del 12 de marzo para que se pronuncie la Corte Suprema.
El máximo tribunal de justicia habló un día antes del vencimiento del plazo.
La Casa Blanca ha dicho que detener el programa es “imprudente” y constituye una “amenaza a nuestra estructura constitucional”.
Señala además que los tribunales inferiores no deben impedir que el Poder Ejecutivo ejecute fielmente las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso” y proteja a los ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legales”.
El gobierno, además, defiende la actuación del DHS indicando que, si un extranjero llega al país desde un territorio extranjero contiguo, puede ser devuelvo a ese país a esperar la resolución de su caso de asilo ventilado en un proceso de deportación.
A la pregunta qué hará si Estados Unidos le niega el asilo, Santizo guardó un largo silencio. “Si me tengo que regresar, me quitarán a mis hijos y temo por mi vida”, dice la inmigrante al otro lado del teléfono.
