Atraso histórico: el servicio de inmigración acumula más de 8.7 millones de casos
El servicio de inmigración sigue acumulando atrasos en trámites que van desde asilo, ciudadanía y hasta permisos de trabajo. Al 30 de junio la agencia federal registraba 8,753,371 solicitudes de servicios pendientes.
“Es una situación grave”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “El aumento en los últimos años se debe, principalmente, al alto número de casos de asilo que se presentan en la frontera con México. Y crecerá mucho más cuando se elimine la política del Título 42”, advierte.
La norma citada por Velásquez fue activada en marzo de 2020 por la pandemia del COVID-19 y permite la expulsión inmediata de extranjeros por razones de salud pública. El pasado 16 de noviembre, sin embargo, un juez federal de Washington DC dio plazo al gobierno hasta el 21 de diciembre para eliminarla.
La regla fue demandada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), quien alega que la vigencia de la cuestionada norma “ha impedido que las personas que huyen de la violencia y la persecución busquen seguridad en Estados Unidos durante más de dos años”.
“Y ha dado lugar a miles de casos de ataques violentos, incluidas violaciones, torturas y secuestros”, dijo a mediados de septiembre Jonathan Blazer, director de estrategias fronterizas de la ACLU, luego de conocer un reporte donde se indicaba que el gobierno de Biden planeaba ampliar el programa.
“Cuando la quiten, el número de personas seguirá creciendo”, afirmó Velásquez. “El gobierno federal no ha contratado personal suficiente para atender el flujo que se avizora en la frontera sur después de que retiren el Título 42. Las personas que tienen un miedo válido (creíble) serán elegibles para asilo , pero debido a las demoras tardarán mucho tiempo en recibir justicia”.
Velásquez, quien también ejerce como abogada de inmigración en San Diego, dijo que “esta situación (la llegada de miles de inmigrantes a la frontera tras huir de sus países) atrasa muchos otros casos que sufren por el gran número de solicitudes de beneficios legales disponibles, afectando con ello seriamente la istración de la justicia para los inmigrantes”.
Cifras alarmantes
De acuerdo con la base de datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), al 30 de junio de 2022 la mayor cantidad de solicitudes acumuladas corresponden al formulario I-130 (petición de residencia por familia), con 1,699,329 solicitudes. En el año fiscal 2021 el número de retrasos alcanzó 1,519,906 peticiones de ajuste (a residente legal permanente por medio de un familiar).
El segundo lugar en la lista de demoras lo ocupan los formularios I-765 (permisos de trabajo o autorizaciones de empleo), con 1,512,258 solicitudes frente a 1,482,697 demoradas en el año fiscal 2021.
De los 1,512,258 formularios I-765 acumulados no todos corresponden a una misma categoría, revelan los datos:
- 450,580 corresponden a peticionarios de asilo que llevan más de seis meses esperando la resolución de sus casos
- 379,034 solicitudes fueron presentadas por extranjeros que solicitaron un proceso de ajuste de estatus;
- 108,215 peticiones de dreames amparados bajo el Programa de Acción Diferida DACA; y
- 574,429 peticiones bajo otras categorías.
A la lista de demoras se agregan 666,473 formularios N-400 (solicitud de naturalización) de residentes legales permanentes que reúnen los requisitos para convertirse en ciudadanos estadounidenses. En el 2021 el acumulado era de 833,738 peticiones.
Si bien los datos muestran una mejora, los tiempos de procesamiento de peticiones de ciudadanía siguen siendo elevados. La herramienta que mide estas demoras muestran:
- Chicago, Illinois: 17.5 meses
- Houston, Texas: 17 meses
- New York City: 16.5 meses
- Atlanta, Georgia: 16 meses
- Miami, Florida: 15.5 meses
Los otros en espera
La acumulación de casos en la USCIS se ha multiplicado más de cuatro veces desde el año fiscal 2010, cuando registraba 1,928,963 de solicitudes demoradas, según la base de datos de la agencia federal ( más de 6.8 millones al atraso actual).
En 2017, el primer año de gobierno de Donald Trump, había un atasco de 5,606,618 solicitudes de beneficios. Cuatro años más tarde, en 2021, cuando Biden llegó a la Casa Blanca la cola registraba 6,380,926 casos pendientes de resolución.
El tercer lugar de la lista de demoras lo ocupan las solicitudes por medio del formulario I-90 (reemplazar la tarjeta de residencia green card), con 1,009,769 peticiones en espera frente a las 624,634 que había en el año fiscal 2021.
En cuanto a las peticiones de asilo, USCIS reporta que al 30 de junio había 505,093 solicitudes bajo el formulario I-589 (Solicitud de asilo y de suspensión de remoción), En 2021 el número de acumulaciones alcanzaba 412,796 peticiones.
Cabe destacar que la Corte de Inmigración (Oficina de Revisión de Casos de Inmigración, EOIR) tiene un acumulado de más de 2 millones de casos, la mayoría de asilo defensivo. El atasco en la USCIS corresponde a asilos afirmativos que, al ser denegados, son enviados a la EOIR y se agregan al final de la lista de espera.
Otro importante atraso impacta el grupo integrado por los solicitantes de registro de residencia permanente (green card) o ajuste de estatus por medio del formulario I-485. La base de datos de la USCIS registra 387,183 peticiones por familia acumuladas al 30 de junio (349,350 registradas en el año fiscal 2021) y 244,570 peticiones por trabajo pendientes al 30 de junio (245,490 en espera al término del año fiscal 2021).
El caso de las visas U
El caso más dramático de demoras se encuentra en los solicitantes de visa U (por medio del formulario I-918) para víctimas de violencia, con 300,648 peticiones pendientes frente a las 285,255 solicitudes retrasadas al término del año fiscal 2021.
A principios de enero del año pasado, cuando asumió el gobierno de Joe Biden, el tiempo promedio de espera para la aprobación del formulario I-918 era de 61 meses (1,830 días o 5 años), tiempo durante el cual los solicitantes no solo quedaban a la deriva, sino que, además, no tenían autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos.
Pero la espera para recibir la visa U (el Congreso asignó una cuota anual de 10,000) era de unos 27 años, teniendo en cuenta el número de peticiones pendientes.
En junio la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) anunció cambios y dijo que ayudará a todos aquellos que presentaron una solicitud "de buena fe" y no tienen antecedentes criminales. Pero el cambio ayudó poco porque aumentó la presentación de formularios I-918.
Con la actual acumulación, los peticionarios de una visa U deben esperar un promedio de 30.06 años, a menos que el Congreso aumente la cuota anual.
Historia de la visa U
La primera visa U se otorgó en 2007 al inmigrante de origen salvadoreño José Suárez, un residente del área de la Bahía de San Francisco, California, quien fue víctima de robo.
Suárez fue severamente golpeado durante un asalto en San Mateo. Su testimonio permitió a las autoridades capturar al agresor, quien fue juzgado y sentenciado. El inmigrante recibió la protección por colaborar con las autoridades y, a cambio, pudo legalizar su permanencia en Estados Unidos.
La agencia federal señala que las visas U están disponibles para víctimas de crímenes que han sido objeto de abuso físico o mental sustancial y que han accedido a ayudar a las agencias del orden público a investigar o procesar dichos delitos.
UCIS dijo el año pasado que una vez determina ‘buena fe’ en una petición de visa U a favor del peticionario principal, y este reciba la Acción Diferida U y el permiso de trabajo, “evaluará las peticiones de cualquier familiar calificado que viva en Estados Unidos.
La agencia advierte que un miembro de la familia calificado que vive en Estados Unidos no tiene garantía de ser un miembro de ‘buena fe’.
Respecto a cómo se establece la buena fe en una petición, el servicio de inmigración explica que se establece cuando un funcionario encuentra que:
- El peticionario principal presentó correctamente el formulario I-918;
- El peticionario principal incluyó una certificación de aplicación de la ley debidamente completada (Formulario I-918B U (certificación de estatus de no inmigrante);
- El peticionario principal incluyó una declaración personal describiendo los hechos de la victimización; y
- USCIS ha recibido los resultados de los controles de seguridad y antecedentes del peticionario principal basados en biometría.
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