Bukele propone ley que controla donaciones extranjeras: alertan que está diseñada para perseguir voces críticas al gobierno
Por indicación del presidente Nayib Bukele, el ministro de Gobernación de El Salvador, Juan Carlos Bidegain, presentó el pasado martes 9 de noviembre al Congreso de ese país una propuesta de Ley de Agentes Extranjeros para supuestamente evitar la "injerencia" de extranjeros, la cual fue calificada por sus detractores como que busca "silenciar a voces críticas".
Bidegain indicó, según un comunicado del Congreso, que esta ley tiene "el objetivo de establecer un régimen jurídico aplicable a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyas actividades dentro de El Salvador respondan a intereses o sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero".
El boletín indicó también que "la transparencia en estas operaciones combatirá la corrupción, al impedir que financistas con intereses políticos encubran bajo el término de 'donación' el dinero destinado a organizaciones fachada que no benefician a la población, sino a un pequeño sector".
Con esta ley se busca prohibir explícitamente la injerencia extranjera y se impide que fundaciones y ONG (organizaciones no gubernamentales) que el gobierno considera como “fachada” disfracen de donación lo que, dijeron es “claramente es una injerencia extranjera".
Esta propuesta se presenta apenas cinco días después de que Bukele señaló que Estados Unidos financiará a organizaciones sociales que a su juicio son la "oposición política".
Impuesto adicional del 40% a donaciones
La propuesta de ley establece un impuesto adicional del 40% a otras obligaciones fiscales para cada transacción financiera que las organizaciones y medios reciban del extranjero, lo que complicaría la operación y existencia de muchas de ellas.
La regulación pone en blanco especialmente a aquellas instituciones que transmiten "cualquier material informativo físico, electrónico o digital".
El diputado y jefe del grupo legislativo del oficialista Nuevas Ideas (NI), Christian Guevara, recibió la propuesta y señaló directamente a organizaciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la no gubernamental Cristosal de recibir "millones de dólares anuales sin que se conozca el origen ni el destino de los fondos".
El Faro, uno de los medios críticos de El Salvador que recibe donaciones del extranjero dijo en una nota publicada en su sitio web, que es afectado por el impuesto propuesto del “40% a toda transacción, desembolso o transferencia que los sujetos obligados reciban desde el exterior”.
Durante toda la semana, organizaciones defensoras de la libertad de expresión se han manifestado en contra de la iniciativa. Tal es el caso de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que advirtió el viernes de los efectos negativos para las libertades de expresión y de prensa que tendría la aprobación de la llamada "ley de agentes extranjeros" en El Salvador.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, expresaron que la propuesta del presidente Bukele "imita y profundiza" una ley que el gobierno de Nicaragua "utiliza para amordazar a las voces críticas e independientes".
Canahuati, presidente del grupo OPSA, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijeron que "se trata de una severa limitación para el funcionamiento de medios críticos al gobierno y de organizaciones que respaldan temas sociales y de derechos humanos que dependen del respaldo internacional para cumplir su labor".
Califican como un método para silenciar voces críticas
Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, criticó que el proyecto de ley de agentes extranjeros busca "silenciar a voces críticas".
"En regímenes autoritarios como Rusia y Nicaragua este tipo de legislación es usual y ha sido usada para sofocar a la prensa y sociedad civil", publicó Vivanco en Twitter.
En un análisis de la iniciativa publicado por HWR, Vivanco añadió que "de aprobarse este proyecto, el gobierno de Bukele tendrá un pretexto legal para intimidar o directamente impedir el trabajo de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil".
"Desde que Bukele y su coalición eliminaron prácticamente los frenos al Poder Ejecutivo, las organizaciones no gubernamentales y los medios independientes son una de las pocas voces en El Salvador que están en condiciones de presionar al gobierno para que rinda cuentas", manifestó Vivanco.
Para la WHR, este proyecto "es la última de una serie de medidas del gobierno de Bukele orientadas a intimidar y hostigar a organizaciones de la sociedad civil".
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