Abogados instan a Biden a no reactivar la política de detención de familias migrantes
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) asegura que la política de detención de familias migrantes tendrá "consecuencias devastadoras" en momentos en que el gobierno de Joe Biden estudia seriamente su reimplementación.
La entidad, que agrupa unos 15,000 a nivel nacional, expresó a través de un comunicado su “grave preocupación” por la posibilidad de que el gobierno “pueda reanudar la detención de familias”, una cuestionada política que ya fue utilizada durante el comienzo de la de la crisis migratoria en 2014.
“AILA se ha opuesto a la detención familiar durante más de dos décadas”, dijo la entidad. “En 2014, AILA pidió al entonces presidente, Barak Obama, que detuviera la detención familiar y trabajó con socios de la coalición durante años para desmantelarla y ponerle fin. Hoy, insta al presidente mantener la decisión anterior de poner fin a la detención familiar y rechazar políticas que han demostrado tener consecuencias devastadoras para los niños y las familias”, dijo el grupo.
El reporte de The New York Times
El diario The New York Times reportó el lunes que Biden, a medida que se acerca la fecha del término de la política del Título 42, prevista para el 11 de mayo, baraja otra medida adicional en la frontera para aumentar el nivel de restricción a la política de asilo, esta vez reactivando la detención de familias migrantes tal como lo hizo el gobierno de Obama en 2014, del cual Biden era su vicepresidente.
El periódico, sin embargo, señaló que, aunque no se ha tomado una decisión final, la medida sería un cambio radical para el mandatario quien, al tomar control de la Casa Blanca el 20 de enero de 2021, prometió que su política migratoria tendría un enfoque más compasivo con la frontera que el mostrado por su antecesor, Donald Trump.
Pero en los dos primeros años de gobierno, Biden ha mantenido intacto el Título 42 que permite la deportación expedita de extranjeros en la frontera por razones de seguridad sanitaria a causa de la pandemia del COVID, y a partir del 5 de enero anunció una nueva regla de asilo que obliga a ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua entrar a Estados Unidos sólo si tienen un patrocinador autorizado y hacerlo por vía aérea. Venezuela participa en el programa desde el 12 de octubre del año pasado.
Del resto de extranjeros que no cuenten con patrocinador y sean de cualquier otra nacionalidad, deben ingresar al sitio digital CBP One, registrarse, optar por un programa legalmente disponible, postularse y conseguir una cita para presentarse en un día y hora señalado por el gobierno en un puerto fronterizo autorizado.
Todo aquel que no lo haga de esta manera será expulsado de manera expedita bajo el Título 42. Después del 11 de mayo, quienes no califiquen para entrar serán deportados bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración por razones de inisibilidad y un castigo de 5 años para volver a solicitar visa o autorización de ingreso.
Un problema que cada día se agrava
AILA dijo que ofreció a los gobiernos de Obama y Trump, y también al Biden, soluciones prácticas que son alternativas justas y efectivas a la privación de libertad, ya que el propio gobierno federal ha determinado que la detención “no es ni apropiada ni necesaria para las familias”.
Pero advierte que en los últimos meses la istración “ha recurrido a medidas más restrictivas mientras lucha por manejar un aumento de inmigrantes que huyen de gobiernos autoritarios y la ruina económica en sus países”. Y agrega que los funcionarios “también temen un aumento en la frontera después del 11 de mayo, cuando expire una medida de salud pública que ha permitido a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes”.
A finales del año pasado el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, dijo ante una comisión del Congreso que el ministerio se estaba preparando para recibir hasta 18,000 migrantes diarios en la frontera sur tras la cancelación del Título 42.
En febrero, durante el informe sobre el Estado de la Unión, Biden reconoció ante ambas cámaras del legislativo que “los problemas fronterizos de Estados Unidos no se solucionarán hasta que el Congreso actúe”. Y agregó que “si el Congreso no aprueba mi reforma migratoria integral, al menos apruebe mi plan para proporcionar el equipo y los oficiales para asegurar la frontera”.
Qué piden los abogados
AILA indica que se ha opuesto a la detención familiar durante más de dos décadas. “En 2014 la Asociación pidió al entonces presidente Obama que detuviera la detención familiar y trabajó con socios de la coalición durante años para desmantelarla y ponerle fin. Hoy, insta al presidente a mantener la decisión anterior de poner fin a la detención familiar y rechazar políticas que han demostrado tener consecuencias devastadoras para los niños y las familias”.
“Hace casi una década, cientos de de AILA viajaron a instalaciones remotas y fueron testigos de primera mano de las injusticias de la detención familiar. Los abogados sabían entonces, como sabemos ahora, que la detención familiar es inhumana, insegura, antihigiénica y abusiva”, dijo Jeremy McKinney, presidente de AILA.
“Las personas detenidas rara vez tienen una oportunidad justa de obtener asilo u otra reparación legal porque muy pocas tienen a asistencia letrada. Instamos al presidente a que continúe oponiéndose a la política ineficaz e insensible y cierre, de una vez por todas, estos centros de detención familiar”, agregó.
A su vez, Ben Johnson, director ejecutivo de AILA, dijo que “la promesa del presidente Biden y la determinación de su istración de poner fin a la detención familiar fue una victoria en el esfuerzo por crear un sistema de inmigración más humano. Darle la espalda a esa victoria sería un error”.
“AILA insta al presidente a que se resista a las feas políticas que están detrás de la campaña para resucitar la detención familiar y respalde su decisión de poner fin a tales prácticas”, precisó.
Reuniones a puertas cerradas
El reporte del lunes publicado por The New York Times indica que el DHS no había aún tomado decisiones sobre la reactivación de la cuestionada política, mientras la istración sigue adelante con los preparativos para el fin al Título 42.
A principios de febrero, un vocero del DHS dijo a Univision Noticias que ese ministerio “continuaba procesando de manera segura, eficiente y efectiva a las personas que se encuentran en la frontera”. Y que, debido al aumento en el número de inmigrantes, “los componentes del DHS pueden facilitar la liberación provisional de los no ciudadanos que están en proceso de deportación en espera de los próximos pasos en sus procedimientos de inmigración”.
En cuanto a las personas que son liberadas provisionalmente de la custodia, aseguró que estas “continúan con sus procedimientos de expulsión de inmigración y tienen requisitos estrictos de presentación de informes”.
El portavoz dijo además que, “tal como se menciona en el plan de seguridad fronteriza, el DHS ha aumentado los recursos para istrar el procesamiento seguro, ordenado y humano de una gran cantidad de no ciudadanos de conformidad con nuestras leyes, al tiempo que protege la seguridad nacional y pública. Simultáneamente, el DHS continúa istrando las consecuencias de la entrada ilegal, incluida la deportación, la detención y el enjuiciamiento”.
Por el momento, la istración “continuará priorizando el procesamiento seguro, ordenado y humano de los migrantes”, dijo Luis Miranda, vocero del DHS.
