Ataque "al estado de derecho" y a la "independencia judicial": las reacciones por negar asilo a víctimas de violencia doméstica y pandillas
El Jeff Sessions, de imponer nuevas limitaciones a los pedidos de asilo de personas que huyen por violencia doméstica o pandillas, desata fuertes criticas entre jueces, exmagistrados y abogados de inmigración.
La decisión del fiscal general “establece un nuevo caso que revoca la ley que ha existido durante años”, dice a Univision Noticias Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y que durante 15 años fungió como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia. “Se están planeando demandas federales”, agregó.
Sánchez-Roig no descarta incluso que el Congreso actúe para decidir sobre el tema.
En un nuevo esfuerzo por detener la inmigración indocumentada en la frontera, principalmente centroamericanos que huyen del denominado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), Sessions anunció que había revertido la decisión en el caso de una mujer salvadoreña, identificada con las siglas A-B, que había sido golpeada y violada por su marido durante años.
El fiscal general argumentó que el factor decisorio para el otorgamiento de asilo es una exposición a la persecución o peligro como consecuencia de la pertenencia a un grupo social en particular, como señala la Ley de Asilo.
Miles de casos afectados
El dictamen de Sessions “causará que miles de casos sean negados alrededor del país”, dice Víctor Nieblas, expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). “El fiscal general ha creado ley (case law) con esta decisión en el caso A-B. Esto quiere decir que los jueces de inmigración tienen que seguir el dictamen de la decisión”, agregó.
Nieblas dijo además que “este acto, de tomar un caso para su revisión y publicar una decisión nueva, enseña qué tan poca independencia tienen los jueces de inmigración”.
“Los jueces son empleados del Procurador General y tienen que seguir su dictamen. Los que deportan controlan las cortes. No se vale”, apuntó. “Esta estructura judicial es una broma. Por eso los jueces han buscado independencia de la rama Ejecutiva por años. Y por eso muchos clasifican a las cortes de inmigración como poco serias”, precisó.
En referencia al alto número de afectados por esta nueva medida, Nieblas dijo que “quienes reciban fallos desfavorables van a tener que apelar las decisiones para poder atacar la decisión de Sessions”. Y muchos a quienes les rechacen el pedido de asilo, “no van a contar con representación legal o dinero para presentar recursos ente las Cortes de Apelaciones”.
Golpe al debido proceso
AILA explica que “el Fiscal General emitió una decisión precedente en un caso que se refirió a sí mismo” y que el dictamen “anuló la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) en Asunto A-B y anunció que, en su opinión, las víctimas de violencia doméstica y otras víctimas de delitos perpetrados por actores privados no gubernamentales generalmente no califican para el asilo”.
“Con esta medida, agrega, “Sessions ha declarado que tiene la autoridad irrestricta de reescribir la ley de asilo como le parezca, socavando aún más la independencia de la Corte de Inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA)”.
"El Fiscal General está retrocediendo en casi veinte años la Ley de Asilo y socava el a protecciones para solicitantes de asilo que han sufrido violencia doméstica, violencia de pandillas u otras formas de persecución por parte de actores privados, e ignora abiertamente las condiciones en los países que nuestra propia Ley de Asilo exige tener en cuenta al decidir estos casos”, dijo Annaluisa Padilla, presidenta de AILA.
“Esta decisión también debe examinarse a la luz de las mujeres y familias centroamericanas que ahora vienen a nuestras fronteras en busca de protección contra la violencia extrema en sus países de origen”, añadió. “Estas mujeres no están seguras en sus propios países porque el gobierno no puede o no las protegerá. Además, la decisión ha hecho que el difícil camino hacia el asilo sea aún más difícil para aquellos que buscan protección en sus propios países y no la reciben”.
Persecución “intencionada”
A su vez, Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, indicó que la decisión de Sessions “el oficial superior de las fuerzas del orden público, subraya que este gobierno no respeta el derecho fundamental al debido proceso y las protecciones consagradas en nuestra Constitución y leyes de asilo”.
Tampoco “tiene en cuenta el principio de que cada caso de asilo debe considerarse cuidadosamente por sus propios méritos”, precisó.
Johnson dijo además que “mientras se persigue intencionadamente a las víctimas de violencia doméstica, la opinión de Sessions podría tener implicaciones de mayor alcance para cualquiera que sea víctima de violencia cometida por un actor privado, como la violencia dirigida contra personas LGBTQ, que son abrumadoramente cometidas por actores no gubernamentales”.
Qué dicen los jueces
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) no comenta sobre la decisión del fiscal general “o sobre cuestiones legales sustantivas debido a la ética legal”, señala la jueza Dana Marks, portavoz de la entidad.
Sin embargo, Marks indica que la decisión de Sessions “es vinculante para todos los jueces de inmigración, siempre y cuando el principio de la decisión no sea revertido por un tribunal superior”.
Marks señaló que en la NAIJ “esperamos que esta decisión sea impugnada”, pero advierte todo este proceso “causará una mayor confusión y demoras (en las cortes de inmigración) mientras el asunto se abre camino en los tribunales”.
“Es irónico que la decisión se tomó en un momento en que la esperanza era hacer los procedimientos judiciales más eficientes, ya que éste cambio probablemente contribuya a más retrasos”, apuntó.
Un reciente informe de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) al que tuvo Univision, reveló que al 31 de marzo las cortes de inmigración tenían acumulados 697,777 casos.
Exjueces “decepcionados”
Un grupo integrado por 15 exjueces de inmigración se sumaron a las protestas por el fallo anunciado por Sessions y firmaron una carta donde muestran su rechazo a las limitaciones impuestas a la Ley de Asilo.
“Como ex Jueces de Inmigración con décadas de experiencia en el nivel de juicio y apelación, consideramos que la decisión del Fiscal General es una afrenta al estado de derecho”, escribieron los magistrados, entre ellos Steven R. Abrams, Sarah M. Burr, Jeffrey S. Chase, Bruce J. Einhorn y Cecelia Espenoza.
Señalan además que “para ser justos, la jurisprudencia debe desarrollarse a través de un proceso de análisis judicial imparcial que aplique el estatuto, los reglamentos, la jurisprudencia y otras fuentes apropiadas a los hechos del caso”, advirtiendo que “ las consecuencias de vida o muerte que enfrentan los solicitantes de asilo hace que sea extremadamente importante mantener dicho análisis inmune a las consideraciones políticas a las que los del gabinete están sujetas”.
“El reconocimiento de la BIA de que una víctima de violencia doméstica puede ser elegible para asilo como miembro de un grupo social en particular, fue la culminación de un proceso de 15 años a través de los tribunales de inmigración y la Corte de Apelaciones”, indicaron. “El problema fue certificado por tres Fiscales Generales diferentes (un demócrata y dos republicanos), quienes finalmente eligieron dejar la determinación final a los jueces de inmigración y al BIA”, apuntaron.
Los exmagistrados manifestaron además que, “por razones entendidas solo por el Fiscal General, eliminó un importante desarrollo legal que se acordó universalmente como correcto. Estamos profundamente decepcionados de que nuestro país ya no ofrezca protección legal a las mujeres que buscan refugio de terribles formas de violencia doméstica de las cuales sus países de origen no pueden o no quieren protegerlos”, subrayaron.
Preguntas sin respuestas
La decisión del Fiscal General también genero dudas que por ahora no tienen respuestas.
“He tenido varios casos donde el juez otorgó asilo humanitario a razón del daño severo sufrido por la solicitante”, explica Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Esto está fuera de las cinco bases establecidas en la ley. Me pregunto si también esta base adicional quedaría afectada”, pregunta.
“Segundo, que pasará con la determinación del miedo creíble que los solicitantes deben demostrar para que el juez escuche sus casos. Hay muchas preguntas y pocas respuestas por el momento”, comentó.
“Esto se trata de una nueva autoridad otorgada por el Fiscal General que cambia la interpretación anterior”, dice Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, Washington.
“La decisión tendrá gran impacto y le quitará protección a cientos, quizás miles de personas que huyen de sus países y buscan asilo en Estados Unidos. La única esperanza es que las cortes de apelaciones rechazan esa nueva interpretación”, precisó.
