3 magistrados detenidos y 30 en la clandestinidad: así va la cacería de Nicolás Maduro contra los jueces nombrados por el Parlamento
CARACAS, Venezuela.- Nadie conoce el paradero de los nuevos jueces del Tribunal Supremo de Justicia paralelo, nombrados el viernes pasado por la mayoría opositora del Parlamento de Venezuela.
La primera y única vez que se les vio a todos juntos fue el viernes al mediodía en una plaza de la urbanización Las Mercedes, ubicada en el este de Caracas, donde la Asamblea Nacional llevó a cabo la sesión que culminó con su juramentación. Algunos hasta se persignaron frente a las cámaras de televisión luego de ser investidos y, acto seguido, desaparecieron de escena sin rumbo definido.
De los 33 magistrados, tres han sido detenidos y 30 permanecen en la clandestinidad para evitar la cárcel, luego de que el presidente Nicolás Maduro amenazó con cazarlos "uno a uno".
“Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otro, y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo. Y nadie los va a defender porque hoy los utilizan y mañana los botan”, declaró el domingo Maduro, quien desde principios de abril enfrenta una ola de protestas que ya arroja un saldo de más de cien muertos.
Atendiendo las órdenes del presidente Nicolás Maduro, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo el sábado en el estado Miranda (centro) al juez Ángel Zerpa Aponte, y este martes en Anzoátegui (oriente) a sus colegas Jesús Rojas Torres y Zuleima González.
Zerpa Aponte habría sido recluido en un baño del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), negándole la posibilidad de alimentarse correctamente, tomar medicinas y conversar con su defensa, según reseñó el diario El Nacional.
El experto en Derecho Penal y profesor universitario fue presentado ante tribunales militares. Según informó el abogado Gonzalo Himiob, director de la oenegé Foro Penal, la juez militar a cargo del caso le negó el ingreso a su defensa a la audiencia, que se llevó a cabo al final de la tarde del lunes. Horas más tarde, Zerpa inició una huelga de hambre.
El hostigamiento también alcanzó al diputado que dirigió el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia, Carlos Berrizbeitia, quien denunció este lunes a través de su cuenta en Twitter que en el aeropuerto internacional de Maiquetía (Caracas) “funcionarios anulan y retienen mi pasaporte, violando inmunidad parlamentaria y Derechos Humanos”.
La cúpula del Poder Judicial –controlada por Maduro- indicó el jueves por medio de una sentencia que los abogados nombrados por el Legislativo incurrían en el delito de “usurpación de funciones”. Un día antes de que se publicara este fallo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, juró que arrestaría a los jueces ungidos por la Asamblea Nacional.
Más de 400 presos políticos, y contando
La ONG Foro Penal Venezolano contabiliza un total de 431 presos políticos hasta el pasado 8 de julio. La cifra, ya de por sí abultada, podría multiplicarse en las próximas horas si Maduro logra imponer el próximo 30 de julio la activación de una Asamblea Constituyente que le servirá para reescribir la Constitución, cerrar el Parlamento, diseñar un Estado a su medida y capturar al liderazgo opositor que tacha de “golpista” y “terrorista”.
“Ese muchacho estúpido ya tiene su celda lista, la tardanza es la Constituyente. Ya tiene su nombre en la celda para donde va este terrorista”, exclamó el Jefe de Estado el jueves 20 de julio, sentenciando de esa manera al primer vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara, coordinador del partido Voluntad Popular.
En nombre de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Guevara había convocado el paro cívico que se activó ese día como parte la radicalización de las manifestaciones contra el régimen chavista.
El Estado venezolano está a punto de estallar en pedazos. En este momento existen dos poderes judiciales, uno manejado por Maduro y otro avalado por la Asamblea Nacional. El oficialismo también escogió a una vicefiscal que desafía la autoridad de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, figura emblemática de la revolución chavista que se distanció de Maduro tras señalar a finales de marzo la “ruptura del orden constitucional”. Y ahora la Constituyente busca disolver todas las instituciones y liquidar al Parlamento, que ha llamado a los venezolanos a declararse en desobediencia civil para restituir la democracia.
La oposición tiene previsto realizar una huelga de 48 horas, entre miércoles y jueves, y tomar Caracas el próximo viernes para intentar frenar la Constituyente chavista. Aunque el choque de trenes parece inevitable, dado que el mandatario venezolano ha afirmado en reiteradas ocasiones que nadie alterará sus planes, en las últimas horas se han reactivado los esfuerzos para tratar de retomar un proceso de negociación entre las partes con el acompañamiento de la comunidad internacional.
