Lo que se sabe hasta ahora sobre el referéndum independentista en Cataluña
La región de Cataluña celebró este domingo un referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia española, marcado por intervenciones policiales con centenares de votantes heridos, y que arrojó como resultado un 90% a favor del sí, con una participación de 42,3%.
La consulta, que ha desatado una de las peores crisis políticas en España en décadas, fue convocado por el presidente regional Carles Puigdemont, después de que los partidos separatistas lograran una estrecha mayoría en el Parlamento catalán en las elecciones de 2015.
Sobre la consulta
En el referéndum se planteó la siguiente pregunta a los ciudadanos: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?".
Según los datos ofrecidos por el gobierno regional a primeras horas de este lunes, más de 2,2 millones de personas participaron en la votación de las que un 90% se manifestó por el sí, de un padrón electoral de 5.3 millones de votantes, en una región de 7.4 millones de habitantes.
La ley del referéndum prevé declarar la independencia en un plazo de 48 horas en caso de victoria del 'sí'.
Puigdemont dijo que con esta jornada Cataluña se ganó "el derecho a tener un Estado independiente" y prometió trasladar en los próximos días el resultado del escrutinio al parlamento regional, dominado por diputados independentista, para que declare la secesión unilateralmente.
El gobierno español advirtió que no reconocería la legalidad de la consulta, que considera inconstitucional.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, indicó que "no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña” y pidió a las autoridades catalanas “que renuncien a dar nuevos pasos que no llevan a ninguna parte". Además, dijo que la consulta fue una "violación de la ley".
Varios presidentes y líderes políticos de otros países han condenado los excesos en el uso de la fuerza contra los votantes del referéndum, y al mismo tiempo han hecho llamados al dálogo y el entendimiento como una vía de solución al planteamiento separatista de Barcelona.
El ministro portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, se mostró este lunes convencido de que la Unión Europea no reconocería una hipotética declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento de Cataluña, ya que "supondría para Europa -dijo- un lío de primera magnitud".
La jornada electoral
La votación del domingo estuvo marcada por la intervención de la policía española para cerrar varios puntos de votación en virtud de decisiones del Tribunal Constitucional y dos juzgados.
Los colegios electorales estuvieron protegidos desde antes de la madrugada por multitudes de personas. Más de 800 manifestantes tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencias afirmó el gobierno.
La policía disparó pelotas de goma contra los manifestantes, según testigos. Y el ministerio del Interior difundió vídeos en los que se ven personas que lanzan piedras sobre los policías.
Puigdemont denunció la "violencia injustificada" de la policía nacional.
Mariano Rajoy contestó que las fuerzas de seguridad "han cumplido con su obligación y con el mandato que tenían de la justicia".
Madrid envió 10,000 agentes adicionales a Cataluña, en su mayoría policías antidisturbios.
El ministerio del Interior informó así mismo de 33 agentes atendidos médicamente.
Un juzgado de Barcelona abrió diligencias previas por una denuncia del gobierno regional contra la Policía Nacional y la Guardia Civil por las actuaciones llevadas a cabo durante toda la jornada electoral.
Las razones que invoca Barcelona
La región de Cataluña ya goza de importantes poderes en ámbitos como la educación y la seguridad social.
La crisis económica en España y las críticas sobre el sistema de reparto del dinero público entre la región y el Estado han llevado la causa del independentismo desde la periferia del debate político en Cataluña hasta su centro.
El gobierno regional aduce que una Cataluña independiente sería más rica y tendría una mayor capacidad de proteger su idioma y su cultura, aunque investigaciones independientes, como la del Instituto de la Economía Mundial, indican que la secesión sería perjudicial tanto para la economía catalana como para la española.
Cataluña alberga industrias punteras y centros de investigación destacados, entre otros en los campos nuclear y de la biomedicina. Es el origen además de una cuarta parte de las exportaciones españolas y tiene una tasa de desempleo del 13,2%, cuatro puntos por debajo de la media del país.
La región aporta 19% del PIB nacional, tanto como lo hace Madrid. También es una de las regiones más endeudadas, con una deuda pública equivalente al 35,2% de su PIB (89,041 millones de dólares a fines de marzo) y acude regularmente a un fondo de liquidez especial del Estado español.
En noviembre de 2014, Cataluña celebró un referéndum simbólico de independencia. Más del 80% -1.8 millones de personas- votó entonces a favor de abandonar España, con una participación de apenas del 37% de habilitados.
En septiembre de 2015, los partidos separatistas se unieron para obtener la mayoría absoluta en el Parlamento regional, y en noviembre sus diputados aprobaron una resolución para lanzar el proceso de secesión, anulada después por el Tribunal Constitucional.
Las próximas acciones
El presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó en su intervención de este domingo que comparecerá ante el Congreso y reunirá al resto de los partidos para abordar la crisis que ha generado la consulta popular en Cataluña.
Diversas organizaciones sindicales de Cataluña, afines a la proclama independentista, llamaron este domingo a una huelga general para el próximo martes 3 de octubre, que han denominado “huelga nacional”.
Nadie sabe con precisión qué sucederá si las autoridades catalanas cumplen su promesa de aprovechar el resultado de la consulta, aunque caótica, como base para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.
El último recurso de Madrid para detener el proceso de secesión sería aplicar el artículo 155 de la Constitución española, que otorga al gobierno central el poder de suspender la autoridad del Gobierno regional.
