Niños sin abogados y en algunos casos de solo 3 años llenan las cortes de inmigración
Mientras el gobierno de Donald Trump recibe órdenes judiciales de entregar cuanto antes a sus padres a más de 2,300 menores separados en la frontera y liberar a menores privados de libertad, las autoridades han comenzado a emitir citatorios para que los infantes, algunos incluso de tres años, se presenten a las cortes de inmigración donde un juez decidirá sus futuros en Estados Unidos.
“El problema es que muchos de ellos llegan sin representación legal”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Se trata de un proceso inhumano e ilegal que el gobierno impuso sin pensar en las consecuencias y en el daño que esto causa y está causando al grupo más vulnerable de la comunidad inmigrante”, agregó.
El diario USA Today citó este jueves el caso de un menor de tres años que se presentó en la corte para enfrentar el comienzo de su caso de deportación. Al padre del menor le presentaron cargos criminales por cruzar ilegalmente al país y le arrebataron al pequeño, quien fue puesto en manos del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
El niño fue uno de los 2,342 menores separados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entre el 9 de mayo y la tercera semana de junio en cumplimiento de la política de ‘tolerancia cero’, ordenada en abril por el gobierno de Donald Trump.
No pueden defenderse solos
Barrón dijo que “los niños no tienen la capacidad de defenderse solos, menos cuando tienen 3 años. Es imposible pensar que entenderán lo que está ocurriendo en el tribunal, los cargos que le presenta el gobierno federal o entender lo que dice el fiscal, y que todo esto lo escuche en inglés, un idioma que muy probablemente no dominan porque no lo hablan”.
“En estos casos, estos niños dependerán de la merced de un juez y algunos de ellos son rudos. El resultado será que recibirán una orden de deportación. El solo pensarlo es ridículo. En años pasados, durante el gobierno anterior, a los menores no los separaban. Enfrentaban el mismo proceso de deportación, pero llegaban a la corte acompañados por sus padres quienes defendían sus derechos de permanencia en Estados Unidos”, explicó Barrón.
El abogado advirtió además que “estos juicios ocasionarán muchos daños en el futuro. Y esta vez será más extremo, porque los menores de edad y en general todos los indocumentados, no tienen derecho a un abogado proporcionado por el estado. En el caso de un adulto, puede pagar una representación o buscarla, pero un niño de tres años que apenas habla su idioma definitivamente no puede”.
Política “inaceptable”
En Los Angeles, California, el abogado de inmigración Alex Gálvez dice que “como todo lo que pasa con este gobierno, no estaban ni preparados ni equipados para contemplar todos estos problemas”, señala.
“Un niño necesita saber sus derechos, opciones legales y saber por qué está en una corte de inmigración frente a un juez que decidirá su futuro en Estados Unidos”, detalla.
Gálvez indica además que “si bien no es obligatorio que el gobierno le provea un abogado de oficio, aunque sea un menor de edad, debería la Casa Blanca y el DHS haber contemplado, cuando puso en vigor la política de ‘tolerancia cero’, mecanismos para los niños que iban a separar contaran con representación legal”.
“No estamos discutiendo que en las cortes el gobierno le proporcione un abogado a la persona, sino que la ley exige que la persona en corte sepa lo que está sucediendo. Y un niño de tres años simplemente no puede hablar por si mismo. Ese es un pilar de la ley, que un niño no entiende lo que esta pasando”, apuntó.
Gálvez también dijo que, dentro del debido proceso migratorio, los menores que acuden a las cortes “necesitan un sponsor, un guardián, un adulto que los represente. Es un mandato que la política del gobierno no tomó en cuenta”.
Fallo judicial
El martes una corte federal de California ordenó al gobierno de Trump que devuelva a los más de 2,300 menores separados en la frontera en un plazo de 14 días para los menores de 5 años, y de 30 días para los mayores de 5 años.
El juez federal Dana Sabraw describió la separación de menores como una “circunstancia caótica creada por el propio gobierno” que pone en riesgo el debido proceso migratorio.
Al siguiente día, el DHS respondió al dictamen señalando "es deber del gobierno garantizar que, quienes buscan ingresar a nuestro país, no dañen al pueblo estadounidense”. Y que “si bien contamos con el sistema de inmigración más generoso del mundo, éste ha sido explotado repetidamente por terroristas y otros actores malintencionados”.
También dijo que “las acciones ejecutivas tomadas por el presidente Trump son importantes para proteger al pueblo estadounidense al permitir la revisión adecuada y el establecimiento de estándares para prevenir la infiltración terrorista o criminal por parte de ciudadanos extranjeros”.
La respuesta del gobierno no menciona que el tribunal se refirió a niños. Simplemente dijo que “el fallo confirma la legalidad de estas acciones ejecutivas de importancia crítica” y que continuará ejecutando “fielmente las leyes de inmigración de nuestro país”.
La respuesta, sin embargo, no calma críticas y preocupaciones. "Ese es el gran desafío que enfrenta el DHS", dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de Californioa en San Diego. "Si sacan a los niños de un centro de detención, tienen que enviarlo a un foster care y prever cómo reunificarlos lo más pronto posible, antes que llegue el día en corte. Le conviene a ambas partes, pero no vemos que suceda. Y en caso acudan al tribunal, deberán explicarle al juez qué están haciendo para reunificarlos".
“Nos estamos movilizando”
Ante las denuncias de citatorios para que los menores separados acudan a las cortes de inmigración, organizaciones y abogados se movilizan para dar asistencia pro-bono a los niños, batallar para que los reunifiquen cuanto antes y luchar por sus permanencias en Estados Unidos.
“Hay una movilización nacional para acudir a la frontera para ayudar a los menores separados, o donde sea que el gobierno los haya enviado”, dice Margot Cowen, una abogada de inmigración que ejerce en Tucson, Arizona. “Sabemos que los casos los están apurando, todo el proceso y además que les están diciendo a los padres que, si dejan de lado sus aplicaciones de asilo, los van a reunir más rápido con sus hijos. Pero eso no lo sabemos”, agregó.
“Los abogados nos estamos movilizando para representar al mayor numero posible de menores separados de sus padres en la frontera”, precisó.
El Phoenix, el abogado Ezequiel Hernández, quien colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias, dijo “es probable que el gobierno esté acelerando los procesos migratorios a los niños” y que existen denuncias que “les están pidiendo a los padres que firmen salidas voluntarias con la promesa de reunificarlos cuanto antes”.
En cuanto a a las citaciones y el inicio del proceso judicial, Alex Gálvez, un abogado de inmigración de Los Angeles, California, dijo que “se trata del comienzo de un proceso que pude llevar varios meses”, pero advirtió que “la representación legal es fundamental para defender sus permanencias”.
“Los niños no tienen la capacidad de entender sus derechos y el debido proceso. Es importante entonces que las autoridades permitan que estos niños, antes de ir a la corte, tengan a un abogado que los represente adecuadamente”, indicó.
Qué dicen los jueces
Si los abogados tienen dudas y temores respecto a cómo se llevarán a cabo los juicios de deportación de los menores separados por el gobierno de Trump en la frontera, los jueces expresan inquietudes similares.
“Nosotros no estamos listos para hacer una declaración formal, porque todavía no sabemos exactamente lo que va a pasar”, dijo a Univision Noticias la jueza Dana Leigh Marks, portavoz de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés).
“Tampoco tenemos información si estos casos (de niños separados) ya empezaron a llegar a nuestras cortes. No hay una manera fija para nosotros saber cuáles casos están llegando o cuándo llegarán a las cortes”, agregó.
La jueza Marks explicó que “bajo las leyes, es posible que un niño pueda ser requerido para que se presente, pero nosotros también tenemos el deber de avisarles, comunicarles si hay abogados u organizaciones que les pueden representar pro bono, sin costo”.
Marks indicó que “hemos visto en el pasado, en el 2014, cuando había un gran numero de familias (detenidas en la frontera) y las organizaciones de abogados crearon una ola tremenda de asistencia para esta gente”.
“Esperamos que esta ola también llegue esta vez. Y se debe considerar que cada caso depende de las circunstancias y méritos propios. Y si hay un guardián que represente al menor. Entonces el juez dirá si puede seguir adelante o no con el caso. Necesitamos conocer la historia de ese niño para continuar el juicio”, precisó Marks.
La vocera de la asociación subrayó además que, bajo la ley, durante el juicio cuando se indican los cargos y se le pregunta a una persona cómo se declara, si culpable o no, "los jueces no pueden aceptar isiones legales de una persona si tiene menos de 18 años y no tiene junto a ella un representante legal”, concluyó.
Precedente valioso
En marzo de 2016 un juez de inmigración dijo creer que los niños indocumentados de 3 años son capaces de defender sus derechos en una corte sin abogado en una vista sobre su deportación.
La declaración correspondió al juez Jack H. Weil, quien prestó testimonio en el caso J.E.F.M. v. LYNCH, por el que organizaciones en defensa de los derechos civiles demandaron en Seattle al Departamento de Justicia (DOJ) y a las agencias migratorias por permitir que miles de menores acudan cada año a cortes migratorias sin contar con representación legal que garantice que se defienden sus intereses.
Un extracto de la declaración:
- Pregunta: "¿Debe ser verdad que hay algunos niños que son tan jóvenes que incluso si reciben el aviso y una explicación por parte del juez, no van a entender lo que está pasando, ¿correcto?
- Juez Weil: "Tengo que ir caso por caso. He enseñado leyes de inmigración a (niños) de tres y cuatro años, literalmente. Requiere de mucha paciencia. Ellos lo entienden. No es lo más eficiente, pero se puede hacer".
Weil aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto, según dijo a al diario The Washington Post, aunque el magistrado reiteró su punto de vista dos veces e insistió en que se puede realizar una vista oral "justa" cuando esos niños enfrentan cargos por entrar ilegalmente en el país, aunque ellos no tengan abogado.
Desde el Departamento de Justicia se apresuraron en ese entonces a señalar que esos comentarios solo muestran la posición de Weil y no las del sistema judicial migratorio.
"En ningún momento el Departamento indicó que (niños) de 3 y 4 años sean capaces de representarse a sí mismos", manifestó Oficina Ejecutiva sobre Inmigración (EOIR), instancia que opera bajo el mando del Departamento de Justicia.
