Abogados exigen al Congreso que detenga los abusos del gobierno al debido proceso migratorio
AILA, la principal asociación de abogados de inmigración del país, le está exigiendo al Congreso que actúe para poner fin a los “abusos al debido proceso migratorio” cometidos por el gobierno de Donald Trump con la implementación de la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció haber separado forzosamente entre el 5 de mayo y el 9 de junio a 2,551 menores tras imponer cargos criminales a sus padres. Si bien no existe una política de separación de familias, con esta decisión las autoridades le arrebataron los niños a los progenitores y adultos que los custodian y los enviaron al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
Una vez terminados los procesos criminales, los padres siguen un escabroso camino, primero para dar con el paradero de los menores y luego para recuperarlos, un proceso para el cual el gobierno no estableció un protocolo claro e inmediato que facilitara los reencuentros.
El 26 de junio una corte federal del sur de California en San Diego ordenó al DHS reunificar a la totalidad de las familias afectadas. Al término de los plazos establecidos, unos 600 menores no fueron reunificados. El DHS dijo que los reencuentros no se llevaron a cabo, o bien porque sus padres fueron deportados solos o no calificaban para el reencuentro.
La mayoría de las familias que fueron separadas en la frontera venían huyendo de sus países a causa de la violencia y la pobreza y buscaban asilo en Estados Unidos.
A las puertas del desacato
La semana pasada, el juez Dana Sabraw, durante una audiencia telefónica con abogados del Departamento de Justicia y de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), calificó de “inaceptable” que el gobierno solo haya logrado ar a una docena de padres deportados o liberados sin sus hijos.
El juez también pidió que el gobierno designe a un "supervisor" y que explique de una vez por todas cómo va a ubicar a los padres deportados o liberados de más de 500 menores bajo su custodia. "Por cada padre que no sea localizado un niño quedará permanentemente huérfano y eso es 100% responsabilidad del gobierno", precisó durante la vista judicial telefónica.
La corte también pidió a la ACLU que designe un comité para ayudar en la localización de 410 padres que ya no se encuentran en el país porque fueron deportados solos. Los abogados del grupo de derechos civiles señalaron que ya cuentan con un equipo de trabajo que lo hace en colaboración con asociaciones civiles y consulados de países de Centroamérica, de donde proviene la mayoría de los padres afectados por la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno.
“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia policial más grande del país, ha separado sistemática y deliberadamente a los niños de sus padres inmigrantes y los ha utilizado como moneda de cambio para obligar a sus padres a aceptar la deportación”, afirma la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) en su página digital.
Añade que esta práctica, anunciada por el fiscal general en abril, pero implementada en mayo, “tiene la intención de enviar una onda de temor a otras familias que consideran venir a Estados Unidos, que les pasará lo mismo si intentan solicitar asilo”.
Venían en busca de asilo
AILA señala que, bajo la política de ‘tolerancia cero’, el DHS “separó sistemáticamente a las familias vulnerables que llegaban a la frontera sur de Estados Unidos y separó a casi 3,000 niños de sus padres”.
“Muchas de estas familias huyeron a la frontera en busca de asilo luego de escapar de la muerte, la violencia y la persecución en el Triángulo Norte de América Central, donde las tasas de asesinato y violencia sexual se encuentran entre las más altas del mundo”, agrega.
En segundo lugar, precisa, “el DHS ha aprovechado la amenaza de la separación continua para obligar a los padres a abandonar sus solicitudes de asilo”, una práctica implementada por el gobierno de Trump que ha sido fuertemente criticada dentro y fuera de Estados Unidos.
La asociación de abogados añade que ICE está “presionando activamente” a los padres “para que retiren sus casos de asilo si quieren volver a ver a sus hijos”. Y añade que “este plan causa una gran desesperación entre madres y padres por el bienestar de sus hijos, desesperación que llevó a uno de los padres a suicidarse y volvió a traumatizar a muchos otros” que huyen de sus países de origen en busca de proteger sus vidas.
Debido proceso en riesgo
AILA explica además que según el testimonio de abogados probono “que se ofrecen como voluntarios para la Campaña de Justicia de Inmigración, un proyecto conjunto de AILA y el Consejo Estadounidense de Inmigración, descubrieron las tácticas que utiliza el DHS para ejecutar su campaña de coacción en entrevistas con muchos padres detenidos”.
Añade que en una práctica ampliamente reportada, “los agentes de ICE han presentado a los padres un formulario que contiene dos opciones: ser deportados con sus hijos o sin ellos”.
“ Ambas alternativas impiden su capacidad de solicitar asilo”, denuncia. “Si bien el formulario declara que debe usarse solo para los padres con órdenes finales de deportación, las denuncias indican que ICE se lo entregó a los padres que aún tienen solicitudes de asilo pendientes, incluso a los padres que recibieron determinaciones de temor o miedo creíble positivas”, un paso que “les da derecho a audiencias completas con los jueces de inmigración”.
“El mensaje es claro”, previene AILA. “El asilo y la unidad familiar son mutuamente excluyentes”.
Los abogados denunciaron una táctica más empleada por el gobierno para lastimar el debido proceso migratorio. “Recientemente nuestros voluntarios descubrieron que ICE está utilizando otro formulario con tres opciones: ser deportado con sus hijos, ser deportado sin ellos o esperar a ver a un abogado”.
“Si bien esto puede sonar más complaciente, hay una trampa”, advierte. “ICE ha presentado el formulario a los padres con la primera opción ya marcada. Cuando los padres trataron de deshacer la preselección de ICE, los agentes les gritaron o les dijeron que no podían seleccionar otra opción".
“En un caso, un agente de ICE instruyó a un padre que " si no firmaba un Formulario con la Opción 1, nunca volvería a ver a su hijo", se lee en el documento publicado en la página de AILA.
Prácticas en la mira
Entre otras prácticas que ponen el debido proceso en riesgo, los abogados mencionan:
- Formularios con opciones escritas en inglés, idioma que la mayoría de los inmigrantes afectados, sino todos, desconocen. (“Hace que sea imposible que las personas entiendan lo que están aceptando”, anotaron)
- ICE ha dicho falsamente a algunos padres que "no tenían derechos" y que no podrían solicitar asilo si ya los habían removido previamente.
- Uso de la estrategia del ultimátum. Le dicen al inmigrante que si quiere a su hijo, abandone su caso.
- El gobierno usa la separación para evitar que ambos, padre e hijo, obtengan un alivio que salve sus vidas.
- En lugar de brindarles protección, el gobierno está coaccionando su retorno a los países de los que huyeron porque enfrentan la posibilidad de daño o muerte.
Derechos vigentes
La asociación de abogados advierte además que “ estas prácticas también violan principios legales fundamentales”, entre ellas la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) “que garantiza el derecho de un no ciudadano a solicitar asilo”.
Agrega que la 5ta Enmienda de la Constitución “garantiza los derechos del debido proceso migratorio que asisten a esa solicitud” y que en ningún lugar “la Constitución, ni ningún estatuto, condicionan esos derechos a renunciar a un niño”.
“Obligar a una madre o un padre a elegir entre la protección que salva vidas y su hijo, es una afrenta a nuestras leyes, la Constitución y los valores estadounidenses”, precisa.
AILA dijo además que, ante esta crisis, “ necesitamos un tribunal de inmigración independiente que tenga la autoridad de revisar los hechos de estos casos para determinar la elegibilidad sin temor o manipulación por parte del fiscal general, y recursos suficientes para tomar estas determinaciones oportunamente en lugar de tener retrasos”.
Mientras tanto, AILA solicita a sus y otros abogados que ayuden en esta crisis y con ello eviten que el DHS “se salga con la suya” con la práctica de la separación familiar, y pide:
- Si usted es un abogado voluntario a través de la Campaña de Justicia de Inmigración para representar a padres e hijos separados, póngase en o con su miembro del Congreso y explique cómo ICE les quita hijos a sus padres.
- Que el Congreso ejerza inmediatamente sus poderes de supervisión mediante la realización de una revisión completa de estos continuos abusos del debido proceso y ponga fin a ellos.
- Que los abogados apoyen los esfuerzos del Consejo Estadounidense de Inmigración para litigar casos de separación familiar. Esos esfuerzos ya han dado victorias clave, pero hay mucho más trabajo por hacer.
AILA dijo además que sus “nunca imaginaron que en Estados Unidos se vería una política de separación de familias aplicada en una escala tan masiva” y reiteró el llamado a detenerla.
