Caos y confusión para reunir a los niños separados de sus familias en la frontera
La decisión tomada el miércoles por el presidente cancelar la separación de niños migrantes de sus padres cuando son arrestados en la frontera, no apacigua las críticas. De hecho, la medida del mandatario no establece un proceso para la reunificación, lo que deja a las familias ante una "situación muy compleja" sin saber si finalmente volverán a ver a sus hijos.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), teme que la nueva orden ejecutiva afecte el debido proceso migratorio de los solicitantes de asilo.
El presidente “firmó una Orden Ejecutiva que pretende terminar con la separación de las familias solicitantes de asilo ampliando el uso de la detención familiar, mientras reafirma su compromiso con una política de 'tolerancia cero' de los enjuiciamientos fronterizos, incluso para aquellos que reclaman legalmente por el temor a la persecución y tienen derecho a solicitar asilo en los Estados Unidos”, advirtió la organización.
"Durante años, AILA y nuestros socios, junto con de ambas cámaras del Congreso, se han pronunciado en contra de la práctica inhumana de detener a las familias que solicitan asilo, primero bajo la istración de Barack Obama y ahora bajo la istración Trump”, dijo Anastasia Tonello, Presidenta de AILA.
“La detención de familias, padres e hijos es simplemente inaceptable, deroga nuestras responsabilidades internacionales con los refugiados y va en contra de valores fundamentales de nuestro país”, agregó.
Una "práctica atroz"
Tonello dijo además que “cientos de abogados de AILA han luchado por los niños y padres que han sido detenidos después de huir de la violencia y muerte en sus países de origen” y han visto “la preocupación en los ojos de una madre mientras el peso de su hijo mengua debido al estrés, el miedo, la atención médica inadecuada, la preocupación de un padre atrapado detrás de una cerca bajo vigilancia las 24 horas”.
“Necesitamos abrazar nuestro legado como un refugio seguro para los perseguidos y dejar de someter a los refugiados de buena fe a un trauma mayor encerrándolos mientras persiguen sus legítimos reclamos de alivio”, exigió la presidenta de AILA.
AILA teme que la orden ejecutiva de Trump que frena la separación de niños se constituya en “un intento por eludir la crisis de separación familiar que él mismo ha creado”, tras autorizar en abril la implementación de la política de 'tolerancia cero' en la frontera.
“Nuestro país enfrenta otra opción: quedarse sin hacer nada mientras miles de millones de dólares de los contribuyentes se gastan para establecer nuevas instalaciones para detener a niños y padres, infligiendo un mayor daño a seres humanos ya frágiles, o para mantenerse firmes contra esta práctica atroz y la política innecesaria de 'tolerancia cero', que es una dirección equivocada de los recursos fiscales y fue el catalizador que comenzó la crisis de separación familiar”, indicó Tonello.
Debido proceso en riesgo
La presidenta de AILA dijo además que "el encarcelamiento de familias por períodos prolongados no tiene sentido, particularmente cuando se ha demostrado que las alternativas humanitarias y rentables a la detención son efectivas”.
Agregó que “las barreras al debido proceso que los abogados de AILA han encontrado en cada centro de detención solo subraya lo que debe suceder: tanto la separación familiar como la detención familiar deben terminar".
La orden ejecutiva de Trump del miércoles dice que “cualquier adulto que haya sido detenido cruzando la frontera, incluso si solicita asilo, será arrestado y acusado con cargos criminales de ingresar de manera ilegal al país”.
Lo único que cambia es que “los niños de grupos familiares que cruzan la frontera de manera ilegal no serán separados”, decretando además que “las familias ahora serán detenidas juntas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en vez de quedar a cargo de los departamentos de Justicia y de Salud y Recursos Humanos (HHS)” como ocurría antes.
La orden ejecutiva sin embargo no menciona un protocolo para reunificar a los 2,342 menores que el DHS separó de sus padres en la frontera entre el 5 de mayo y el 9 de junio.
“No sabemos si todos ellos serán reunificados con sus padres”, dijo a Univision Noticias Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Lo que tenemos entendido los abogados es que, en varios casos, varios padres ya fueron deportados y sus hijos se quedaron en Estados Unidos”, agregó.
Reunificación en duda
A la pregunta respecto a por qué no han sido devueltos estos niños a sus padres, Velásquez dijo que “hay una situación difícil de comprender. Cuando se pide asilo o existe peligro para el menor, este se queda en Estados Unidos, aunque al padre lo deporten. El Estado no puede permitir que ese niño sea regresado a un lugar donde el padre dijo que su vida estaba en peligro. El menor debe quedarse aquí por su bien, no se reencuentra con su padre deportado. La situación es muy compleja”.
En cuanto a las razones por las cuales el gobierno separó a estos menores, Velásquez dijo que “pensamos que la separación refleja la actitud del gobierno, a quien no le importa violar las leyes y recibir críticas. En todo lo que pueda suceder sobre este tema se muestran inflexibles. Se ha dicho que el presidente es caprichoso, no ve la lógica detrás de sus acciones. Esto nos tiene a nosotros, los abogados, bastante molestos. Estamos viendo una ola de coraje que no tiene precedentes en Estados Unidos”.
Al insistir en cuanto a las dificultades para reunificar a las familias afectadas por las separaciones, la abogada explicó que “se volvió complejo a raíz de la política de 'tolerancia cero' al formularles cargos criminales a los padres por ingreso ilegal. Ahora estamos viendo que el retorno será muy complicado, pero eso debieron haberlo contemplado cuando comenzaron a hacerlo”.
“Mire, un ejemplo: una madre mexicana llega y pide asilo junto a su hijo de cinco años. Cuando entra, a la madre la detienen y al menos lo enviaron a un centro de atención de infantes del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS). Cuando ella se da cuenta de que le quitan al hijo, ella procede a renunciar al asilo. En ese momento a ella la deportan, pero el niño se queda en Estados Unidos”, explica Velásquez.
“Una vez ese hijo queda en custodia del Gobierno de Estados Unidos, el estado tiene que proteger su bienestar, porque la madre cuando pidió asilo dijo que el niño corría peligro si seguía viviendo en México. Ahora todos nos estamos rascando la cabeza y nos preguntamos cómo vamos a reparar todo esto que fabricó el gobierno con su política de tolerancia cero”, concluyó Velásquez.
