98 muertos: el saldo letal de las protestas durante el gobierno de Nicolás Maduro
CARACAS, Venezuela.- Casi un centenar de muertos cae sobre la espalda del presidente Nicolás Maduro. Desde que Maduro asumió el poder en abril de 2013, 98 venezolanos han perdido la vida en hechos relacionados con la conflictividad política que sacude al país.
Las protestas ocurridas tras la proclamación del nuevo Jefe de Estado en 2013 arrojaron un saldo de siete fallecidos, de acuerdo con el Ministerio Público. Entre febrero y abril de 2014, las manifestaciones que exigían la salida del líder de la revolución chavista concluyeron con 43 víctimas fatales. Y en esta nueva etapa de movilizaciones, que se inició el 4 de abril para rechazar la ruptura del orden constitucional, ya suman 48 caídos.
El Ministerio Público informó que al menos 26 vidas fueron segadas por armas de fuego. La mayoría de los autores todavía no han sido identificados, pero entre los capturados resaltan efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y de los cuerpos policiales de los estados Carabobo y Táchira, ambos istrados por gobernadores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Pese a la evidencia, Maduro afirma reiteradamente en sus cadenas de radio y televisión que toda la violencia es impulsada por la oposición.
No todas estas defunciones son producto de la represión ejecutada por los cuerpos de seguridad del Estado y las bandas paramilitares del oficialismo, aclara el abogado Gonzalo Himiob, vocero de la ONG Foro Penal Venezolano.
Un caso sirve para explicar las diferencias: la noche del 20 de abril el barrio popular de El Valle, en Caracas, fue el epicentro de violentos enfrentamientos que terminaron con 11 muertos, tres por herida de bala y ocho electrocutados al intentar saquear una panadería, según la versión oficial. Aunque todos forman parte de la estadística, el caso de los presuntos asaltantes no puede achacarse directamente a los militares y policías que actuaron ese día.
Partiendo de esa premisa, el Foro Penal Venezolano contabiliza unos 123 asesinatos atribuibles a la represión estatal desde 2002. La trágica cuenta se inició el 11 de abril de ese año, cuando 19 ciudadanos perecieron en medio de los desórdenes callejeros que desembocaron en el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez.
Aunque la conflictividad política y los excesos han signado estos 18 años de revolución bolivariana, Himiob sostiene que el periodo de Maduro ha sido “el más violento”. “La represión se ha recrudecido en todos los niveles, utilizando el asesinato como mecanismo de control político y también a la justicia militar para procesar a los civiles”, señala el defensor de Derechos Humanos.
Las víctimas pueden ser opositores o chavistas, pero el experto legal destaca que al final un elemento las unifica: la impunidad. “El Gobierno utiliza estas muertes para construir narrativas falsas sobre los hechos y, luego, apoyándose en su poder mediático y su control sobre el Poder Judicial, criminalizar a la disidencia. Sin embargo, nunca se logra una verdadera justicia ni se condena efectivamente a los responsables”, cuestiona Himiob.
Crimen sin castigo
De los 19 crímenes del 11 de abril de 2002, 17 siguen sin castigo. La justicia venezolana cerró apenas dos expedientes culpando a 11 efectivos de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, en ese tiempo bajo las órdenes de un alcalde opositor. “En realidad, allí la impunidad es absoluta porque nosotros demostramos que los funcionarios eran inocentes y que se trató de un proceso amañado, injusto, donde se alteraron las pruebas con fines políticos”, apunta la abogada Theresly Malavé.
Maduro repite constantemente que el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, es el principal culpable de las 43 muertes acaecidas en 2014 por encabezar las protestas en su contra. No obstante, López no fue acusado formalmente por ninguno de esos decesos y hoy cumple una pena de casi 14 años de prisión en la cárcel militar de Ramo Verde por instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir.
En febrero de 2016, la ONG Provea denunció por medio de un comunicado que “la ausencia de justicia, en la gran mayoría de los casos de 2014”, dejaba en evidencia la existencia de una “impunidad estructural” con un “alto porcentaje de no sanción de los delitos y violaciones de Derechos Humanos”.
En contraste con el discurso oficialista que presenta a López como “el monstruo de Ramo Verde”, entre los pocos condenados por estos sucesos se encuentran dos oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana y un comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) relacionados con los asesinatos de los jóvenes opositores Geraldine Moreno y Bassil Da Costa, respectivamente.
A estos expedientes que acumulan años esperando justicia, ahora se unen los 48 de 2017.
