Venezuela tiene ahora dos poderes judiciales y una peor crisis política
CARACAS, Venezuela.- El Parlamento de mayoría opositora designó este viernes a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), decisión que agrava la crisis política e institucional en Venezuela. A partir de este momento, el país tiene dos poderes judiciales: uno controlado por el presidente Nicolás Maduro y otro rebelde, ungido por la Cámara.
Los flamantes togados pueden convertirse en reos en las próximas horas. La Sala Constitucional del TSJ, que en 2016 declaró en “desacato” a la Asamblea Nacional y considera “nulas” todas sus actuaciones, advirtió a través de una sentencia que los abogados nombrados por el Legislativo incurren en el delito de “usurpación de funciones”. Antes de que se conociera este fallo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, había amenazado con cárcel a los jueces.
El Poder Legislativo y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, señalan que los magistrados leales a Maduro son los principales culpables de la “ruptura del orden constitucional” y de la instauración de una dictadura en Venezuela. La renovación de la cúpula del Poder Judicial se inscribe en el llamado a la desobediencia civil que ha lanzado la oposición para restituir la democracia en la República Bolivariana.
La designación de los jueces forma parte de la escalada del conflicto. El domingo, más de 7,5 millones de venezolanos manifestaron en un plebiscito organizado por la oposición su rechazo a la Asamblea Constituyente que el mandatario pretende activar el 30 de julio. El miércoles, la disidencia presentó un acuerdo para instalar un futuro “Gobierno de Unión Nacional” y el jueves realizó un paro cívico, que desató una represión que arrojó un saldo de cuatro asesinados y 261 detenidos en distintos estados del país. Desde que comenzaron las protestas en abril, ya se han registrado 102 muertos.
¿Y ahora qué?
El caos reina en Venezuela. Los dos poderes que emanan del voto popular, Ejecutivo y Legislativo, no se reconocen mutuamente. Valiéndose del TSJ, el dignatario venezolano ha inhabilitado al Parlamento y restado competencias a la fiscal Ortega Díaz, antigua ficha de la revolución chavista. Sin embargo, ni los diputados ni la jefa del Ministerio Público acatan las decisiones judiciales y, por el contrario, continúan ejerciendo sus funciones en abierto desafío al oficialismo.
El gobierno chavista busca liquidar la disidencia con la Constituyente. Maduro ha indicado que utilizará ese instrumento no solo para reescribir la Carta Magna, sino para cerrar la Asamblea Nacional, remover a Ortega Díaz, diseñar un Estado a su medida y meter en prisión a los dirigentes opositores que tacha de “conspiradores” y “golpistas”.
El líder chavista corre con ventaja en esta pelea por una sola razón: cuenta con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional, que el miércoles publicó un comunicado para apoyar el “carácter legítimo de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente”, y condenar la declaración "injerencista" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que desplegará “rápidas y fuertes acciones económicas” contra Venezuela si Maduro insiste en llevar adelante su plan de sacudir toda la estructura institucional del país.
