Trump ordenó investigar las cuestionables donaciones que recibieron los demócratas por internet: su campaña también lo hizo
Cuando el presidente Donald Trump ordenó el mes pasado a su fiscal general investigar la recaudación de fondos en línea, citó preocupaciones de que extranjeros y estafadores estuvieran utilizando elaborados “esquemas” y “cuentas falsas” para canalizar contribuciones ilegales hacia políticos y causas.
Sin embargo, en lugar de pedir una investigación amplia, el presidente señaló solo un objetivo potencial: ActBlue, la poderosa plataforma de recaudación de fondos en línea de los demócratas, que ha reconocido haber recibido más de 200 posibles donaciones ilícitas el año pasado desde direcciones IP extranjeras.
El anuncio de Trump omitía un dato clave: sus propios comités políticos también recibieron decenas de donaciones potencialmente problemáticas.
Una revisión de la agencia AP sobre las donaciones recibidas por Trump en los últimos cinco años identificó 1,600 aportaciones provenientes de personas que viven en el extranjero, tienen estrechos vínculos con intereses extranjeros o no proporcionaron información básica, lo que a menudo dificulta, si no imposibilita, identificarlas y verificar la legalidad de sus aportaciones.
Entre ellas se cuentan 5,000 dólares vinculados a un edificio abandonado y otros 5,000 dólares donados por un empresario chino que dio como dirección un hotel La Quinta Inn. Otra donación considerable, de un millón de dólares, fue realizada por la esposa de un magnate africano del petróleo y la minería.
La ley prohíbe que los candidatos y comités políticos de EEUU acepten contribuciones de personas extranjeras. También impone límites estrictos a la cantidad que se puede donar y prohíbe el lavado de donaciones, que consiste en ocultar el verdadero origen del dinero, para eludir los topes legales. En general, este tipo de donaciones son supervisadas por las campañas y la Comisión Federal de Elecciones (FEC), quedando solo los casos más graves en manos de las autoridades federales.
Pero tras volver a la Casa Blanca, Trump emprendió una campaña de represalias contra quienes considera enemigos, lanzando ataques contra universidades, bufetes de abogados y antiguos funcionarios de su propia istración.
La investigación del gobierno de Trump sobre ActBlue, la plataforma demócrata
Una investigación del Departamento de Justicia sobre ActBlue podría poner en riesgo una herramienta clave de recaudación para los rivales políticos de Trump de cara a las elecciones legislativas de 2026, en las que está en juego la frágil mayoría republicana en la Cámara de Representantes.
Los demócratas están indignados por el llamado a una investigación. Dicen que huele a represalia política, considerando que WinRed también ha aceptado donaciones potencialmente problemáticas.
“Esto es un ataque directo al núcleo de la recaudación de fondos demócrata y progresista, con la intención de obstaculizar a sus oponentes políticos”, dijo Ezra Reese, abogado que dirige la división de derecho político en Elias Law Group, un importante bufete demócrata que no representa a ActBlue. “No creo que haya ninguna duda de que eligieron a su objetivo desde el principio. Ni siquiera lo está disimulando.”
Pero también hay preocupación entre los demócratas. Algunos predicen una pérdida de hasta 10 millones de dólares a corto plazo si ActBlue se ve obligado a cerrar. Esto ha llevado a algunos a considerar alternativas, aunque reconocen que podría ser demasiado tarde para crear algo tan exitoso como ActBlue con las elecciones de medio mandato a la vuelta de la esquina.
“Existe un miedo generalizado a que ActBlue deje de existir”, dijo Matt Hodges, veterano estratega demócrata que fue director de ingeniería de la campaña de Joe Biden en 2020. “Ese es el peor temor que tiene la gente: que esto escale o agote recursos legales al punto de dificultar su funcionamiento.”
Los comités de Trump también recibieron donaciones del extranjero
Los comités de Trump recibieron numerosas donaciones de personas que viven en el extranjero. La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre la recaudación del presidente, ni sobre qué medidas tienen sus comités para prevenir fraudes. En su lugar, un alto funcionario de la istración señaló las conclusiones de una reciente investigación republicana en la Cámara Baja sobre ActBlue, que según la Casa Blanca “reveló evidencia concreta de posibles conductas ilegales”.
“El memorando instruye a la fiscal general a investigar este asunto de forma amplia, y ella seguirá la evidencia y actuará en consecuencia”, dijo el funcionario, que pidió el anonimato.
Los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero pueden donar legalmente a campañas políticas en su país. Sin embargo, incluso para las campañas es difícil determinar si una persona está autorizada a donar o si actúa como testaferro de alguien más que busca influir en las elecciones.
De más de 200 donantes que viven en el extranjero, la AP identificó solo a dos cuya ciudadanía estadounidense figura como “verificada” en los informes financieros de la campaña de Trump. Se identificaron más de 1,000 contribuciones de 150 donantes que omitieron datos clave como ciudad, estado, dirección o país. Trump también recibió al menos 90 aportaciones de personas que no proporcionaron nombre completo, aparecen como “anónimas” o están acompañadas de la nota “nombre no proporcionado”.
Muchos de estos donantes utilizaron WinRed, la plataforma de recaudación en línea del Partido Republicano, creada como respuesta a ActBlue. Solo unas tres docenas de estas contribuciones fueron rechazadas, la mayoría provenientes de fuentes desconocidas y pagadas en criptomonedas, según los registros de financiación de campaña.
“El dinero extranjero en nuestras elecciones es una preocupación legítima”, dijo Dan Weiner, exabogado de la Comisión Federal de Elecciones y ahora director del programa de elecciones y gobierno del Brennan Center. “Lo que no es legítimo es señalar a un solo oponente político y fingir que el problema se limita a él”.
Donaciones problemáticas a la campaña de Trump
Jiajun 'Jack' Zhang, por ejemplo, es un empresario chino con sede en Shandong cuyo Qingdao Scaffolding Co. se promociona como uno de los mayores fabricantes y proveedores de andamios en China. En octubre, utilizó WinRed para donar 5,000 dólares a Trump, según los registros financieros.
Según su cuenta de LinkedIn, Zhang reside en la provincia china de Shandong, y archivos empresariales ses lo identifican como ciudadano chino. Sin embargo, su donación figura con una dirección de un hotel La Quinta Inn en Hawaiian Gardens, California. La contribución coincide en el tiempo con una foto publicada por Zhang en redes sociales donde aparece su familia visitando Disneyland, cerca del hotel.
Zhang no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.
Otras donaciones problemáticas incluyen cuatro de sujetos sin identificar que señalaron su dirección como “999 Anonymous Dr.” También se registró una serie de contribuciones hechas a través de WinRed que indicaban como dirección un edificio vacío en Washington, antes una funeraria. El donante, identificado solo como 'Alex, A' en los informes de Trump, dio cerca de 5,000 dólares en más de 40 transacciones separadas el año pasado. Este tipo de aportes suelen llamar la atención de campañas y reguladores.
Los reguladores y grupos de vigilancia llevan tiempo advirtiendo sobre donaciones de personas con vínculos a intereses extranjeros. Trump ha recibido muchas, incluyendo una en diciembre de Nnenna Peters, esposa de Benedict Peters, un multimillonario nigeriano fundador de empresas de petróleo y minería.
Nnenna Peters, conocida como Ella, donó un millón de dólares al comité inaugural de Trump. Ciudadana naturalizada, reside en Potomac, Maryland, un suburbio acomodado de la capital, y tiene derecho a hacer aportes políticos.
La ley federal, sin embargo, prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer donaciones en nombre de su cónyuge extranjero si el dinero no proviene de activos compartidos. Por ejemplo, un esposo no puede usar fondos de una cuenta solo a nombre de su esposa para hacer una donación.
En la práctica, esta prohibición es difícil de hacer cumplir, ya que es complicado saber si un cónyuge actúa por cuenta propia o en nombre de su pareja. Los grupos de vigilancia advierten que donaciones como esta aumentan el riesgo de que se intente influir en la política estadounidense en nombre de intereses extranjeros.
Ese era precisamente el tipo de problema que Trump mencionó en su orden ejecutiva contra ActBlue.
Y resulta que Benedict Peters tiene intereses que podrían atraer la atención de Trump, quien ha centrado su discurso en la promoción de la extracción de recursos naturales. La istración Trump ha buscado a minerales críticos para la tecnología moderna. El grupo Aiteo de Peters se presenta como uno de los mayores conglomerados energéticos de Nigeria, y su empresa Bravura Holdings asegura tener derechos sobre vastos yacimientos minerales en África.
La donación de su esposa llama la atención por su historial político: previamente solo había donado a demócratas, incluyendo una aportación de 66,800 dólares a la campaña de Hillary Clinton en 2016.
“Es muy posible que ese dinero viniera de su esposo”, dijo Craig Holman, cabildero del grupo watchdog Public Citizen, con sede en Washington. “Esto es algo que la FEC debería examinar con mucho, mucho cuidado”.
Benedict y Ella Peters no respondieron a solicitudes de comentarios de AP.
Indiferencia de Trump hacia las reglas de financiación electoral
Las donaciones cuestionables siguen un patrón en Trump, quien ha mostrado indiferencia hacia las reglas de financiación electoral y ha utilizado su poder presidencial para ayudar a quienes enfrentaban problemas legales por este tema.
En enero, el Departamento de Justicia de Trump desestimó el caso contra el exrepresentante Jeff Fortenberry, un republicano de Nebraska acusado de aceptar una donación de 30,000 dólares de un multimillonario nigeriano. En su primer mandato, Trump indultó al comentarista conservador Dinesh D’Souza y al donante republicano Michael Liberty, ambos condenados por usar testaferros para evadir los límites de aportaciones. También indultó al exrepresentante Duncan Hunter, condenado en 2020 por robar 250,000 dólares de su fondo de campaña.
Los esfuerzos políticos de Trump también han atraído donaciones de testaferros y extranjeros bajo escrutinio legal.
Entre ellos está Barry Zekelman, multimillonario canadiense de la industria del acero, multado con 975,000 dólares por la FEC en 2022 por canalizar 1.75 millones a America First Action, el super PAC oficial de Trump en 2018. Esa contribución le permitió cenar con Trump, donde discutieron sobre aranceles al acero.
Dos ciudadanos estadounidenses nacidos en la antigua Unión Soviética, Lev Parnas e Igor Fruman, fueron condenados por un esquema de testaferros que canalizó 325,000 dólares al mismo super PAC antes de la fallida reelección de Trump en 2020.
Jesse Benton, operador político republicano, fue condenado en 2022 por actuar como testaferro de un empresario ruso que aportó 25,000 dólares a la campaña de Trump en 2016.
Los demócratas afirman que el enfoque de Trump en ActBlue es difícil de digerir dado su historial de aceptación de donaciones cuestionables y su aparente falta de interés en aplicar las leyes de financiación electoral. Señalan que en febrero Trump despidió a un comisionado de la FEC. El despido, seguido de la renuncia de otro comisionado republicano, dejó al organismo sin quórum, imposibilitando la aplicación de normas electorales.
“Es revelador que mientras Trump y sus aliados atacan plataformas financiadas por bases como la nuestra, sus propias campañas han recibido dinero de fuentes dudosas”, dijo Megan Hughes, portavoz de ActBlue.
Los republicanos sostienen que hay motivos fundados para investigar la plataforma demócrata, que relajó algunos protocolos de detección de fraude en 2024, antes de las presidenciales. Pero hay una ventaja política en investigar ActBlue. La plataforma ha sido más exitosa que WinRed, su contraparte republicana, que recaudó menos de la mitad de los 3,800 millones de dólares obtenidos por ActBlue durante el ciclo electoral de 2024.
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